Así han conseguido Alcoa y Costco que el Supremo tumbe los aranceles de Donald Trump
Empresas como Alcoa y Costco lograron que el Supremo declare ilegales los aranceles de Trump, abriendo la puerta a reembolsos millonarios
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una rueda de prensa.
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El Tribunal Supremo de Estados Unidos asestó este viernes un golpe histórico a una de las políticas económicas más controvertidas de la era de Donald Trump: los aranceles globales impuestos por decreto bajo la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) de 1977 fueron declarados inconstitucionales e ilegales. La decisión, aprobada por una mayoría de 6 a 3, coincidió con celebraciones de miles de empresas importadoras que llevaban meses esperando este fallo y que ahora ven una oportunidad para reclamar devoluciones de miles de millones de dólares en aranceles que habían pagado al Gobierno federal.
Aunque la sentencia no menciona a compañías específicas, detrás de ella han estado las acciones colectivas de numerosos importadores y grandes corporaciones que demandaron a la administración alegando que los aranceles decretados en 2025 no tenían base legal. Entre ellas destacan gigantes como Alcoa, el productor de aluminio, y Costco, la gran cadena de distribución mayorista, que promovieron litigios estratégicos con el objetivo de que un tribunal superior evaluara la constitucionalidad de la medida.
El corazón del debate legal
Los aranceles objeto del litigio no fueron impuestos a través de procedimientos legislativos tradicionales ni con la luz verde explícita del Congreso, sino mediante un decreto presidencial que invocaba la IEEPA, una ley pensada originalmente para permitir sanciones económicas en situaciones de emergencia. El argumento del Gobierno era que los persistentes déficits comerciales de Estados Unidos constituían una “emergencia económica”, lo que le daba derecho a regular —incluyendo gravar— las importaciones sin pasar por el Capitolio.
Sin embargo, tanto las cortes inferiores como finalmente el Supremo rechazaron esa interpretación. En la sentencia, la Corte concluyó que la Constitución asigna al Congreso, no al presidente, la potestad de imponer impuestos y aranceles durante tiempos de paz. El presidente del Tribunal, John Roberts, señaló que IEEPA no menciona explícitamente los aranceles y que permitir su uso para gravar el comercio internacional, especialmente sin autorización congresional, supondría una transferencia inaceptable de poder legislativo al Ejecutivo.
Empresas como Costco no se limitaron a protestar políticamente: acudieron a los tribunales con demandas bien fundamentadas. En diciembre de 2025, Costco presentó una acción ante el U.S. Court of International Trade, solicitando que todos los aranceles recaudados bajo la IEEPA fueran declarados ilegales y que la empresa recibiera un reembolso completo de los gravámenes que había pagado. Su argumento jurídico fue sencillo pero potente: si la ley no autorizaba al presidente a imponer aranceles, entonces cobrar y retener esos impuestos era una violación directa de la ley federal.
Alcoa, como mayor productor de aluminio del país, también se unió a ese grupo de importadores descontentos. Para sectores industriales como el del aluminio o grandes distribuidores como Costco, los aranceles significaron costos más altos de suministro, reducción de márgenes y presión sobre los precios al consumidor. Al recurrir al sistema judicial, estas compañías pusieron el foco no solo en los impactos financieros, sino también en el principio constitucional de que el poder de gravar pertenece al Congreso.
Consecuencias económicas y reembolsos
La decisión del Supremo no solo tumba la legalidad de los aranceles, sino que también abre un intenso debate sobre las devoluciones de más de 130.000 millones de dólares que el Gobierno recaudó en aranceles desde que fueron implementados. Empresas e importadores están ahora organizándose para presentar reclamaciones de reembolso ante agencias y tribunales, aunque el proceso, que varios analistas legales describen como “largo y complicado”, aún está por definirse.
En los mercados financieros, la reacción fue inmediata: acciones de minoristas y distribuidores que sufrieron el impacto de los aranceles anteriores registraron subidas al conocerse el fallo, reflejando la percepción de que menos barreras al comercio significa menores costes y mejores márgenes empresariales.
Implicaciones políticas y constitucionales
Más allá de la dimensión económica, el fallo tiene un enorme calado político y constitucional. Reforzó la separación de poderes al limitar la capacidad del Gobierno para usar leyes de emergencia como atajos para políticas comerciales extensas sin supervisión legislativa. Para el propio Trump, fue un revés simbólico y práctico: su administración planteó alternativas legales para seguir imponiendo aranceles bajo otras leyes comerciales, pero la sentencia deja claro que cualquier política de este tipo probablemente necesitará apoyo expreso del Congreso.
Además, el hecho de que grandes compañías como Alcoa o Costco hayan influido en el resultado subraya el papel que las acciones legales empresariales pueden jugar frente a decisiones políticas que afectan al conjunto de la economía. En un sistema legal y constitucional robusto, incluso políticas ejecutivas amplias pueden ser puestas a prueba y anuladas cuando se considera que exceden las facultades otorgadas por la ley.
