Una imagen de Pocoyó durante la presentación de su salida a bolsa. EFE/Emilio Naranjo

Lío en Pocoyó: la justicia sacude la cúpula de la compañía

stop

Un juzgado de lo mercantil impugna la junta en la que se consumó la expulsión del creador del dibujo animado

Barcelona, 08 de noviembre de 2018 (04:55 CET)

La disputa por la custodia de Pocoyó no ha terminado. Hace dos años que el fundador de la compañía, José María Castillejo, y el empresario mexicano Miguel Valladares, principal accionista de Zinkia, la productora que ostenta los derechos del personaje de animación, están enzarzados en una guerra judicial con demandas cruzadas. El último capítulo se escribió el pasado 28 de octubre, hace 11 días, cuando un juzgado de lo mercantil de Madrid anuló la junta que cambió el rumbo de una compañía que en los próximos puede confirmar su retirada de bolsa. 

El fallo al que ha tenido acceso Economía Digital declara “la nulidad de la Junta General de la sociedad demandada”, así como “todos los acuerdos adoptados”. En la junta que la juez menciona se produjo el cese de José María Castillejo como consejero de Zinkia y el nombramiento de Miguel Valladares, hasta entonces segundo accionista de la compañía, como presidente.

El relevo se produjo cuando Valladares ejecutó un préstamo que había financiado años atrás, supuestamente, para ayudar a refinanciar Jomaca 98, la mercantil de Castillejo —hoy en liquidación— con la que tenía representación en el consejo. Dicho préstamo tenía como garantía 8,26 millones de acciones que, al cambiar de manos, alteró también el poder de ambos accionistas.

Castillejo interpuso la demanda porque Zinkia reconoció a Valladares la titularidad de esas acciones para asistir y votar en dicha junta de accionistas, celebrada el 14 de junio de 2016, cuando la adjudicación de los títulos todavía no era firme.

El planteamiento del litigio, según reza la sentencia, contempla que los acuerdos que se adoptaron “afectan de forma indirecta a los intereses económicos del actor (José María Castillejo), en la medida que es socio mayoritario de la sociedad, cuya participación se discute en el momento de la constitución de la junta”.

¿Cuál será el futuro de Pocoyó?

La pregunta está en el aire: ¿qué pasará con Zinkia? El entorno de Valladares traslada que recurrirán la sentencia en los próximos días, porque todavía no es firme, y consideran que la resolución no alterará “la composición accionarial de la compañía”.

Del otro lado, fuentes cercanas a Castillejo ven en la impugnación la posibilidad de reabrir una guerra que se inició hace dos años. Con su salida del consejo de administración, Castillejo, también conde de Floridablanca, denunció una serie de irregularidades en diferentes instancias judiciales para demostrar lo que para él fue el robo de su compañía. 

La voluntad de probar estos presuntos hechos delictivos le han llevado sin éxito ante la Audiencia Provincial de Madrid, donde lo intentó por la vía penal, e incluso ante la justicia europea

Del mismo modo, Castillejo recibió una demanda por parte de Valladares, que sigue investigándose en el juzgado de instrucción número 54 de Madrid. El mexicano interpuso una querella criminal por presunta administración desleal, apropiación indebida, falseamiento de información de difusión obligatoria, falsedad documental y estafa.

Adiós al MAB

De momento, el futuro más cercano de Zinkia puede cambiar dentro de 20 días. La empresa ha convocado una junta de accionistas para excluir a la compañía del MAB, donde cotiza desde 2014 y acumula una prolongada caída desde el cambio de presidencia. El otro problema que señalan los gestores de la productora es la escasa liquidez del valor; en los últimos seis meses se han movido apenas 1.600 títulos por día.

Todo apunta a que la propuesta saldrá adelante y Pocoyó se despedirá del MAB. La oferta de exclusión cuenta con el respaldo de los accionistas mayoritarios, que dan dos opciones a los minoritarios: seguir en la compañía fuera de cotización o salir vendiendo las acciones a un precio de 0,57 euros por acción  — el precio medio al que lleva cotizando la empresa en los tres últimos meses — , lo que supone valorar la empresa en 19,4 millones de euros.

Este punto también trae polémica. El propio Castillejo, que recientemente denunció la operación ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) —sin respuesta, de momento—, alega que el precio que se ofrece por acción es muy inferior al valor real de la compañía. Como ejemplo pone el informe de la consultora Duff & Phelps, que valoró la compañía en 2016 en 79 millones de euros. La salida tampoco gusta a otros accionistas, que consideran que la marca del personaje animado es superior al precio ofrecido por acción.  

La situación de Zinkia, que salió de concurso de acreedores hace un par de años, todavía no es la idónea. Las últimas cuentas presentada revelaron que la cifra de negocio en los seis primeros meses de 2018 fue de casi 1,9 millones de euros, un 15,56% menos, frente a los más de 2,2 millones de la primera mitad de 2017. La compañía sí redujo pérdidas en un 11,9%, aunque no evitó cerrar con unos números rojos de 275.928 euros.

Suscribir a boletines

Al suscribirte confirmas nuestra política de privacidad