La inviabilidad de la química Sniace, con ERE y sin ERE

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Una deuda de casi 200 millones de euros y apenas un millón de ingresos trimestrales impiden sacar adelante un plan laboral

Complejo industrial del grupo Sniace en Torrelavega

13 de julio de 2014 (21:00 CET)

Hace veinte años, la crisis económica e industrial que asolaba España tocó de lleno al grupo químico Sniace, pero el conflicto social se superó y la empresa logró mantenerse en pie durante dos décadas, con lo que Torrelavega, y el resto de la comarca cántabra del Besaya, respiró aliviada.

Ahora, la situación es muy distinta. La crisis financiera y, sobre todo, los recortes introducidos en la reforma energética han abocado a la empresa a su liquidación de no acometerse una reestructuración total. “Tenemos la certeza de que el Grupo es viable. Evidentemente no con su estructura anterior. Tenemos que ser capaces de buscar ahorros que compensen el impacto de la reforma energética”, decía el presidente de Sniace, Blas Mezquita, el pasado 23 de junio en su discurso ante la junta de accionistas.

Casi 200 millones de deuda y sin actividad


Pero una cosa son las intenciones y otra, muy distinta, la cruda realidad a la que se enfrenta un grupo que adeuda 193 millones de euros y que lleva un año con la actividad paralizada, la que motiva que los ingresos sean casi simbólicos, de apenas un millón de euros trimestrales.

Situación sobrevenida desde hace dos años, cuando el Gobierno elaboró un proyecto de ley que buscaba reducir el inasumible déficit de tarifa. En Sniace confiaron en que las medidas no entraran en conflicto con la actividad industrial. Pero lo hicieron, con un duro castigo para las empresas industriales que, como la química, utilizan la cogeneración y el gas en su actividad.

100 millones de provisiones


Desde entonces todo han sido reveses, tanto a nivel regulatorio como de reestructuración interna. Son ya más 100 millones de euros los que se han tenido que provisionar. La mitad, por el impacto de la reforma energética. El resto, por los cánones medioambientales y por el área de bioetanol.

El inicial Plan de Sostenibilidad Industrial no sirvió de mucho. De casi nada. Se paró una turbina, se paralizó la producción de la fábrica y se planteó un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de seis meses de duración sobre la mitad de la plantilla.

Aunque algunos intentaron ‘vender’ que con esto quedaría zanjado el coste de la reforma energética, se equivocaron de cabo a rabo. El anteproyecto de Ley por el que se eliminaban los complementos de eficiencia y de potencia reactiva incrementó en otros 10 millones el coste de la reforma.

ERE y concurso

Esta situación, más el impacto de determinadas sentencias del Tribunal Supremo relativas a cánones de vertidos y regulación, junto al deterioro económico que suponía la situación de parada prolongada de las fábricas, llevó a la empresa a plantear el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para la totalidad de la plantilla y la presentación, primero del preconcurso de acreedores y después del concurso definitivo, tanto de la matriz como de sus filiales Celitech, Viscocel, Bosques de Cantabria y Bosques 2000.

En el fondo, tanto la empresa como los trabajadores saben que, en las condiciones actuales –llevan un año con la actividad paralizada y unos ingresos de poco más de un millón al trimestre–, medidas como el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) resulta necesario.

Audiencia Nacional avala el ERE

La empresa, promotora de la iniciativa, lógicamente la apoya a pies juntillas, y acaba de ver como la Audiencia Nacional la avala plenamente, pero los trabajadores siguen agarrándose al clavo ardiendo de lograr un plan laboral que no resulte tan drástico para sus intereses. Hasta ahora, todas las propuestas sindicales han caído en saco roto. Rechazadas por la empresa con el mismo argumento, que el coste resulta inasumible para una empresa sin apenas ingresos.

Después de muchos borradores, el plan laboral de los sindicatos, valorado en unos 18 millones de euros, asume el gasto de las cotizaciones sociales (unos cinco millones) que la empresa ha dejado de abonar, el coste del despido, la reposición del desempleo, el despido de la mitad de la plantilla, una rebaja salarial lineal del 15% y prejubilaciones más baratas de los mayores de 53 años.

Recurso ante el Supremo


Ante la sentencia de la Audiencia Nacional, avalando el despido de los 533 empleados de la plantilla, los sindicatos ya han anunciado la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo, tratando de ganar tiempo para intentar que finalmente se logre un acuerdo.

Además de este proceso, están presentadas en Cantabria demandas individuales de los trabajadores al Juzgado de lo Social, por las que reclaman indemnizaciones de 45 días por año trabajado, en lugar de los 20 días de máximo que marca la reforma laboral.

Plan de viabilidad

Mientras se dilucida en qué quedan los despidos, la tramitación del concurso sigue su curso. Hasta ahora han sido comunicados por el Juzgado dos incidentes contra el informe de la administración concursal, uno promovido por el Gobierno de Cantabria y otro por el Ayuntamiento de Torrelavega. Una vez resueltos, la presentación del informe definitivo pondrá fin a la fase común para dar paso a la de convenio.

Durante esta fase, y al menos cuarenta días antes de que se convoque la junta de acreedores –prevista inicialmente para finales del mes de octubre–, la empresa, pase lo que pase con el plan laboral, pondrá sobre la mesa un plan de viabilidad. “No duden que presentaremos un plan que puedan aprobar con total confianza tanto la administración concursal como los acreedores”, comentaba Blas Mezquita en la junta de accionistas.
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