El Estado perderá 2.000 millones de recaudación por la rebaja de la luz

Las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno para abaratar el recibo de la luz tendrán un impacto de 2.000 millones hasta final de año

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta Teresa Ribera

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, presentó este martes el anunciado y esperado plan del Gobierno para abaratar el recibo de la luz ante los máximos históricos registrados en el precio de la electricidad en el mercado mayorista en las últimas semanas y su consecuente repercusión social.

El real decreto-ley aprobado por el Ejecutivo incluye una batería de medidas, entre ellas fiscales, con las que estima que reducirá en un 22% de media la factura final de la electricidad de los consumidores hasta final de año, con el objetivo de lograr el compromiso anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el precio promedio pagado por usuario en 2021 sea equivalente al que abonó en 2018.

Para ello, el Ministerio de Transición Ecológica ha trabajado mano a mano con el de Hacienda en las últimas tres semanas para diseñar un paquete de medidas que tendrán un impacto recaudatorio de unos 2.000 millones de euros hasta final de año, el tiempo previsto de vigencia, según han confirmado a Economía Digital fuentes del Ministerio de Hacienda.

“Hemos trabajado con el ministerio de Hacienda, es una propuesta del Gobierno congruente con los objetivos acordados en el acuerdo de coalición, seria, solvente y que cuenta con aportaciones de departamentos directamente vinculados a las medidas del real decreto ley, y de forma muy destacada con Hacienda“, destacó la vicepresidenta Ribera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

No obstante, esa “pérdida” de 2.000 millones, tal y como adelantó La Información, es en verdad una menor recaudación de los ingresos extra que está obteniendo el Estado con los picos máximos del precio de la electricidad en los mercados mayoristas y su repercusión en el recibo de la luz y, por consiguiente, en la recaudación vía impuestos.

La rebaja del IVA, unos 566 millones

La mayor parte del impacto fiscal, alrededor de 1.400 millones de euros, procede de la rebaja del IVA de la luz desde el 21% al 10%, aprobado ya a finales del mes de junio hasta el 31 de diciembre. El impacto presupuestario se dividirá entre este año y el próximo porque el IVA de los meses últimos del ejercicio se ingresará en 2022. En términos de caja, el impacto para este año se estima en 566 millones.

La rebaja del IVA se dirige a los consumidores con una potencia contratada inferior a 10 kW, siempre que el precio medio aritmético del mercado mayorista de la electricidad correspondiente al mes anterior al del último día del periodo de facturación haya superado los 45 euros por MWh.

Según el Gobierno, la medida permitirá reducir la factura a 27,7 millones de hogares, autónomos y empresas, con un ahorro de 857,5 millones de euros. La práctica totalidad de hogares se beneficiará de la reducción del impuesto indirecto. El tipo del 10% en el IVA se aplica con la medida también al 72,5% de los contratos de suministro de electricidad de empresas y negocios (no domésticos).

Asimismo, se aplicar un 10% de IVA a los consumidores vulnerables severos y en riesgo de exclusión social (50% de los beneficiarios del bono social) hasta final de año, con independencia de su potencia contratada y del precio del mercado, lo que beneficiará a más de 612.000 hogares.

Impuesto de producción eléctrica y especial a la electricidad

Además, el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) que ya estaba suspendido para el tercer trimestre de 2021 seguirá estándolo hasta el 31 de diciembre. La suspensión de este tributo, que grava con un 7% los ingresos obtenidos por la venta de la electricidad en el mercado mayorista y se repercute en el precio de dicho mercado y en la factura final, tendrá un impacto de 400 millones por trimestre, alrededor de 800 millones de euros.

A esto se suma que se reduce el Impuesto Especial a la Electricidad al tipo mínimo que permite la UE -del 5,1% al 0,5%-. Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que la bajada del impuesto sobre la electricidad al 0,5% costará 380 millones de euros en la recaudación del último cuatrimestre de este año. El cómputo global del coste de las medidas fiscales eleva la cifra a un impacto fiscal de alrededor de 2.000 millones de euros.

También se inyectan 900 millones de euros adicionales, hasta un total de 2.000 millones, procedentes de los ingresos derivados de la subasta de derechos de emisión comunitarios. Irán a parar a la cuenta administrada por la CNMC con la que se cubren los cargos del sistema, de forma que repercutirá en la reducción de los cargos del recibo de la luz, como los costes asociados a la cogeneración, la electricidad en territorios no peninsulares, las primas históricas a las renovables, la gestión de residuos o la cobertura del servicio financiero para cubrir el déficit de tarifa eléctrica.

Las otras medidas: recorte a beneficios extraordinarios y tope a la subida del gas

Más allá de las medidas fiscales, la principal iniciativa del Gobierno para lograr rebajar el precio de la luz es la minoración temporal del exceso de retribución, los conocidos como ‘beneficios caídos del cielo’, que están obteniendo las centrales de generación eléctrica no emisoras de CO2 en el mercado mayorista gracias a la repercusión sobre el mismo de unos costes de gas que no soportan.

Se trata de un recorte de hasta 2.600 millones por estos beneficios extra que obtenían las eléctricas, que se conseguirán mediante la devolución del 90% de dichos beneficios al menos hasta el próximo 31 de marzo, fecha en la que podría empezar a varias la situación excepcional de precios disparados en el mercado mayorista.

De igual forma, se adopta un nuevo modelo de fijación de precios de la electricidad a través de subastas de contratos de compra de energía en las que los operadores dominantes –Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP– deberán ofertar un porcentaje de su capacidad de generación y las pequeñas comercializadoras o los grandes consumidores e industrias podrán adquirirla.

A su vez, se limita durante seis meses la subida de la tarifa regulada del gas natural para evitar que se dispare con motivo del encarecimiento de los precios internacionales del gas natural, de forma que en octubre subirá sólo un 4,6% en lugar del 29% que debería subir de aplicarse la fórmula vigente.

Las comercializadoras tendrán que financiar la diferencia entre lo que se ingresa por la tarifa y lo que tienen que pagar en el mercado para comprar el gas, y dichos montantes repercutirán en las siguientes revisiones con un mecanismo amortiguador similar al existente para las bombonas de butano, cuyo precio no puede subir nunca más de un 5%.

De esta forma, las comercializadoras recuperarán el dinero que les queda pendiente de ingresar en las siguientes revisiones trimestrales en las que el precio no tendría por qué subir la tasa indicada. El Ejecutivo crea un suministro mínimo vital para consumidores vulnerables y la limitación en la factura.

Igualmente, se modificará la Ley de Aguas para que se fije un régimen mínimo y máximo de los caudales mensuales que puedan turbinar las compañías hidroeléctricas, lo que evitará episodios de desembalses súbitos como los ocurridos este verano.

Los técnicos de Hacienda: “Son medidas coyunturales”

Los técnicos de Hacienda (Gestha) califican las bajadas de los tres impuestos (IVA, producción eléctrica y especial a la electricidad) como “medidas coyunturales de alivio a los consumidores”, pero consideran necesario adoptar otras que incidan en la causa del encarecimiento.

Entre otras, señalan el cambio de las reglas de fijación de precios, la suspensión temporal de las operaciones de futuros sobre los derechos de emisión de CO2, la realización de exámenes exhaustivos del mercado eléctrico por la CNMC o el fomento de las pequeñas instalaciones de energías renovables, para el autoconsumo de empresas, particulares y pequeños núcleos poblacionales.

Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “las medidas tributarias aprobadas solo sirven, si acaso, para paliar este problema, pero no lo resuelven. En cambio, de mantenerse la tributación como en 2020, la recaudación podría servir para ayudar a las familias vulnerables energéticamente.

Mollinedo apunta también que causó “perplejidad” hablar de bajadas de IVA para autónomos y empresas, porque ni les beneficia ni les perjudica, ya que deducen el mayor o menor IVA soportado en sus autoliquidaciones a Hacienda, con la única excepción de 1,2 millones de microempresarios en módulos, a los que “les sería más útil bajarles proporcionalmente el módulo”.