Estados Unidos vuelve a condenar a España por los laudos renovables con 79,5 millones por el caso Watkins
El tribunal destaca que los laudos del CIADI deben recibir el mismo reconocimiento que las sentencias definitivas de los tribunales estatales
Energía eólica. Foto Nicholas Doherty-Unsplash
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La Justicia de Estados Unidos vuelve a condenar a España por un caso relacionado con las primas renovables. Un tribunal ha condenado al país en el caso Watkins a indemnizar con 79,5 millones a la empresa afectada, tras denegar la moción de archivo presentada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
En este caso, ha sido el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia el que ha emitido un nuevo fallo donde concede una sentencia sumaria a favor de los inversores afectados.
La sentencia refleja la condena a pagar por la retirada retroactiva de las primas renovables, llevada acabo durante el Gobierno de Mariano Rajoy, así como por por los impagos de los laudos que fijan las indemnizaciones.
De este modo, la decisión confirma la responsabilidad de España de indemnizar a la empresa afectada por un valor de algo más de 79,5 millones, de los cuales 77 millones son en concepto de daños y 2,5 millones corresponden a intereses, costes de arbitraje y honorarios legales que irá en aumento si no se alcanza un acuerdo a corto plazo.
La corte del país norteamericano declara también «el laudo inmediatamente ejecutable en territorio estadounidense, lo que permite iniciar sin demora el proceso de discovery order que permite aflorar bienes de España en el país norteamericano para proceder a su correspondiente embargo, en caso de que el Ejecutivo siga negándose a cumplir con la ley», destacan los afectados.
El tribunal rechazó los argumentos de defensa de España y, siguiendo el precedente de la Corte de Apelaciones en el caso NextEra Energy Global Holdings B.V. v. Reino de España, ratificó su plena jurisdicción sobre esta materia, en virtud de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) a la que España quiso ligar su defensa.
Oleada de laudos renovables contrarios a España
Asimismo, la corte recuerda que España suscribió un acuerdo de arbitraje vinculante mediante el Tratado de la Carta de la Energía, por lo que los laudos del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, dependiente del Banco Mundial) deben recibir en EEUU el mismo “pleno reconocimiento y crédito” que las sentencias definitivas de los tribunales estatales, desestimando la tesis del gobierno español según la cual la normativa europea impide el reconocimiento y ejecución del laudo.
Este pronunciamiento llega tras una oleada de resoluciones adversas a España por los recortes retroactivos a las primas a las renovables. En las últimas semanas, los tribunales estadounidenses han confirmado laudos contrarios a España en los casos Eurus (Toyota Group), RREEF, Infrastructure Services (Antin) e Infrared.
En conjunto, y sumadas a la sentencia del caso Watkins, todas estas condenan imponen a España la obligación de abonar indemnizaciones por valor de 440 millones de euros.
Hasta la fecha, España acumula 26 laudos impagados relacionados con las inversiones en energías renovables con una factura pendiente de pago superior a 1.492 millones de euros.
Esta cifra se incrementa a 1.874 millones al sumar los más de 390 millones derivados de los sobrecostes financieros y judiciales por los impagos derivados de la estrategia del Ejecutivo.
De este modo, la falta de cumplimiento de las sentencias, apoyada por el respaldo de Bruselas, ya ha provocado embargos de activos soberanos en Bélgica, Estados Unidos o Reino Unido, como la ocurrida el pasado julio con el embargo de las tasas de control aéreo que recauda Eurocontrol y que, en teoría, desembolsa a ENAIRE.
Estos pagos, valorados en 80 millones, han sido consignados a favor de las empresas denunciantes, ante la constatación de que las deudas siguen pendientes de pago.
El tribunal examinará en septiembre un último recurso de España
El Tribunal Supremo de Estados Unidos examinará a finales de septiembre una última petición de recurso presentada por España y, salvo que el Alto Tribunal acepte las alegaciones que el resto de cortes han venido descartando, el gobierno español quedará sin más vías de apelación en territorio norteamericano.
En paralelo, la justicia australiana dictaminó el pasado agosto que cuatro de los 26 laudos arbitrales pendientes de pago también han quedado plenamente reconocidos ante sus tribunales, de modo que podrán ser ejecutados contra España, todo por un valor conjunto de unos 469 millones de euros.
En los tribunales extranjeros se siguen acumulando sentencias adversas, ampliando la presión sobre el Gobierno de España para buscar una solución definitiva a este conflicto.
Dicha salida es «sencilla», según explican las empresas afectadas, puesto que pasa «simplemente por restaurar la confianza a base de pagar las deudas pendientes», tal y como hizo el Ejecutivo el pasado mes de junio cuando optó por zanjar el caso JGC con el pago de la indemnización estipulada originalmente.
