Andorra bloquea el juzgado barcelonés que investiga a los Pujol

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La justicia del Principado paraliza el envío de información sobre las cuentas del clan hasta que se decida un nuevo recurso interpuesto por sus abogados

Ismael García Villarejo

Jordi Pujol y su esposa Marta Ferrusola (izq.) junto a David Fernández (der.) antes de la comisión de investigación del Parlament
Jordi Pujol y su esposa Marta Ferrusola (izq.) junto a David Fernández (der.) antes de la comisión de investigación del Parlament

desde Madrid, 05 de marzo de 2015 (15:04 CET)

Los Pujol han ganado tres meses. La magistrada andorrana Maria Àngels Moreno ha paralizado el envío de la información sobre las cuentas opacas del clan al juzgado número 31 de Barcelona.

La titular de la sala catalana investiga la procedencia de los fondos, que el ex presidente autonómico relaciona con la herencia legada por su padre Florenci. Las sospechas radican en que el origen esté atado a la actividad política de Jordi Pujol.

Aunque el Estado pirenaico anunció que colaboraría con la justicia española, Moreno considera ajustado a la legislación del país que cabe esperar a que se dilucide un nuevo recurso interpuesto por los abogados del clan, encabezados por Cristóbal Martell.

Mientras no se admita o rechace el escrito, Andorra retendrá la información. La comisión rogativa redactada por el 31 de Barcelona queda en suspenso un máximo de tres meses.

Frenazo a la investigación

El frenazo en la colaboración entre ambos juzgados se produce pocas semanas después de que la misma togada andorrana decidiera bloquear las cuentas de Jordi Pujol Ferrusola.

Ahora sigue un procedimiento idéntico al que desarrolló en agosto pasado ante una rogativa similar. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz solicitó información a los bancos del Principado sobre las cuentas y los saldos del primogénito de la familia y de su mujer, Mercè Gironès.

Precedentes

Martell introdujo un recurso similar al que ahora se debatirá. El argumento principal es que las investigaciones en España se basan en "información robada". La jueza Moreno decidió entonces parar el proceso tres meses (como ahora), el máximo que le permite la ley, para decidir si admitía o no el recurso.

Finalmente, agotado el plazo, optó por atender a Ruz y desacreditar la estrategia judicial de Pujol Ferrusola. "Hay indicios de criminalidad que se han de clarificar", señaló en un contundente auto de 40 páginas en febrero.

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