España aprovechará la caída de BPA para acorralar a los Pujol y Bárcenas

La intervención desencallará "innumerables peticiones de información"; Anticorrupción dice que la justicia andorrana se queda sin argumentos para limitar el acceso a los datos bancarios

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Se abre un nuevo tiempo. Los jueces y fiscales expertos en la lucha contra el fraude y la corrupción están acostumbrados (casi resignados) a constatar, una y otra vez, las trabas con que la justicia andorrana (y también la de otros paraísos fiscales) responde al intercambio de información bancaria, indispensable para ahondar en la investigación de sumarios abiertos en España sobre blanqueo de capitales.

Tanto es así que, salvo en contadas ocasiones en que sí fluye la comunicación y prima la buena disposición personal entre fiscales de aquí y de allá, la justicia española no impulsa determinadas comisiones rogatorias en aquel país ante la certeza de que recibirán un «no» por respuesta.

Andorra no colaboraba

A veces se trata de una negativa por cuestiones formales. Otras, por razones estrictamente procedimentales. Y en ocasiones, la negativa parte, en última instancia, de la poco disimulada reticencia del poder bancario andorrano a «desmaquillar» a sus clientes que son, con sus poderosos y, a veces, poco trasparentes capitales, la fuerza y el sustento de aquella economía.

Conviene apuntar, en este sentido que Suiza, por ejemplo, tardó más de dos años en informar a la Audiencia Nacional sobre las rogatorias a cerca de Luis Bárcenas, y Andorra lleva ya más de un año sin decir nada sobre las cuentas de los Pujol en el Principado.

La fiscalía andorrana mueve ficha

Pero la situación ha cambiado. Ahora es la propia fiscalía general de Andorra la que ha dado un paso adelante (empujada por la presión del departamento del Tesoro norteamericano).

La detención del consejero delegado del BPA, Joan Pau Miquel Prats, por blanqueo de capitales, tiene también una finalidad cosmética. Es el ejemplo tangible de este cambio de actitud.

Pero la intervención pública del banco y de sus filiales en prácticamente todo el mundo, pone de relieve, además, que, efectivamente, las históricas sospechas que apuntaban a una  de «cierta connivencia» de la banca andorrana con los defraudadores son una realidad indubitada y sangrante.

El Principado necesita lavar su imagen

Llegados a ese punto, con los ojos del mundo puestos en un país pequeño que ha vivido casi al margen de los avatares que sacudían a las grandes y poderosas naciones, Andorra sólo tiene una escapatoria: no cesar en su política de cambio de imagen y para ello, no tiene otra opción que la de colaborar con la justicia internacional (también la española) y evidenciar, en el fondo y en la forma, que están conjurados para sacar del saco aquellas manzanas podridas cuyo hedor contamina al resto.

Ante esta situación, la fiscalía anticorrupción española ha desempolvado las armas.

Se abre la veda

Reputados fiscales estudian reformular algunas comisiones rogatorias (caso Bárcenas o caso Pujol Ferrusola, por ejemplo) o instar nuevas peticiones como serían las relativas al caso Emperador o la operación Clotilde, que afecta a la mafia china y rusa respectivamente.

La justicia española celebra que, por fin, Andorra actúe contra la arbitrariedad de su propia justicia y el oscurantismo de su estructura financiera. El fiscal general de Andorra, aun a riesgo de caer en la sobreactuación, ha desenfundado definitivamente el sable y no permitirá que la constatación de lo que era una evidencia acabe con la gallina de los huevos de oro que ha sido y, de momento, sigue siendo el principado de Andorra.

Economía Digital

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