La quiebra de Umesa busca culpable

El concurso de acreedores de Umesa llega a su fin y es el momento de buscar culpables. El juzgado mercantil número 12 de Madrid fallará en las próximas semanas sobre la calificación sobre la actuación del antiguo consejo de la compañía, presidido por Juan Carlos Rumbero. La firma, vinculada a Fadesa-Expert, presentó los libros de contabilidad en el juzgado en junio de 2013, con un pasivo superior a los 30 millones de euros.

Umesa abastecía a tiendas de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Asturias y Extremadura desde cinco plataformas logísticas. Su volumen de facturación fue de 54 millones en 2012. Una cifra especialmente baja. En los dos ejercicios anteriores facturó 75 millones en 2010 y 72,3 al año siguiente.

Irregularidades

¿Qué irregularidades pudo cometer Umesa? La Fiscalía y los acreedores (entre ellos las asociaciones Anfe y Fapel) tienen en su mesa diferentes frentes para atacar con sus escritos. Todos ellos se centran en que la firma maquilló la contabilidad hasta el ejercicio 2013.

Las irregularidades son las siguientes. Primero, se incorporaron pérdidas por deterioros de créditos por operaciones comerciales por valor de 15 millones de euros cuando en los ejercicios anteriores apenas sumaban un millón. También se indican unas pérdidas de créditos por rappels sobre compras por valor de ocho millones. A ello, hay que sumar una deuda de 9,3 millones con entidades financieras.

Con la soga al cuello

Los escritos deberán decidir sobre la inhabilitación del presidente y consejero delegado, Juan Carlos Rumbero, pero también sobre todo el consejo de administración que estaba al frente hasta el momento que se presentó el concurso. Esto afecta también la secretaria y consejera delegada, Lourdes de Vicente; y a cuatro vocales: Francisco Arribas, Santiago de Leon Martínez; Jorge Ledo y Nicolás Tome.

Las acusaciones deben decidir cuándo se produce la situación de causa de disolución. Fuentes cercanas al proceso indican que existen dos fechas. La primera se sitúa al cierre del ejercicio de 2010. No obstante, todos los indicios apuntan que en 2011 la situación era por seguro insostenible. «La insolvencia al final ha resultado ser más gravosa para los acreedores», señalan.