Sanidad pide no consumir el jamón estrella de Carrefour. En la imagen, jamones en un secadero. EFE

La juez ordena la destrucción de 100 toneladas de carne caducada

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Un juzgado ordena destruir la carne y el jamón en mal estado encontrados en una nave de Extremadura en la macrotrama de fraude alimentario

Madrid, 23 de junio de 2018 (04:55 CET)

El juzgado que investiga la trama que vendía jamones en mal estado y carne caducada ha ordenado la destrucción de una partida de carne fresca y congelada en una nave en Plasencia, propiedad de una de las empresas investigadas. Nada más y nada menos que 100 toneladas.

Dos tribunales en Valencia y Extremadura han abierto investigaciones a una red empresarial que captaba mercancía no apta para el consumo en supermercados, tal como destapó Economía Digital. Se trata de productos cárnicos que han perdido el envasado al vacío, embutidos y jamones con moho y carnes de hamburguesas y salchichas elaboradas con carne en mal estado.

En lugar de llevarla a las incineradoras, tal como fija la ley, la trama enviaba los productos en mal estado a naves clandestinas para reetiquetarlos, colocarles una fecha de caducidad falsa (un año posterior a la real) e introducirlos de nuevo en la cadena alimentaria.

Los 100.000 kilos de carne en mal estado fueron hallados en una nave de la empresa Porkytrans en Plasencia

Los tribunales sospechan que parte de la mercancía terminó en las cárceles de casi toda España. Instituciones Penitenciarias rescindió a finales de año el contrato con la compañía distribuidora (Porkytrans) “por incumplimiento del contrato”. Ahora, tanto la fiscalía como la juez investigan si la carne pudo terminar también en cadenas de supermercados u otro tipo de establecimientos de venta al público.

La juez ha ordenado destruir una partida de 100.000 kilos de carne en mal estado hallada en una nave de Plasencia, según ha podido saber este diario. De acuerdo con el sumario, la carne pertenece a la empresa Porkytrans, con sede central en Murcia y presencia en Madrid y Extremadura.

La empresa se niega a incinerar la carne

El propietario de la sociedad, Andrés Narváez, se ha negado a asumir el coste de la destrucción del producto. Narváez ha declarado a este diario que se trata de un error de los investigadores, que lo han implicado en una trama a la que no pertenece.

La Guardia Civil ha encontrado carne de cerdo y de pollo caducada de varios años. Los inspectores de la Guardia Civil recomendaron la destrucción de buena parte de los productos por sobrepasar la fecha de caducidad, estar mal congelados o no tener constancia del origen de la mercancía. Esta última condición (la falta de trazabilidad) obliga también a la destrucción del producto aunque esté en buen estado.

En las actas de la Guardia Civil especifica que 1.000 kilos de pollo y 1.800 kilos de magro de cerdo ya estaban caducados desde principios de año. Pero la empresa explica que parte de ese producto se puede reetiquetar con fecha de caducidad posterior si se demuestra en un laboratorio que puede tener una vida útil más prolongada de lo inicialmente previsto.

El empresario asegura que pondrá una denuncia en los tribunales contra los servicios de salud de Extremadura, a quienes acusa de ordenar la destrucción de mercancía que está en buenas condiciones y que –según su versión– es apta para el consumo.

“Todos nuestros proveedores están en el top 10 de las industrias alimentarias de Europa. No nos relacionamos nunca con chapuceros, ni compramos mercancía de último precio, taradas o con fechas cortas”, explica el empresario que ya ha sido interrogado por la Guardia Civil.

El dueño de Porkytrans asegura que es víctima de los funcionarios de la Junta de Extremadura. “Hay mucha corrupción en el sector. Hay naves donde sólo se les ve cuando van a buscar sus jamones de regalo”, denuncia el empresario que asegura que irá contra la administración por las pérdidas que este caso le está ocasionando.

La Junta tiene que asumir los costes

Pero los equipos sanitarios tienen una versión distinta y la juez ha pedido la destrucción de la mercancía hallada en la nave. 

Ahora, la Junta de Extremadura tendría que hacerse cargo de la destrucción, un proceso que podría ascender a unos 50.000 euros, según explican algunas empresas dedicadas a la destrucción de alimentos “no conformes”. 

La Junta de Extremadura, dirigida por el socialista Guillermo Fernández Vara, ya tiene la orden del juzgado de destruir la mercancía, pero aún no ha ejecutado la orden. La mercancía continúa en malas condiciones en la misma nave y los técnicos ya han advertido que se trata de serio riesgo para la salud pública.

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