Una partida de embutidos decomisada en las naves de la trama del jamón podrido.

La patronal exige al Gobierno que actúe contra la trama del jamón

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La patronal cárnica pide acelerar las investigaciones para evitar que el caso del jamón en mal estado perjudique las ventas

Madrid, 13 de julio de 2018 (12:24 CET)

La mayor patronal del sector cárnico, Anice, urge a las administraciones a adoptar medidas contundentes contra la trama del jamón podrido que ya comienza a afectar la imagen del producto español y que podría golpear las ventas si no se toman medidas rápidas.

La patronal que agrupa a 600 empresas del sector con presencia en todas las comunidades autónomas ha exigido a las autoridades “medidas contundentes” para sancionar a las “empresas deshonestas” que están manchando el nombre de la industria.

“La asociación apoya incondicionalmente las investigaciones que desarrollan las autoridades para depurar las responsabilidades correspondientes y restaurar la confianza de los consumidores. Anice considera que es inaceptable que ningún operador deshonesto empañe la reputación, el buen hacer y los esfuerzos de todo el sector”, ha lamentado la patronal en un comunicado.

Las empresas de la asociación han decidido romper el silencio ante las investigaciones judiciales que han descubierto uno de los mayores delitos contra la salud pública en los últimos años en España, tal y como destapó Economía Digital en exclusiva hace tres semanas. Una treintena de empresas han levantado un negocio millonario al captar jamones y embutidos en mal estado que deben ser destruidos. Las empresas enviaban los productos a naves clandestinas donde los reetiquetaban y los vendían como productos frescos.

La gran patronal cárnica ha pedido la máxima celeridad contra la trama, a pesar de que dos de sus socios están siendo investigados por el caso. Se trata de Oro de Granada, empresa fabricante del jamçon Oro de la Ermita, jamón incluido en la alerta sanitaria emitida por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, Aecosan, dependiente del ministerio de Sanidad. 

Oro de Granada pertenece al grupo Comapa, que también es socio de la patronal y que está siendo investigado por su implicación en la misma trama. 

La patronal cárnica exige medidas contra la trama en la que están implicados dos de sus socios

El sector cárnico, alarmado en Andalucía

La patronal ha exigido a la administración “una actuación contundente para detectar las irregularidades y poner a disposición de la justicia a sus responsables para que se depuren todas las responsabilidades a que haya lugar, con el objetivo de proteger los derechos de los consumidores, la competencia leal de las empresas y la idoneidad de los productos puestos en el mercado”.

“El sector es el primer interesado en que se detecte, investigue y corrija con eficacia cualquier posible actuación fraudulenta para restaurar la confianza de los consumidores”, ha añadido la patronal en su nota.

Este diario ha contactado con algunos empresarios del sector que han solicitado alzar el tono contra el caso. “Nos parece alarmante que se detecten 11.000 productos en mal estado, que pertenecen a esta trama, y que el gobierno andaluz, en lugar de pedir las actuaciones de fiscalía, ordene su destrucción inmediata. Es algo que no podemos entender”, explica un empresario andaluz que solicita mantener su nombre en el anonimato.

Facua también critica la actuación del gobierno de Susana Díaz

La asociación de consumidores Facua también ha mostrado su preocupación por la actitud poco transparente del gobierno andaluz por la celeridad con la que decidió destruir todos los jamones sin informar ni a la fiscalía ni a los tribunales sobre la incautación de productos en mal estado. La Junta también ha ocultado hasta ahora las marcas y empresas implicadas y se ha negado a solicitar la emisión de una alerta sanitaria, como sí hizo Comunidad Valenciana.

“Nos parece lamentable y escandaloso de la consejería de salud que una vez más esconda información relevante para los consumidores. Habitualmente se produce ocultación de datos a los consumidores. Se protege al defraudador en lugar de proteger al consumidor en una actuación que puede poner en riesgo su salud”, explicó Rubén Sánchez, portavoz de la asociación de consumidores Facua.

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