Carles Sumarroca en un acto de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Los Sumarroca meditan pagar de su bolsillo a los acreedores de Teyco

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Los accionistas de la constructora podrían inyectar liquidez a la constructora familiar para pagar a proveedores mientras ultiman un acuerdo con la banca

Barcelona, 11 de enero de 2019 (04:55 CET)

La antigua Teyco camina hacia el final de su concurso de acreedores, y en nada se parecerá a la constructora que llegó a facturar casi 110 millones hace poco más de una década. La empresa de la familia Sumarroca se contraerá tras renunciar a la obra pública y afrontar una deuda de 43 millones. Si bien pagará una parte con sus propios edificios, el resto podría tener que afrontarlo con una inyección de liquidez de los accionistas.

Fuentes implicadas en el procedimiento judicial admiten que los distintos miembros de la saga catalana que conforman el accionariado tendrán que rascarse el bolsillo. Podrían tener que adquirir varios activos de la compañía, por un valor mínimo, con tal de inyectar efectivo a Top Proyectos y Contratas –así se llama ahora Teyco—, para que pueda pagar a los proveedores en el caso de no fructificar convenio con los acreedores.

La constructora toma este camino después de que hace meses buscara "un comprador para activos de liquidez no inmediata" y parte de su cartera de activos, como desvelaron en su momento fuentes de la sociedad a este medio.

BBVA y Sareb son los principales acreedores de la antigua Teyco, la constructora de los Sumarroca

Más allá de la quita solicitada, que en la propuesta anticipada de convenio era del 60% con una carencia de dos años, la compañía vincula el retorno de otra parte de la deuda a una serie de litigios abiertos y partidas todavía por cobrar. Así, los Sumarroca introducen esta cantidad variable en la oferta presentada.

La saga catalana aspira así a convencer a los proveedores mientras confía en contar con el favor de la banca en un procedimiento que se encuentra en el juzgado de lo mercantil número 9 de Barcelona. Para ello, tira de la refinanciación firmada hace unos dos años, que comprometía la mayoría de sus inmuebles con las entidades.

Los dos que arrastran mayor peso del pasivo, BBVA, con 5 millones de euros y Sareb, con 3,8 millones, son los que marcarán el rumbo de un pool bancario en el que también están Banco SantanderCaixabankSabadell Novobanco. Queda la duda del proceder del banco mal, con especial aversión a aceptar este tipo de pactos heredados de compañías en problemas.

Los Sumarroca no lograron sacar adelante la anterior propuesta de convenio

Fuentes de la empresa defendían ya hace meses que el convenio era "totalmente viable". No obstante, la empresa no logró sacar adelante la propuesta anticipada de convenio y pidieron al juez que abriera la fase común para ganarse el favor de los acreedores tras no recabar los apoyos suficientes.

Las conversaciones entre la banca y la empresa están supervisadas por Rousaud Costas Duran, que representa a la concursada; Garrigues, por parte de las entidades; y Deloitte, como asesor independiente. A pesar de la negociación, fuentes financieras señalan que existen posibilidades de que la empresa acabe en liquidación, pues ven muy complicado que la firma familiar logre acabar con el pasivo acumulado durante años. 

Y es que los Sumarroca ya son viejos conocidos de los ejecutivos bancarios. De llegar a un acuerdo, sería el segundo desde junio de 2015, cuando la compañía se vio obligada a vender la filial Constraula y selló un pacto para reducir la deuda de 37 a 13 millones de euros.

El plan de viabilidad trazado no pudo cumplirse entonces ante la crisis del ladrillo y la “campaña de descrédito” contra el entonces primer ejecutivo, Jordi Sumarroca Claverol, detenido e imputado en julio de ese mismo año el marco del ‘caso 3%’ de Convergència.

En cambio, ahora el plan de la familia pasa por redimensionar Top Proyectos y Contratas, evitar los grandes proyectos y dar un viraje histórico: renunciar a la obra pública para centrarse en clientes privados. Hace un año, la nueva orientación ya conllevó un Expediente de Regulación de Empleo para más de la mitad de su plantilla.

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