Varios centenares de vehículos VTC. EFE/Marta Pérez

Los amos de las VTC se enfrentan a 'consultores IBEX' por Cabify

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La consultora Mainspring Partners reclama parte de sus honorarios por haber asesorado en la inyección millonaria que Auro recibió en 2017

Barcelona, 18 de febrero de 2019 (04:55 CET)

El mundo de las VTC, las licencias sobre las que se ha construido el imperio de Uber y Cabify en España, acostumbra a estar rodeado de polémica. El último capítulo lo protagoniza Auro, la segunda empresa de España más importante del sector con más de 2.000 VTC, que se enfrenta ahora a sus exsocios por la operación que les permitió arrancar en España.

Según ha podido saber Economía Digital, la consultora Mainspring Partners reclama un pago por servicios prestados en la operación de financiación entre Auro y Cabify firmada en 2017. Esta alianza, enmarcada en el proyecto Move the world, se materializó con un crédito de aproximadamente 45 millones desde Cabify a las dos empresas que componían hasta el momento grupo AuroAuro New Transport, conocida en ese momento como Gestaxi, y Cibeles Comfort Cars.

Cabify otorgó un préstamo de 39 millones para Gestaxi y otros seis millones para Cibeles Comfort Cars. Ambas sociedades empezaban a operar esos años en España, en un momento en el que las licencias VTC eran cada vez más valiosas. La operación se selló la noche del 22 de julio en la notaría Miras Ortiz, en Madrid. 

Cabify otorgó un préstamo de 45 millones al grupo Auro en 2017

Las dos empresas de Auro, que actualmente suman más de 2.000 licencias VTC en toda España, sientan en sus consejos de administración a José Antonio Parrondo, conocido por ser un ex líder del taxi que saltó al sector rival cuando se liberalizó el mercado de las VTC, y a los fundadores de la red social TuentiFélix RuizHugo Arévalo y Zaryn Dentzel.

El papel asesor de Mainspring Partners

En esta búsqueda de financiación aparece Mainspring Partners, una boutique acostumbrada a asesorar en operaciones financieras de primer nivel. Dirigida por Juan Gortázar (ex Sacyr) y César Goyache (ex BPA), esta compañía, que ha participado en operaciones de empresas IBEX, mantuvo negociaciones con los directivos de Auro para conseguir financiación que les permitiera comprar licencias VTC y dominar el mercado.

Según ha sabido este medio a través de fuentes del sector y diferente documentación consultada, en la que aparecen correos electrónicos cruzados entre todos los implicados, la relación saltó por los aires. Auro rompió con Mainspring, recriminando a sus miembros que habían sido incapaces de levantar un solo euro de financiación. 

Mainspring Partners estuvo en contacto con hasta 26 empresas extranjeras de capital riesgo para que se sumaran al proyecto Move the world. Así, según se desprende de algunas conversaciones, la consultora española no pudo convencer a fondos como el londinense Warwick Capital, que se negó a entrar en el mercado de las VTC en España porque vieron riesgos legales y de posible liberalización en el mercado – el Supremo no se había pronunciado todavía–.

Fondos de capital riesgo no quisieron entrar en la operación porque vieron riesgos regulatorios en el mercado de las VTC

Mainspring Partners , no obstante, sí reclama a Cibeles (Auro) el pago de honorarios por los servicios prestados para convencer a Cabify de que entrara en la operación. Los términos entre la empresa tenedora de licencias VTC y los asesores, que reclaman 197.852 euros (sin estimar los intereses devengados por los plazos de demora), se fijaron en un contrato que arrancó formalmente el 17 de mayo de 2017 y finalizó el 30 de noviembre de ese mismo año.

Esta cantidad, que fue reclamada a través de un burofax el 20 de diciembre de 2017, se estructura en cuatro facturas que a juicio de la consultora fueron acumulándose desde el mes de julio hasta finales de diciembre.

Algunos de los términos acordados en el contrato contemplaban que Mainspring facturaría cada dos meses a Cibeles Comfort Cars los gastos ligados a la búsqueda de financiación, como desplazamientos y dietas, requiriendo siempre autorización previa de la compañía si su importe unitario superaba los 3.000 euros.

La remuneración acordada se dividía en un importe fijo y otro variable. La de esta última parte dependía del volumen de financiación captado y de la tipología de la financiación obtenida.

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