Sede corporativa de Indra. / ED-Archivo

La CNMC multa a Indra con 13 millones por una trama de licitaciones

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Un total de 11 empresas informáticas participaron en la creación de un cártel en el suministro de servicios a la administración pública

Barcelona, 01 de agosto de 2018 (21:08 CET)

Indra y SAG fueron las instigadoras de una trama de licitaciones multada el miércoles por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Otras nueve empresas informáticas figuran en una sanción de casi 30 millones de euros por la creación de un cártel en el suministro de servicios informáticos y de datos a la administración pública.

La CNMC afirma que las 11 empresas cometieron graves infracciones de los artículos de la Ley de Defensa de la Competencia y del Tratado de Funcionamiento de la UE. Indra Sistemas y SAG España acusan las multas más elevadas: 13,5 millones de euros y 6 millones, respectivamente.

El resto de compañías multadas son Atos Spain (5 millones de euros), Connectis ICT Services (1,8 millones), IBM (940.000), Everis Spain (800.000), Babel Sistemas de Comunicación (633.917), Cibernos Consulting (616.038), Gesein (320.669), Accentur (300.000) y Next Computer Services (46.760), para un total de 29,9 millones de euros.

La trama de licitaciones informáticas que desveló la CNMC

Competencia asegura que todas estas empresas, con operaciones en todo el territorio nacional, ofrecían servicios de informática y tratamiento de datos, como la instalación de equipos, la aplicación de programas y el tratamiento y la preparación de los servicios de bases de datos.

La CNMC señala a Indra y SAG como los "instigadores de la trama" y a las demás empresas informáticas como culpables "con distintos grados de responsabilidad". Este fraude afectó a organismos como la Agencia Tributaria, el SEPE y la gerencia de informática de la Seguridad Social.

Las multas se imponen después de una investigación que involucró a otras tres empresas, de las que no se encontraron pruebas suficientes para sancionarlas. En la mayoría de los casos en los que sí se encontró delito, los contratos conllevaban la integración física del personal de las empresas o sus subcontratadas en las planillas de los clientes como personal de apoyo.

Esta práctica ilícita afectó los procedimientos de contratación. Por ejemplo, un mecanismo usual era la creación de uniones temporales de empresas de carácter instrumental y la contratación preferente de determinadas empresas a las que se aseguraba un porcentaje de facturación y condiciones ventajosas a cambio de que no participaran en ofertas alternativas en la licitación.

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