La Justicia insiste en el 'caso Cuatrecasas'

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JUDICIAL

El abogado Emili Cuatrecasas

05 de diciembre de 2012 (20:29 CET)

La Justicia no se rinde con la investigación de presunto fraude fiscal de Emilio Cuatrecasas. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han presentado recursos contra el archivo de la causa.

En este sentido, el bufete del abogado ha admitido en un comunicado que se ha procedido a la repaertura del proceso y asegura "no conocer los términos concretos del recurso planteado". Con todo, enmarca la acción dentro de "los protocolos de actuación habituales del Ministerio Fiscal, que tiene por norma agotar todos los recursos disponibles". Por otro lado, fuentes judiciales y empresariales indican que la abogada del Estado, Sue de Antonio, ha presentado otro recurso.

El caso

La investigación se centra en si el letrado, especializado en derecho laboral y gestión tributaria, ha ocultado a Hacienda 3,7 millones de euros. El presidente del despacho Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, habría logrado defraudar a la Agencia Tributaria al incluir como gastos ligados a la actividad empresarial lo que, en realidad, eran gastos propios del consumo personal y familiar, como indica la querella presentada a finales de diciembre del año pasado por el fiscal de delitos económicos Francisco Bañeres.

En concreto, Cuatrecasas habría suscrito con una empresa de su propiedad arrendamientos ficticios de sus dos segundas residencias en Garós (Vall d´Aran) y Fontanilles (Baix Empordà), sus nueve automóviles, su embarcación de recreo y dos amarres --valorados en 6 millones de euros-- así como el ático de paseo de Gràcia de Barcelona que adquirió tras su divorcio, según el ministerio público.

Archivo

Sin embargo, el titular del juzgado número 32 de Barcelona, José Antonio Cruz de Pablo, archivó la causa al considerar que no hubo intento de ocultación y decretó el sobreseimiento libre de las diligencias. El magistrado, en una línea similar que el juez que instruyó el caso Carulla, reprochó a la Fiscalía así como a la Abogacía del Estado que el caso se haya dirigido por la vía penal cuando podría haberse dirimido ante la Administración.
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