Torraspapel obtiene el visto bueno de la plantilla para cerrar la factoría de Girona

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Dirección y comité de empresa pactan un ERE que incluye despidos, recolocaciones y planes de prejubilación

01 de julio de 2014 (10:52 CET)

La dirección y el comité de empresa de la histórica papelera catalana Torraspapel ha alcanzado un pacto para cerrar la factoría de Girona. Tras dos meses de negociación, el expediente de regulación de empleo (ERE) que se ha pactado incluye la recolocación de 73 trabajadores en otras plantas de la compañía, la aprobación de un plan de rentas hasta la jubilación para los 36 empleados que superan los 55 años de edad y el despido de 23 personas.

Estas bajas se intentarán cubrir de forma voluntaria. Dejarán la empresa con una indemnización que supera de lejos el mínimo fijado por la Reforma Laboral que se suele aplicar en la mayoría de reestructuraciones. El finiquito que recibirán contempla abonar 35 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades.

Compensaciones económicas

La cúpula de la compañía también ha sacado la cartera para evitar un conflicto social con los otros dos grupos de afectados por el ERE. Los trabajadores que estén de acuerdo en continuar sus tareas en el grupo Torrespapel pero en centros de trabajo alejados de Girona, como los que el grupo tiene en las localidades de Zaragoza o Soria (Castilla y León), recibirán una ayuda extraordinaria de 15.000 euros. Además, el plan de prejubilación (formalmente es una “plan de rentas hasta la jubilación”) garantiza que los afectados percibirán entre el 75% y el 100% de su salario hasta que abandonen su actividad laboral.

El ERE ya ha recibido el visto bueno de toda la plantilla, fue ratificado en asamblea este lunes. La factoría de Girona de Torraspapel bajará definitivamente la persiana a finales de año. Esta fue la fórmula elegida por la cúpula del grupo para mantener la empresa a flote. Las pérdidas acumuladas y la caída de ingresos por los cambios legislativos en la cogeneración eléctrica llevaron la compañía al límite. La regulación se empezó a negociar el pasado mayo.
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