Cómo Unesa dobla la rodilla de los gobiernos

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El lobby eléctrico encarece la luz a millones de consumidores y la abarata para los sectores industriales como el automovilístico, el acero y las papeleras

Eduardo Montes, presidente de Unesa. / EFE

Barcelona, 20 de agosto de 2016 (01:00 CET)

El precio de la luz es abusivo. Detrás de esta verdad desgastada por la reiteración, se esconden los auténticos poderes oligárquicos de España. La patronal eléctrica Unesa maneja las tarifas a su antojo y utiliza de portavoz al Ministerio de Industria, un regulador rendido a las cuentas de resultados de las grandes compañías como Endesa o Iberdrola.

Fue en febrero del 2012 cuando el gobierno de Mariano Rajoy suspendió las primas a las energías renovables y decidió apostar por sectores industriales, como el automóvil. Desde entonces, los ciudadanos conviven con el marco tarifario más injusto del mundo (basado en la potencia y no en el consumo real) y pagan el recibo de la luz más caro de Europa, después de Alemania, según Eurostat.

El sector de renovables se ha hundido, con el caso lacerante de Abengoa al frente, y la industria automovilística, que recibe un trato preferente en el marco tarifario, ha levantado cabeza, dirigiendo a la exportación el 75% de su producción. Los consumidores del resto de Europa, Asia y Estados Unidos disfrutan de los costes energéticos amortiguados de nuestras fábricas de coches, sean la Ford de Almusafes, la Renault de Valladolid, la GM de Zaragoza o la Seat de Martorell.

Durante los años de gobierno de Rajoy el precio de la electricidad se ha mantenido según el Ministerio de Industria, pero ha subido espectacularmente, según los estudios de Eurostat. Paralelamente, los españoles sufragan de su bolsillo un doble incremento fiscal: los impuestos de los automóviles y los de la electricidad doméstica.

La escalada de la suba de tarifas

Hasta finales de 2013, el precio variable de la electricidad se fijaba a partir de las subastas de generadores. La celebrada en diciembre de aquel año arrojó un incremento de los precios de la electricidad del 25,6%, lo que provocaba una subida de la tarifa del 11%. Ante esta situación el gobierno decidió intervenir y fijar a partir de aquel momento una subida media en la tarifa del 2,3% durante los siguientes periodos.

En este momento, el caos tarifario en España es de tal envergadura que los mejores expertos en materia de energía y las asociaciones de consumidores coinciden en que es imposible saber qué precio de la luz es el que está en vigor, y si la que uno tiene contratada es la adecuada. Además, desde 2009, el pago bimensual por parte de los usuarios ha servido para camuflar las subidas.

Desde la Ley Eléctrica de Josep Piqué en 1997, de pretexto liberalizador, el sector ha sufrido por los menos una docena de nuevos reglamentos. El último de ellos, obra del ministro falsario y cesado José Manuel Soria, endureció la factura y escondió la tarifa eléctrica española bajo un manto de opacidad.

Desde la reforma de Soria, los generadores de eólicas, fotovoltaica, termosolar, cogeneración o residuos, entre otros, se conforman con cobrar el precio de mercado, sin ninguna de las ayudas adicionales establecidas por leyes de administraciones anteriores. El de las renovables ha sido el golpe más duro que ha sufrido el aparato productivo en términos de inseguridad regulatoria.

Las acciones de Unesa

Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Hidrocantábrico y E-On, son los grandes ganadores de este despropósito. Su mano invisible es Unesa (acrónimo de Unión Eléctrica Española), la patronal del sector, el lobby más poderoso de España, que a lo largo del último medio siglo ha ganado la batalla por la hegemonía en la correlación de fuerzas que domina la gran industria.

Unesa manejó políticamente la enorme deuda de las nucleares y frenó la reconversión de la minería del carbón. Supo controlar -negociando subvenciones y crédito blando a las compañías del sector- los vaivenes del precio del crudo utilizado como energía primaria en las centrales de fuel.

Y en los últimos años, ha cabalgado al gas natural en las economías de escala, hasta convertir en rentables las centrales de ciclo combinado, a pesar de la sobrecapacidad de estas instalaciones en el litoral español. A ello han contribuido dos elementos: el llamado déficit tarifario y el cierre forzado de las instalaciones de renovables.

Las industrias se salvan de los tarifazos

El déficit tarifario, esto es la diferencia entre la tarifa que paga el consumidor y el coste real de la energía, es un derecho ganado por las compañías a cambio de modificar el mapa eléctrico nacional, trasladándolo desde los monopolios naturales hasta la práctica del mercado libre. Pero no ha habido cambio del mapa. En España se mantienen los monopolios; existen las cinco compañías dominantes frente al consumidor final.

En medio se mueve una red de empresas industriales intensivas en energía (siderúrgicas, papeleras, automovilísticas, químicas o cementeras), que disfrutan de precios políticos negociados con la Administración. En este modelo, fruto de los grupos de interés y alejado de la justicia social, los derechos invisibles de los grande consumidores amansan las tensiones inflacionarias (cuando las hay), mientras el mercado cautivo de millones de ciudadanos asegura la viabilidad del negocio energético.

Un lastre para las futuras generaciones

El déficit tarifario se ha trasladado por ley a futuras generaciones de consumidores, a través de cobro a largo plazo. Las anualidades de este déficit (principal más intereses) se pagan con las tarifas de los particulares de años posteriores. El lobby eléctrico, Unesa en primer término, consagró una deuda contraída por las compañías y posteriormente los gobiernos de PSOE y del PP se han encargado de trasladarla a los consumidores. El sobregasto de las nucleares o la sobrecapacidad de los ciclos combinados recae sobre las espaldas del consumidor final.

Es el precio de las puertas giratorias: el salario indigno de José María Aznar como asesor de Endesa, de Felipe González en Gas Natural Fenosa, de Pedro Solbes en la italiana Enel, capturadora de Endesa, de Ángel Acebes en Iberdrola, de Manuel Marín (en Iberdrola con el cargo de vicepresidente), de Marcelino Oreja Arburrúa (Iberdrola), de Elena Salgado (Endesa) y así hasta más de medio centenar de altos cargos de derechas y de izquierdas, que sirven a la misma causa.

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