Las mutuas controlarán desde el primer día las bajas laborales

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El Consejo de Ministros da luz verde al real decreto que regulará el sector y resta poder a los médicos

Soraya eschucha a Báñez explicar la no actualización de las pensiones. EFE

18 de julio de 2014 (16:24 CET)

Las mutuas ganarán peso a la hora de decidir cómo administrar las bajas laborales de los trabajadores enfermos. Actualmente gestionan ocho de cada diez procesos de incapacidad temporal. Hasta ahora sólo podían intervenir a partir del día 16 de la baja.

Sus funciones se limitaban por ejemplo a pedir una revisión alternativa para el profesional que había sufrido un accidente laboral o una enfermedad común. Esta situación ha cambiado con el real decreto que ha visto este viernes el Consejo de Ministros.

Absentismo laboral


El objetivo, según el Gobierno, es reducir el absentismo laboral injustificado, lo que supondrá según sus cálculos un ahorro de 300 millones. No obstante, perderán poder de decisión los médicos.

El Ministerio de Empleo, dirigido por Fátima Báñez (PP), dará potestad a las mutuas para intervenir desde el primer día. Sin embargo, suaviza la controvertida medida denominada “alta presunta”.

En el borrador se fijaba la posibilidad de que la mutua diera el alta a un trabajador automáticamente si el médico no respondía en cinco días a la propuesta.

Árbitro de la baja


Según el texto final, la mutua podrá interpelar al Instituto Nacional de la Seguridad Social si el médico rechaza la propuesta de que el trabajador se reincorpore a su puesto.

Los profesionales sanitarios tendrán, como antes, cinco días para contestar. Por otro lado, el trabajador que no se presente a un reconocimiento tendrá cuatro días para justificarse.

Los médicos se oponen

Sindicatos y las principales asociaciones médicas, que pierden poder, se oponen a estos cambios.

De hecho han propuesto una reunión para el próximo lunes con la finalidad de detener la reforma hasta que se aclaren varios procesos judiciales que involucran a Umivale, Mutua Universal o MAZ y reclamaciones a la Seguridad Social, a través de Fremap, que ascienden a 43 millones.

El Gobierno ha descartado la posibilidad de congelar el proceso de reforma de la ley de mutuas.
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