El ‘comodín’ ICO: Sánchez repite la fórmula de la pandemia y la DANA para responder a la guerra comercial

Pedro Sánchez alabó al Instituto de Crédito Oficial (ICO) al definirlo como «banco público» durante la presentación de la respuesta del Gobierno a la guerra aranceleria de Donald Trump. En términos fundamentales, el ICO sí es una entidad crediticia, pero lejos de ser un «banco» como cualquiera de las empresas privadas o de cumplir con las expectativas que los socios de izquierda del presidente tienen en la «banca pública», capaz de competir y ofrecer productos asequibles a la ciudadanía.

El ICO, que ahora preside el valenciano Manuel Illueca, se ha convertido en la herramienta fundamental del Gobierno a la hora de afrontar las ‘policrisis’ a las que se ha venido enfrentando el país desde 2020. Un ‘comodín’ al que Sánchez ha recurrido para dar respuesta a la pandemia, a la guerra de Ucrania, a la crisis de la vivienda, a la DANA de Valencia y, por último, a la crisis comercial derivada de los aranceles del 20% impuestos por la Casa Blanca a todos los productos europeos.

Aunque hasta 2020 el ICO venía a ser un instrumento contracíclico, ‘activado’ para relanzar el crédito en momentos de contracción de la actividad económica para tratar de azuzar el crecimiento, desde entonces ha adquirido un papel estructural en la gestión económica del Ejecutivo.

Primero, con las líneas de avales para las empresas más afectadas por el golpe de la COVID-19 en 2020, un programa que va a ser analizado por la Autoridad Fiscal en los próximos meses. Entonces se pusieron en marcha líneas de 100.000 millones de euros para cubrir las necesidades de liquidez de autónomos y empresas y con 40.000 millones de euros destinados a facilitar la realización de nuevas inversiones.

Después, con la guerra de Ucrania, cuando se activó otra línea de 9.000 millones en avales para cubrir las necesidades de liquidez de empresas y autónomos.

Para hacer frente a la crisis de la vivienda, el Gobierno encargó al ICO la puesta en marcha otra línea de avales, esta vez dirigida a particulares, para facilitar el acceso a una primera casa para jóvenes y familias con menores a cargo, dotada con 2.500 millones de euros.

Con la DANA del pasado 29 de octubre, la respuesta del Ejecutivo también pasó por la institución de crédito, con más garantías por valor de 5.000 millones de euros.

Ahora, la respuesta arancelaria también deja gran parte de su capacidad de fuego en el ICO. Así, el Ejecutivo anunció dos nuevas líneas para la institución: una de avales con 5.000 millones de euros y otra de financiación intermediada, de 1.000 millones, para financiar necesidades de circulante o inversión.

Sin embargo, la gran joya de la corona del encargo de Sánchez al ICO son los fondos europeos del Plan de Recuperación. Como parte de los préstamos de los Next Generation EU, la institución recibió el mandato de gestionar prácticamente la mitad de esos 83.000 millones en créditos. En concreto, a través de tres líneas: ICO Verde (22.000 millones), ICO Empresas y Emprendedores (8.150 millones) e ICO Vivienda (4.000 millones).

La particularidad del ICO es que no media directamente con las empresas, autónomos y particulares que requieren sus avales y garantías, sino que emplea la red comercial de la banca privada para llegar a los demandantes. Esto facilita la capilaridad de la financiación, pero también pone en manos del sector privado (al que se ha gravado con un nuevo impuesto) gran parte del éxito de las medidas.

La presidenta de la gran patronal bancaria AEB, Alejandra Kindelán, ya cuestionó el pasado verano si habrá una demanda suficiente en el tejido productivo para asumir y gastar toda la financiación.

«Lo que es clave ahora es valorar si vamos a poder trasladar el volumen de fondos que tenemos que trasladar en un corto periodo de tiempo, si va a haber demanda suficiente», se preguntó la representante de la asociación que agrupa a Santander, BBVA o Sabadell, entre otros.

De hecho, los cálculos del Banco de España es que programas similares ha tenido un ‘take-up’ del entorno al 50% de la financiación, lo que reduciría -y mucho- el potencial transformador de los fondos europeos.

Con todo, la articulación de gran parte de la respuesta económica a través del ICO tiene también un sentido en la propia naturaleza de estas ayudas. Al tratarse de préstamos o avales, solo computan como gasto en el caso de que los prestatarios no puedan hacer frente a sus obligaciones, lo que limita el impacto.