'La vida es chula' de Desigual molesta al pequeño comercio de Cataluña

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La cadena abrió el pasado domingo en Barcelona burlando la normativa catalana y española

La nueva flagship de Desigual en la plaza Catalunya de Barcelona

Barcelona, 16 de diciembre de 2014 (23:50 CET)

El pasado 14 de diciembre era, en principio, un domingo cualquiera en Barcelona. Las calles del centro repletas de gente, los turistas con sus cámaras arriba y abajo. Hasta ahí, nada raro. Pero en las pricipales arterias comerciales había algo distinto. La clave: algunas tiendas de la cadena de Desigual sí estaban abiertas al público, entre ellas la recién estrenada flagship --establecimiento de referencia-- de plaza Catalunya.

Sin embargo, otras grandes candenas como Inditex y H&M, amanecían con la persiana bajada. Esta postura de la compañía, muy acorde con las campañas publicitarias en las que se vende la imagen de una marca desenfadada, diferente e incluso provocadora porque La vida es chula, no ha sentado bien a los pequeños comerciantes ni tampoco a la propia Generalitat.

El malestar de los comerciantes es notorio. El pequeño comercio critica la decisión de Desigual sin tapujos. La Confederació Catalana de Comerç lo tiene muy claro. "Es impresentable que una compañía como Desigual no conozca la legislación comercial que tiene que aplicar", explica con indignación el secretario general de la organización, Miguel Ángel Fraile a Economía Digital.

Un acta que puede acabar en sanción

Tampoco la administración apoya la postura de la cadena. "Hemos empezado los trámites para abrir un acta contra Desigual. Ni la ley española ni la catalana permitían abrir el pasado domingo. La cadena puede ahora presentar las alegaciones que considere oportunas. Después, ya se determinará si se le sanciona", explican fuentes del Govern a esta publicación.

Sea como fuere, Desigual se defiende asegurando que "cumple con la ley en vigor". Nada más, ni nada menos. No especifica a qué ley se refiere o en qué normativa se ampara para haber abierto algunas tiendas el 14 de diciembre en Barcelona.

"Se merece una sanción ejemplar. Desigual ya abrió los domingos que permitía la normativa catalana este verano y no tiene ningún sentido lo que ha hecho ahora. Es lamentable que una compañía de ese nivel no se sepa la legislación", añade Fraile.

Diferencias comerciales entre Cataluña y España

En la capital catalana, los domingos o festivos que sí está permitida la apertura de los comercios son el 6 y 8 de diciembre, el próximo 21 de diciembre y el 4 de enero. "Ha sido la única cadena que no ha respetado la normativa. Si no hay una autorización especial de apertura, Desigual no puede hacerlo como la gran cadena que es. Ha hecho la competencia a sus rivales más claros y esperamos que la sancionen y que se vigilen este tipo de situaciones para que no se repitan", explica el secretario general de la Confederació de Comerç de Catalunya.

La ley de comercio catalana permite abrir fuera del horario habitual sólo a los establecimientos de alimentación que no superen los 150 metros cuadradados y la estatal, algo más amplia, se lo permite a los locales y tiendas de hasta 300 metros cuadradados. Pero, en ningún caso, Desigual entra en alguno de esos supuestos.

Generalitat y Gobierno central, a la greña

El tira y afloja entre la Generalitat y el Gobierno central ha llegado, también, hasta la política comercial. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso presentado por el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy contra la ley catalana de horarios comerciales. Y, ahora, la Generalitat pide al Constitucional que se levante la suspensión cautelar de la norma fruto del recurso.

El Govern defiende a capa y espada su propio modelo comercial, algo más restrictivo que el estatal. Y en su lucha se apoya en varias asociaciones y organizaciones del sector. En concreto, más de un veintena de entidades --entre ellas la Confederació de Comerç de Catalunya, Pimec, La Associació Catalana de Supermercats i Distribuïdors e incluso los sindicatos-- han escrito un manifiesto en el que muestran su apoyo de la normativa catalana ante las pretensiones del Gobierno central de uniformizar el comercio en todo el país.

Sin embargo, el Constitucional puede tardar hasta cinco meses en pronunciarse sobre el levantamiento. Y, mientras, el Govern y el Gobierno central miran en direcciones opuestas y mantienen el pulso que ya han empezado.

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