Ayuso lanza una nueva Ley del Suelo para agilizar trámites y "garantizar la participación de los vecinos"

Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, prepara una profunda reforma urbanística con la nueva Ley del Suelo y Ordenación del Territorio. El anteproyecto de ley persigue reducir los plazos de aprobación de planes, que actualmente pueden superar la década; acabar con la rigidez que limita los cambios de actividad y «garantizar la participación ciudadana en el diseño de las ciudades«.

Además, tiene el objetivo de reforzar la colaboración entre administraciones y con el sector privado para dar respuesta al crecimiento demográfico y a la necesidad de más vivienda, servicios e infraestructuras.

El anteproyecto de la nueva Ley del Suelo y Ordenación del Territorio acaba de ser publicado para consulta pública por el Gobierno regional. Con este paso, el Ejecutivo abre el proceso de debate previo a su tramitación parlamentaria, en el que ciudadanos, municipios y agentes del sector podrán presentar aportaciones y observaciones al texto antes de su aprobación.

La norma pretende modernizar un marco legal que lleva más de dos décadas sin una revisión integral. Entre sus objetivos destacan la simplificación de las categorías de suelo y de los instrumentos urbanísticos, la reducción de trámites administrativos y la adaptación de la normativa a las realidades de cada municipio.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Carlos Luján / Europa Press

La participación ciudadana también ocupa un lugar destacado en el texto. Ayuso plantea mecanismos para que los vecinos tengan voz en el diseño de sus ciudades y en los proyectos que afectan directamente a su entorno.

Con ello, Ayuso busca dotar a las localidades de mayor autonomía para definir su modelo de ciudad, pero también reforzar los mecanismos de cooperación y asistencia en aquellos municipios con menos recursos.

Otro de los pilares de la reforma es la flexibilización de los usos del suelo, una medida destinada a dinamizar la actividad económica y permitir que los municipios respondan con mayor rapidez a las necesidades sociales y empresariales.

A ello se suma la intención de adecuar el régimen sancionador para priorizar la restauración de la legalidad urbanística frente a la mera imposición de sanciones económicas, así como «potenciar la colaboración público-privada en la gestión y ejecución de proyectos, con el fin de agilizar la puesta en marcha de nuevas viviendas, infraestructuras y equipamientos», indican.

El Gobierno regional defiende que esta nueva regulación permitirá «superar la rigidez del modelo vigente, que ha ralentizado la aprobación de planes urbanísticos y generado una maraña burocrática difícil de gestionar para muchos municipios», explican desde el Gobierno regional.

Según el documento de la consulta pública, la media para aprobar un plan general oscila entre ocho y doce años, mientras que las modificaciones puntuales tardan entre cuatro y seis. Con la futura Ley del Suelo, la Comunidad de Madrid quiere recortar de manera drástica estos plazos, introduciendo instrumentos más ágiles, procedimientos simples y una mejor coordinación de los informes sectoriales.

Esta apertura se completa con el impulso de nuevas fórmulas de cooperación con el sector privado, al que se considera un socio clave para atender la creciente demanda de vivienda y servicios en una región que suma más de 100.000 habitantes al año.

Ayuso busca dar un giro al urbanismo regional

Con esta iniciativa, Ayuso busca dar un giro al urbanismo de la región y situarlo a la altura de los retos actuales. El Ejecutivo insiste en que la nueva Ley del Suelo «no significa renunciar a la planificación, sino dotarla de mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a las circunstancias sociales, económicas y medioambientales».