Petromiralles refinancia su pasivo, un año después de la detención de su director general

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La Audiencia Nacional investiga a Josep Maria Torrens por un fraude de IVA a gran escala

Los registros policiales en Petromiralles.| EFE

04 de junio de 2014 (20:56 CET)

El juzgado mercantil número 3 de Barcelona ha dado luz verde a que se homologue un acuerdo de refinanciación suscrito entre el grupo empresarial Petromiralles y algunos de sus bancos acreedores.

Se trata de uno de los primeros acuerdos de homologación pactados con arreglo a las nuevas normas concursales. Gracias al mismo, los plazos de amortización de la deuda, que supera los 150 millones de euros, se extenderán hasta finales del año 2018. La empresa ha tenido que recurrir a la autoridad judicial debido a que un par de entidades crediticias no estaban por la labor y bloqueaban el proceso.

La refinanciación afecta a ocho empresas, entre ellas Petromiralles Group, Petromiralles, New Petromiralles y Petromiralles Port.

El fraude del IVA

Grupo Petromiralles es el octavo distribuidor de carburantes de España, con una cuota de mercado del 8% y unas ventas anuales cercanas a los 600 millones de euros. Cuenta con 62 gasolineras, de ellas 17 propias, en 15 comunidades autónomas.

Hace justo un año, la Guardia Civil detuvo al propietario del grupo, Josep Maria Torrens, a la sazón alcalde convergente de Santa Maria de Miralles (CiU), por su supuesta participación en un fraude del IVA a gran escala. En ese momento el desfalco se cifró en 100 millones de euros. A raíz de su detención, Miralles dimitió de alcalde.

Los paraísos fiscales

Decenas de guardias civiles realizaron nueve registros y detuvieron a una veintena de personas, a las que se imputaron delitos de pertenencia a organización criminal, tributarios, de maquinación para alterar el precio de las cosas, falsedad documental y blanqueo de capitales.

La investigación detectó la utilización de empresas pantalla y testaferros para hurtar el pago del IVA. Así mismo se averiguó que los beneficios de la trama se transferían a Hong Kong y a paraísos fiscales. El caso se sustancia en la Audiencia Nacional.
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