CCOO pide a Sánchez que pare el cierre de Nissan vía reforma laboral
El sindicato aprieta al Gobierno para que recupere la autoridad laboral que ejercían las autonomías y el ministerio de Trabajo y blindar así a los empleados
CCOO ha pedido al Gobierno que tome la iniciativa con Nissan y derogue la reforma laboral del PP. El sindicato pretende recuperar la autorización de la autoridad laboral en los expedientes de regulación de empleo (ERE), cosa que dificultaría mucho la marcha de la automovilística.
La organización de trabajadores pone como ejemplo Francia, donde las empresas deben abrir por ley un proceso de información y consulta con los empleados y también con la administración gala con un año de antelación.
La herramienta que ahora se quiere recuperar intervenía en los procesos de ERTE. Hasta la degoración del PP, los departamentos de Trabajo autonómicos ejercían la autoridad laboral si la empresa estaba localizada en un único territorio y el ministerio si era en varios puntos de España.
El sindicato considera la herramienta era eficaz para reforzar las tutelas de los trabajadores en estos procesos y les permitía buscar alternativas a las decisiones empresariales. Con su desaparición, las empresas, sobre todo las grandes multinacionales, solo necesitan garantizar un procedimiento jurídico escrupuloso con la norma y la información y consulta.
Según el sindicato, esto empuja a los trabajadores a elegir entre la indemnización propuesta o la judicialización de su despido y facilita a las multinacionales «comprar su salida de nuestro país para optimizar sus beneficios».
Coste exagerado
Por su parte, Nissan se desdijo de su cifra inicial hace algunos días de los cálculos sobre el coste de abandonar Barcelona, que considera que esta entre 500 y 600 millones de euros, incluyendo reclamaciones de proveedores y limpieza de las instalaciones.
La cifra que ahora defiende la compañía nipona –recogida en la documentación que la multinacional ha entregado al comité sindical europeo adelantada por La Vangaurdia– dista mucho del primer cálculo al Ministerio de Industria y a la Generalitat rondaba los 1.450 millones de euros, es decir, 850 millones más.
El comité de empresa, por su parte, ya prepara su contrainforme para rebatir estos argumentos. Este nuevo cálculo también obliga a reformular a la empresa automovilística los plazos que se había marcado para recuperar las pérdidas que le ocasionará el cierre de las plantas de Zona Franca, Montcada i Reixach, Sant Andreu de la Barca y Montcada (entre cinco y seis años).
