Uber y Cabify llevan la guerra del taxi a Bruselas
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Unauto se reúne con la Comisión Europea para protestar por el 'decreto Ábalos' y la normativa del Govern que limita la actividad de las VTC en Cataluña

Madrid, 14 de febrero de 2019 (18:24 CET)

La guerra del taxi llega a Bruselas. Unauto, la patronal de las VTC — las licencias que utilizan los vehículos de Uber y Cabify — se ha reunido con Kristian Hedberg, subjefe de gabinete de Mercado Interior de la Comisión Europea, para llevarle el decreto Ábalos (conocido coloquialmente como la ley anti-uber) y la nueva norma del Govern que establece un tiempo mínimo de precontratación.

La patronal asegura que ha mostrado a la CE su preocupación por la situación de competencia real en el transporte en España en una reunión que ha durado dos horas y media y en la que solo ha participado como representante del sector Eduardo Martín, presidente de Unauto, que como patronal representa a empresas tenedoras de licencias VTC y a plataformas de movilidad como Cabify.

"Las autoridades europeas se han comprometido a mirar con detenimiento el tema para analizar si va en contra del libre mercado y la libre competencia que tanto defienden desde Bruselas", explican en un documento. Aunque fuentes de Unauto comentan que Bruselas no ha hecho ninguna valoración de si la normativa vulnera las leyes europeas.

Aún así, Unauto asegura que la Comisión Europea "comparte" su "preocupación por las últimas regulaciones aprobadas" para limitar la actividad de los vehículos VTC", según comenta Martín. Sin embargo, aún no tienen programada ninguna otra reunión.

Martín ha explicado a Bruselas los acontecimientos vividos en España y las razones por las que considera que el Real Decreto Ley 13/2018, promulgado por el ministro José Luis Ábalos, y el Decreto Ley Catalán 4/2019, del conseller de territori, Damià Calvet, "infringen la legalidad comunitaria europea".

Sin servicio en Cataluña

Uber y Cabify anunciaron que se marchaban de Cataluña después de que regulara la precontratación de su servicio. Así, para pedir un vehículo VTC en la región se necesita hacer con un mínimo de antelación de 15 minutos, que los ayuntamientos pueden ampliar a una hora.

El sector de las VTC asegura que el 98% de sus contrataciones corresponden a servicios realizados en el momento, por lo que aplicar esta medida supondría el final de su servicio. Además, ​Eduardo Martín asegura que el decreto aprobado por Calvet ha arrastrado al paro a más de 3.500 personas.

Algunas de las empresas dueñas de estas licencias han ofrecido a sus trabajadores de Barcelona trabajar en Madrid. En la capital las autoridades aún están en proceso de regular el sector, después de que los taxistas terminaran una huelga de varias semanas sin conseguir sus objetivos.

De hecho, el Ayuntamiento de Madrid, con Manuela Carmena al frente, pretende establecer una jornada máxima de trabajo de 16 horas, además de dos días semanales de descanso para igualarlo al taxi, una de las demandas que hizo el sector durante sus protestas. 

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