CNC urge al Gobierno a recuperar la Ley del Suelo para asegurar los fondos europeos
La patronal advierte de que la renuncia a la reforma pone en riesgo objetivos clave y dificulta aprovechar los NextGeneration
Archivo – El presidente de CNC, Pedro Fernández Alén.
Comentarios
La aprobación de la adenda al Plan de Recuperación y Resiliencia, que revisa los hitos comprometidos por España ante la Unión Europea, ha reabierto el debate sobre el marco jurídico que regula el urbanismo y el acceso a la vivienda. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha mostrado su preocupación por la decisión del Gobierno de mantener paralizada la reforma de la Ley del Suelo, una medida que el Ejecutivo justifica tras la creación de la nueva entidad pública Casa 47, encargada de gestionar suelo y promover vivienda asequible.
La patronal sostiene que el cambio de rumbo del Gobierno no solo no resuelve los problemas estructurales del mercado residencial, sino que puede comprometer la llegada y correcta ejecución de los fondos europeos. Según el sector, la seguridad jurídica y la planificación a largo plazo son requisitos que Bruselas vigila con especial atención, y que España no puede permitir deteriorar a menos de un año y medio del fin del ciclo de financiación extraordinaria.
Casa 47 no sustituye a la reforma del suelo, según el sector
La CNC rechaza frontalmente la idea de que la nueva empresa pública sea suficiente para cubrir los objetivos que se pretendían con la reforma urbanística bloqueada en el Congreso. A su juicio, la escasez de vivienda y la falta de suelo disponible no se solucionan creando un gran operador estatal, sino agilizando los procedimientos administrativos que impiden desarrollar proyectos en plazos razonables.
La organización recuerda que España necesita construir al menos 220.000 viviendas al año para corregir el déficit acumulado, una cifra muy alejada de la capacidad actual del mercado. En este contexto, renunciar a la actualización del marco legal supone un retroceso, especialmente cuando gran parte de los fondos NextGeneration destinados a la vivienda dependen de un entorno regulatorio estable y orientado a la colaboración entre administraciones y empresas.
Además, la patronal alerta del riesgo de sobredimensionar una empresa pública que requeriría recursos, personal y una estructura compleja para ser eficaz a corto plazo. “La experiencia demuestra que el sector privado ejecuta este tipo de proyectos con mucha más agilidad”, señalan fuentes del sector.
Riesgos para el mercado y para los compromisos europeos
El impacto de mantener bloqueada la Ley del Suelo va más allá del acceso a la vivienda, según la CNC. El efecto acumulado de procedimientos lentos y cargas administrativas excesivas reduce el atractivo de España para inversores, especialmente en un momento en el que la UE exige tasas de ejecución elevadas para liberar las últimas partidas de ayuda.
El PERTE de Construcción Industrializada, uno de los programas estrella para transformar el sector hacia modelos más sostenibles y eficientes, también podría quedar afectado. En países como Alemania o Países Bajos, este tipo de construcción representa cerca del 20% del total, mientras que en España apenas llega al 2%, una diferencia que dificulta absorber la demanda futura sin una reforma normativa profunda.
La patronal advierte de que avanzar sin la Ley del Suelo supone renunciar a herramientas clave para acelerar licencias, facilitar la rehabilitación de barrios y multiplicar la oferta residencial. Sin ellas, alertan, España podría perder una oportunidad histórica para resolver la crisis habitacional y modernizar su modelo urbano.
Un bloqueo político que dura ya dos años
El sector denuncia que la reforma lleva encallada más de dos años por falta de consenso político, pese a que cuentan con un diagnóstico común y un apoyo amplio entre las fuerzas parlamentarias. La CNC recuerda que el Senado envió el texto al Congreso para continuar su tramitación, pero la legislatura avanzó sin que se retomara su debate, dejando el proyecto en un limbo operativo.
La organización reclama un Pacto de Estado que permita dejar atrás los vetos cruzados y avanzar en una estrategia compartida que trascienda los ciclos electorales. “El problema de la vivienda no admite más dilaciones”, señalan desde la patronal, que insiste en que cada año perdido agrava la escasez y encarece el acceso al mercado, tanto en compra como en alquiler.
Para el sector, la renuncia a la reforma perjudica directamente a los ciudadanos, que seguirán enfrentándose a un mercado con oferta insuficiente y una escalada de precios motivada por la falta de suelo urbanizable, las trabas administrativas y la inseguridad jurídica.
Europa exige seguridad jurídica y capacidad de ejecución
La CNC subraya que la propia Comisión Europea ha reiterado en sus evaluaciones la importancia de contar con un marco legal claro y orientado a resultados. En este sentido, su presidente, Pedro Fernández Alén, considera que renunciar a la reforma para salvar los fondos es “contradictorio y nocivo”, porque precisamente son esos fondos los que requieren una base legal sólida para ejecutarse sin retrasos.
Fernández Alén insiste en que España necesita un marco estable que permita atraer inversión, desbloquear proyectos pendientes y acelerar la construcción y rehabilitación de vivienda. A su juicio, la única forma de garantizar la llegada de los fondos europeos es recuperar la reforma de la Ley del Suelo, no apartarla.
El dirigente recuerda que el sector de la construcción representa casi el 10% del PIB español y da empleo a 1,3 millones de personas, por lo que su estabilidad es clave para la economía en su conjunto. Además, transición verde, digitalización y mejora de la cualificación son ejes estratégicos del sector, alineados con los objetivos europeos y condicionados a un marco legal adecuado.
La patronal mantiene su presión para reactivar la ley
La CNC continuará reclamando que la reforma no quede enterrada por motivos coyunturales, especialmente cuando España encara la última fase de recepción de los NextGeneration, que culminará en agosto de 2026. El sector teme que, sin un marco jurídico actualizado, la capacidad de absorción de fondos se reduzca y se desaproveche una oportunidad histórica.
El mensaje de la patronal es claro: solo un marco legal moderno, seguro y orientado al desarrollo permitirá cumplir los compromisos con Europa y, al mismo tiempo, afrontar con garantías el desafío de ofrecer vivienda asequible y suficiente para la población.
