Repsol indemnizaría los vertidos en Canarias con lo extraído en una semana

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El coste de 60 millones para la petrolera, en seguros civil y medioambiental, equivale a 800.000 barriles

Plataformas de Repsol en Las Palmas de Gran Canaria. EFE

13 de agosto de 2014 (20:03 CET)

Las perspectivas de que exista petróleo en las islas Canarias, frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote, han prevalecido por encima de cualquier otra circunstancia a la hora de que el Gobierno autorizara a Repsol y a sus dos socios, Woodside Energy Iberia y RWE Dea AG, a realizar prospecciones petrolíferas en un área de 6.100 kilómetros cuadrados entre las islas y las costas de Marruecos.

Se pone así fin a la polémica creada en el archipiélago, con el rechazo frontal de los grupos ecologistas y del propio Gobierno presidido por Paulino Rivero, por entender que las prospecciones perjudicarían sus intereses turísticos y dañarían gravemente la flora y fauna de la zona.

El Supremo desactivó la polémica


Polémica que, en parte, desactivó hace mes y medio el Tribunal Supremo, cuando desestimó la media docena de recursos interpuestos contra los sondeos, pero que ha estado rodeada de un sinfín de informes. En su mayor parte, han defendido las posturas de los contrarios a los sondeos, y que, en algún caso, llegaron a ser tachados como falsos por el Ministerio de Industria.

La entidad ecologista WWF España afirmó que el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto carecía de rigor y estaba “plagado de omisiones, vaguedades e indefiniciones que impiden evaluar de forma objetiva el riesgo e impacto que tendrán las prospecciones petrolíferas".

Cifras mareantes

Las cifras que se manejan son mareantes. Tanto a nivel de inversión como, lo más importante, lo que se podría obtener si los sondeos detectan la presencia de un yacimiento importante.

Cuando hace dos años, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy, a las pocas semanas de llegar al poder modificó el permiso de investigación de hidrocarburos en Canarias, que había sido otorgado a Repsol en diciembre de 2001, lo hizo para que se exploraran al menos dos pozos con una inversión mínima de 20 millones de euros.

Los sondeos, un aperitivo

Serán algo más. En torno a los 300 millones de euros, lo que invertirá la multinacional presidida por Antonio Brufau en esos dos pozos que, en tres o cuatro meses, estarán listos para ser explorados.

Solo un aperitivo de lo que vendría después si el yacimiento responde a las expectativas barajadas por Repsol. La de una zona que podría contar con unas reservas estimadas de entre 100.000 y 150.000 barriles diarios, hasta alcanzar un total de 1.200 millones de barriles. Al precio actual del barril, en torno a los 75 euros, estaríamos hablando de una cantidad próxima a los 100.000 millones de euros en un periodo de unos 20 años.

Seguros

Cantidades abrumadoras comparadas con los dos seguros, de responsabilidad civil y medioambiental --uno de 40 millones de euros y otros de 20-- que el Gobierno ha obligado a constituir a Repsol antes de iniciar los trabajos de exploración. Estos 60 millones equivalen a 800.000 barriles, los que se podrían extraer en una semana.

En la tramitación de las prospecciones en Canarias, en nada ayudó la polémica generada hace un año tras los terremotos provocados por el proyecto Castor frente a las costas de Castellón (Comunidad Valenciana). Movimientos sísmicos que fueron paralizados en septiembre de 2013 al comprobarse que su origen estaba en las inyecciones de gas practicadas por la empresa Escal UGS (participada al 67% por ACS) sobre el antiguo yacimiento petrolífero de Amposta.

Sismicidad

Para curarse en salud, el Gobierno requirió en junio a Repsol, para completar la tramitación de la solicitud de autorización administrativa para la ejecución del proyecto, que presentara documentación adicional. Entre ella, cabe destacar un sistema de monitorización de la sismicidad de la zona durante la realización del sondeo.

El documento remitido por Repsol fue objeto de evaluación por parte del Instituto Geográfico Nacional, realizando una serie de observaciones y recomendaciones relativas tanto al equipo necesario como al protocolo de actuación. El Gobierno, en la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la que autorizaba los sondeos, no ha dado mayores explicaciones sobre las enmiendas.
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