Telefónica y los sindicatos firman el ERE para un mínimo de 4.525 empleados y un coste total de 2.500 millones

Telefónica y los sindicatos UGT, CCOO y Sumados-Fetico han firmado este lunes el expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a un mínimo de 4.525 trabajadores de siete filiales, si bien se espera que salgan 5.500. La teleco que preside Marc Murtra ha cifrado el coste del despido colectivo en 2.500 millones de euros, un 92% superior al del ajuste de plantilla anterior, que se saldó con 3.420 salidas pactadas en 2024 y un coste de 1.300 millones.

Se trata de un paso decisivo en la ejecución de su plan estratégico Transform & Grow que se da paralelo a la prórroga o renovación de los convenios colectivos de las filiales afectadas. La compañía avanzar hacia un modelo «más digital, flexible» y estar «preparada para competir y crecer en un entorno de profunda transformación del sector».

La afectación en las sociedades que se enmarcan el Convenio de Empresas Vinculadas (CEV) se divide del siguiente modo: 2.925 personas para Telefónica de España, 720 en Telefónica Móviles y 120 en Telefónica Soluciones, sumando un total de 3.765 bajas.

Para las unidades globales del grupo (GBUs), las salidas totales se han establecido en el mínimo de 585 empleados repartidos en Telefónica Global Solutions (109), Telefónica Innovación Digital (182) y Telefónica S.A. (294).

La empresa ha rebajado las cifras finales de las GBUs en 14 empleados a última hora en la reunión final que ha tenido lugar este lunes. Respecto a Movistar +, la afectación final ha quedado fijada en 175 salidas. No obstante, la empresa espera que salgan un total de 5.500 trabajadores de las siete plantillas.

El acuerdo alcanzado establece las fechas para solicitar adherirse al ERE voluntariamente según las filiales afectadas. Para las GBUs, los trabajadores tendrán de plazo entre el 29 de diciembre y 26 de enero, mientras que la comunicación de la aceptación y los posibles despidos forzosos se realizará entre el 12 y el 16 de febrero.

Para las empresas del CEV, las solicitudes deberán realizarse entre el 29 de diciembre y el 29 de enero. Para Movistar+, las peticiones se realizarán entre el 7 de enero y el 6 de febrero y no están previstos vetos por parte de la empresa.

En cuanto a las condiciones económicas para los despedidos de todas las filiales, los afectados nacidos entre 1969 y 1971 cobrarán el 68% del salario regulador hasta los 63 años y el 38% a partir de entonces, con la salvedad de que en Movistar+ no entran los nacidos en 1971.

Aquellos nacidos entre 1965 y 1968 tendrán un 62% hasta los 63 años y un 34% a partir de entonces, mientras que para los nacidos en 1964 y anteriores los porcentajes se sitúan en el 52% hasta los 63 años y en el 35% a partir de entonces.

Para poder adherirse al ERE, los trabajadores del CEV necesitarán al menos 15 años de antigüedad durante la vigencia del proceso, que se alargará hasta el 31 de diciembre de 2028.

Por su parte, los empleados de las GBUs deberán contar con 13 años de antigüedad, si bien en este caso el tiempo de duración del ajuste será hasta el 31 de diciembre de 2026.

Cabe destacar que los despedidos de las unidades globales han logrado que la empresa les incluya primas de voluntariedad por antigüedad que van desde los 5.000 euros para aquellos con menos de 8 años en la empresa hasta los 18.000 euros para los que cuentan con más de 24 años.

Telefónica espera ahorrar 600 millones de euros a partir de 2028

«Todos estos acuerdos permitirán, entre otros aspectos, seguir apostando por la fidelización y atracción del mejor talento, invertir en el desarrollo de capacidades diferenciales y consolidar nuevas formas de trabajo más flexibles y digitales, sobre las premisas de la autonomía, la responsabilidad individual y la contribución a los resultados. En paralelo, se sigue trabajando en la simplificación del modelo operativo», ha destacado Telefónica sobre el ERE y la prórroga de convenios en un comunicado.

El valor actual del gasto de los planes de salidas en el conjunto de todas las sociedades afectadas se estima en una provisión total de alrededor de 2.500 millones de euros, antes de impuestos.

Para las empresas del CEV y Movistar Plus+ la provisión será de alrededor de 2.300 millones de euros, mientras que para GBUs será de alrededor de 200 millones de euros.

En cualquier caso, los ahorros anuales promedio de gastos directos que el grupo estima ahorrar se sitúan en los 600 millones de euros a partir de 2028.

Desglosado, los ahorros anuales serán de alrededor de 500 millones de euros en Telefónica España (CEV) y Movistar Plus+ y de alrededor de 60 millones de euros en las GBUs.

«En cualquier caso, el impacto en la generación de caja será positivo desde 2026, al igual que la captura de ahorros, dado que la salida de empleados se estima tendrá lugar ya desde el primer trimestre de 2026″, ha subrayado Telefónica.

Telefónica prorroga los convenios hasta 2030 con subidas salariales anuales

La dirección y los sindicatos también han firmado este lunes la prórroga de los convenios colectivos de las filiales afectadas hasta la duración del plan estratégico Transform & Grow (2026-2030).

El principal avance en materia laboral que han conseguido los trabajadores es el compromiso del grupo a elevar los salarios un 1,5% cada año de duración del convenio en el caso de las empresas del CEV y de las GBUs.

Además, las filiales del CEV, que es donde se concentra el grueso de la masa laboral de Telefónica en España, también recibirán un plus de 300 euros que será abonado en los meses de octubre, de los cuales se consolidarán cada año 150 euros.

También han conseguido pactar dos revisiones en los próximos años, una a 31 de diciembre del 2026 y otra a la finalización de la vigencia 31 del convenio, el 31 de diciembre del 2030.

Respecto a las GBUs, la subida del 1,5% no será para todos los trabajadores igual. Del total, un 1% sí será lineal para toda la plantilla, mientras que el 0,5% ser aplicará de manera «discrecional», es decir, la empresa decidirá a quien va dirigida y los motivos.

Sin embargo, sindicatos y dirección han acordado que si el IPC real acumulado a final de 2027 fuese superior al 4%, la empresa regularizaría
hasta un máximo del 6%.