Santiago Pedraz insta a la UDEF a que en 15 días aporte el informe sobre Oleguer Pujol

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Cataluña: Corrupción Política

El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz (i) y Oleguer Pujol Ferrusola (d)

en Barcelona, 13 de marzo de 2015 (21:48 CET)

Han transcurrido cinco meses desde que la Fiscalía Anticorrupción, acompañada de la UDEF, irrumpiera en el domicilio particular de Oleguer Pujol, hijo del ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Fue un registro ordenado por la Audiencia Nacional que investiga las multimillonarias operaciones inmobiliarias que la empresa Drago Capital, a través del Oleguer Pujol, llevó a cabo en Madrid, Melilla y Andalucía.

Durante aquella actuación policial, los agentes de al UDEF incautaron una ingente cantidad de documentación, sobre todo en soporte informático. Los expertos en análisis contable de la policía han tardado más de cuatro meses en volcar y clonar toda la información contenida en los discos duros que encontraron en la vivienda habitual de Oleguer.

Pedraz necesita munición

El juez Pedraz ha pedido ahora a la UDEF celeridad. Y le ha puesto una fecha tope para que le entreguen el informe con las conclusiones técnicas y penales a las que lleguen los investigadores: tienen 15 días. Sin esos datos, el magistrado no puede interrogar a Oleguer Pujol, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción considera que ya hay suficientes indicios para investigarle por blanqueo de capitales.

Fuentes de la UDEF consultadas por Economía Digital consideran prácticamente imposible tener ese informe listo para la fecha estipulada por Pedraz. Afirman que el volumen de información es prácticamente inabarcable y por, otro lado, aducen una situación de practico colapso en esa unidad como consecuencia de la constante aparición de escándalos de corrupción política y financiera.

La Agencia Tributaria continua investigando el expediente abierto hace más de un año al pequeño de los Pujol que, como él mismo reconoció en el Parlament, se ha acogido a todos los mecanismos de regularización fiscal que ha puesto el Gobierno a disposición de los defraudadores. 

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