La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en un acto en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona. Foto: EFE/AG

Competencia censurará a Colau por sus políticas de movilidad

stop

La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) prepara un informe contrario a la regulación del servicio compartido de motos, patinetes y bicicletas

Cristian Reche

Economía Digital

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en un acto en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona. Foto: EFE/AG

Barcelona, 29 de marzo de 2019 (04:55 CET)

La normativa con la que el Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por Ada Colau, está regulando la movilidad urbana, con la limitación de motos y coches compartidos y la prohibición de patinete, no gusta nada a la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO). Este organismo ya se enfrentó contra la alcaldesa de Barcelona el pasado verano, cuando impugnó el reglamento que el AMB estableció para limitar los vehículos VTC, los que utilizan los coches de Uber y Cabify.

Según ha podido saber Economía Digital, la ACCO ya prepara un informe contrario a Colau, en el que advierte de la discriminación de esta ley. El informe, que se publicará previsiblemente entre esta y la próxima semana, no será vinculante y tendrá carácter consultivo. 

Una de las críticas se centrará en la gestión del servicio de moto compartido. Barcelona —una de las ciudades europeas con más presencia de motos y ciclomotores en las calles— está poniendo límites a las empresas privadas que han entrado en el sector a través de tasas por la utilización privativa del dominio público municipal.

Los impuestos de Colau

Esta exigencia, articulada en la Ordenanza Fiscal (punto 3.10), podría suponer que los servicios de vehículo eléctrico compartido existentes en la capital catalana dejen de operar ante la imposibilidad de hacerlos sostenibles, tal y como ya trasladó en su día la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (AEDIVE).

El plan de Colau, cuyo objetivo es “promover una movilidad más sostenible, eficiente y segura en la ciudad”, establece una tasa de 71,51 euros anuales por vehículo para obtener la licencia y poder operar en la ciudad. 

Lo mismo sucede con los vehículos compartidos. Para muestra, un ejemplo: Olivier Reppert el jefe de Car2Go, la empresa más potente del sector, cargaba recientemente contra Colau, al afirmar que “nadie quiere ir donde no es bienvenido”, en una clara alusión al reglamento municipal de Barcelona.

El empresario francés dejó claro que si la empresa no llegaba a la capital catalana es porque no entiende el motivo por el cuál estas empresas deben pagar tasas tan elevadas por usar el espacio público.

Colau, también contra los patinetes

El último de los puntos de desencuentro entre la ACCO y el Ayuntamiento de Barcelona es la regulación de los patinetes eléctricos, la más restrictiva de todos los grandes consistorios.

La beligerancia de la administración contra esta nueva forma de movilidad se evidenció el pasado verano. El ayuntamiento retiró los patinetes de la startup alemana Wind, que los había distribuido a modo de test 24 horas antes.

En los últimos meses, el consistorio también se ha enfrentado a la startup Reby, la única empresa del sector de patinetes eléctricos que de momento opera en Barcelona. Al poco tiempo de aterrizar, el consistorio actuó contra la empresa, al entender que no cumplía con los requisitos  — dicen que, entre otras cosas, necesitan utilizar un guía — , pero desde Reby siempre se han mostrado seguros, al asegurar que su modelo de negocio cumple con la normativa. 

La ACCO, de nuevo contra Colau

No es la primera vez que la ACCO ataca a Ada Colau por su política de movilidad. Ya lo hizo cuando, a través del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), quiso limitar al máximo los vehículos con autorizaciones VTC (los que trabajan para Uber y Cabify) de Barcelona y del resto de ciudadades catalanas que gestiona el ente público.

Esta medida fue impugnada en los tribunales, donde la ACCO se personó como causa contraria. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluñá (TSJC), tal y como adelantó este medio, cristalizó en la impugnación e implementación de medidas cautelares contra la normativa del AMB. 

Suscribir a boletines

Al suscribirte confirmas nuestra política de privacidad