Pymes y autónomos 'financian' a las administraciones con 4.800 millones

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Las facturas pendientes del sector público crecen a un ritmo de nueve millones al mes y alcanzan ya el 4,9% del PIB español

20 de mayo de 2013 (13:38 CET)

Los autónomos mantienen su papel de financiadores de las administraciones públicas españolas. La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), organización presidida por Lorenzo Amor, ha denunciado que tanto los periodos de pago del sector público como la cuantía adeudada se han incrementado en los últimos tres meses.

Concretamente, la factura crece a un ritmo de 9,3 millones de euros al mes y ya alcanza los 4.839 millones, según muestra el último informe del Observatorio del Trabajo Autónomo de ATA que se ha hecho público este lunes. La cifra equivale al 4,9% del PIB español.

Directiva europea

La organización pone el acento en que la morosidad es, precisamente, una de las principales causas de la desaparición de muchos autónomos. Los últimos datos del paro mostraron como este colectivo laboral incrementaba, pero por el número de nuevos emprendedores. La falta de financiación y circulante ahoga a los que hace tiempo que se dieron de alta.

“Aún estamos muy lejos de alcanzar lo que nos marcan desde Europa”, denuncia Amor. Existe una directiva europea que establece un plazo máximo de pago de 30 días que incluye sanciones para los incumplidores, pero no está transpuesta a la normativa española. “Reclamamos desde hace tiempo un régimen sancionador”, afirma el director de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), Pere Brachfield.

Comunidades

La radiografía de los impagos a autónomos de las administraciones realizada por ATA también demuestra como sólo siete comunidades autónomas han hecho los deberes y han reducido sus deudas. Se trata de La Rioja (-5,5%), Extremadura (-3,8%), País Vasco (-2,6%). También han rebajado esta factura Castilla La Mancha (-1,3%), Galicia (-1,1%), Cantabria (-0,8%) y Canarias (-0,3%).

Eso sí, todas están en números rojos con sus proveedores. Las cifras que han crecido más en los últimos tres meses son las de Murcia (2,9%); Madrid (2,4%) y Castilla-León (2,1%).

Si se analiza toda la deuda acumulada por las comunidades autónomas, las más morosas son Catalunya y Andalucía. Sus impagos ascienden a 798 millones y 703 millones de euros, respectivamente. Le siguen de cerca Comunidad Valenciana (670 millones), Madrid (490 millones) y Castilla la Mancha (329 millones).

Plazo medio de pago

En el último trimestre, también ha subido el plazo medio de pago de las administraciones públicas con los autónomos. Ha pasado de ser de 148 días a 151.

La administración central es quien abona sus facturas con menos tiempo de media, a 49 días, aunque también es la que trabaja con menos autónomos. Quienes tardan más en pagar son las administraciones locales, una media de 157 días; seguidas de las autonómicas, que cumplen con sus autónomos 145 días después de la emisión de una factura.

Las grandes empresas, más morosas

El sector privado cumple más con sus proveedores autónomos. En los últimos tres meses, el plazo medio de pago ha pasado de los 95 días a los 89. Eso sí, la ley de morosidad marca que deben pasar 60 jornadas desde que se emite una factura hasta que se abona.

De nuevo, las grandes corporaciones (más de 1.000 trabajadores) son las más incumplidoras. Pagan a 113 días frente a los 68 días de plazo de pago en las micropymes (hasta 9 empleados). Las deudas con los proveedores también se convierten en circulante de las empresas más grandes. “Hay intereses políticos que permiten estas prácticas”, denuncia Brachfield.

Carta blanca

El director de la PMcM se remite a la ley de 2011, una de las últimas normas que firmó el Gobierno de Zapatero, relativas al tiempo de pago de los grandes contratistas de obra pública. “Les dio carta blanca para poder pagar legalmente cuando quieran a sus proveedores”, denuncia el experto en morosidad.

Esto también es una realidad en la gran distribución cuando no afecta a la alimentación ni al gran consumo. Su solución: un régimen para los incumplidores, públicos o privados.
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