La patronal andaluza se juega más de 3 millones si entra Vox en la Junta de Andalucía
La Confederación de Empresarios de Andalucía cuenta con financiación autonómica, mientras el partido liderado por Abascal defiende la eliminación de estas partidas
Javier González de Lara, presidente de la patronal andaluza, habla con el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. María José López / Europa Press
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La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) se enfrenta a un escenario de incertidumbre financiera ante la posibilidad de que Vox logre entrar o influir en el Gobierno de la Junta de Andalucía tras las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo.
El partido ha incluido explícitamente en su programa electoral la promesa de eliminar las subvenciones públicas destinadas a partidos políticos, sindicatos y patronales. En el documento, la formación justifica esta medida argumentando que estas entidades han vivido «parasitando el esfuerzo de los andaluces mientras estafaban a los trabajadores».
De aplicarse esta política, la organización empresarial andaluza pondría en riesgo un montante total de 3,2 millones de euros, un volumen de fondos que se desglosa según las distintas resoluciones aprobadas en la última legislatura por varias consejerías del Ejecutivo autonómico. La partida más cuantiosa corresponde a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, que concedió una subvención nominativa de 1.050.000 euros para gastos de promoción económica general durante el ejercicio 2024.
A esta cifra se han sumado otras aportaciones significativas vinculadas a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Entre ellas, destaca la financiación para el Diálogo Social y Negociación Colectiva 2024-2025, dotada con 696.090 euros, y el proyecto CEA+AUTÓNOM@S 2025, que cuenta con una asignación de 640.161,44 euros.
Asimismo, para el desarrollo de funciones relacionadas con el diálogo social en el periodo anterior, se destinó otra partida de 444.360 euros.
El desglose de los fondos institucionales que estarían en juego incluye también ayudas en materia de prevención de riesgos laborales (PRL): el Instituto Andaluz de PRL ha destinado 199.989 euros para un plan de formación en liderazgo y otros 149.900 euros para el Gabinete de Asistencia Técnica 2025-2026.
Completan la suma total una ayuda de 41.428 euros de la Consejería de Turismo y una partida de 25.935,55 euros para compensar a las pymes por el sobrecoste energético.
Antecedentes en otras CC. AA.
La amenaza sobre estas cuantías cuenta con precedentes en otras comunidades autónomas donde Vox ha tenido o mantiene capacidad de decisión sobre los presupuestos públicos. El caso más reciente se ha registrado en la Comunidad Valenciana, donde el partido exigió en las negociaciones para las cuentas de la Generalitat de 2025 una disminución del 30% en las aportaciones económicas que reciben la patronal autonómica (CEV) y los principales sindicatos.
Anteriormente, durante su etapa en el Gobierno de Castilla y León, la formación ejecutó un recorte drástico que afectó de lleno a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) autonómica. El Ejecutivo regional rebajó a la mitad las subvenciones a los agentes sociales, lo que supuso un tijeretazo de 20 millones de euros.
Esta misma hoja de ruta se ha desplegado en otros territorios. En Extremadura, la financiación de la patronal y los sindicatos ha sido uno de los grandes campos de batalla. El acuerdo de gobierno original con el Partido Popular incluyó un recorte del 50% en estas subvenciones.
Ante las reticencias posteriores para aplicarlo, Vox endureció el tono y llegó a intentar tramitar una ley en la Asamblea de Extremadura para prohibir las ayudas nominativas, una iniciativa que finalmente ha sido frenada por el resto de grupos parlamentarios.
De forma similar, en Aragón, el pacto de investidura otorgó a Vox una vicepresidencia con competencias en «desregulación», desde la cual se ha justificado la revisión de estas ayudas como una estrategia de priorización del gasto para reducir la presión fiscal.
Reclamaciones desde la CEA
Mientras esta posibilidad política se cierne sobre sus cuentas, la organización empresarial andaluza ha optado por centrar su discurso en la agenda económica. El presidente de la CEA, Javier González de Lara, y el secretario general, Luis Fernández-Palacios, han presentado en las últimas semanas un documento con 195 medidas para impulsar el crecimiento y la competitividad de cara a la XIII legislatura.
Entre las exigencias presentadas, la patronal reclamaba limitar el recurso a medios propios de la Administración para evitar situaciones de competencia con el sector privado. Además, propuso la creación de una Unidad Tramitadora de Proyectos para agilizar inversiones y pidió una simplificación normativa que garantice una interpretación clara de las leyes sin demoras.
El documento, estructurado en áreas de competitividad, gobernanza, personas y territorio, aboga también por reforzar la inversión en infraestructuras clave, como el agua o la energía, y fomentar el emprendimiento frente a retos como el relevo generacional.
