El Gobierno frena la fiscalización de las medidas de la pandemia y del ingreso mínimo por la AIReF

La Autoridad Fiscal denuncia la falta de diálogo y aclaración del Gobierno para la fiscalización de las medidas Covid y la demora en la firma de un convenio con la Agencia Tributaria para poder evaluar el ingreso mínimo vital

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal Cristina Herrero, presenta informe sobre el gasto público, este miércoles en Madrid. EFE/Víctor Casado

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El Gobierno de Pedro Sánchez está retrasando la fiscalización por parte de la AIReF del gasto público de más de 140.000 millones de euros realizado durante la pandemia al no concretar el encargo y el Ministerio de Hacienda demora la evaluación del ingreso mínimo vital (IMV), con un gasto de 3.000 millones, al no terminar de suscribir la Agencia Tributaria un convenio necesario para ello.

Así lo ha lamentado este miércoles la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, quien ha exigido mayor autonomía para poder fiscalizar las políticas públicas de relevancia desarrolladas durante la pandemia y ha lamentado la falta de diálogo y concreción del Gobierno para decidir en conjunto las políticas a evaluar en la primera fase del ‘Spending Review’ 2022-2026.

Herrero ha señalado, en una rueda de prensa para presentar la nueva división de evaluación de gasto público del organismo, que «no se ha producido diálogo y coordinación» con el Gobierno para determinar las políticas a evaluar en la primera fase del nuevo ‘spending review’, algo que ha achacado a la urgencia del cumplimiento de los hitos del Plan de Recuperación, pero cree que podrá mejorar en próximas fases.

En este sentido, ha recordado que el acuerdo de encargo del Consejo de Ministros establece lo que se va a cometer en los años posteriores y considera que «no es una lista cerrada», por lo que confía en que haya tiempo para concretar, esperando que se pueda seguir avanzando en temas de Sanidad, del ámbito asistencial y sociosanitario, de recursos humanos, educación o dependencia, incluso áreas como la justicia.

«Muchas veces, cuando la administración cuando hace el encargo, no tiene muy claro qué es lo que hay que evaluar; es una posición un poco incómoda, porque se nos pone un plazo para evaluar algo, pero sin concretarnos qué hay que evaluar«, ha criticado.

Espera evaluar los 140.000 millones de las medidas Covid

En su intervención Herrero se ha producido un «solapamiento» entre la tercera fase del Spending review de 2018-2021 y la primera fase del relativo al periodo 2022-2026 debido a que el Gobierno no suscribió el plan de acción del nuevo spending hasta el mes de diciembre, acumulándose un retraso de cuatro meses.

Así, ha lamentado también a la «indefinición» sobre el alcance de la primera fase del ‘Spending review’ 2022-2026, ya que, según ha detallado, el Gobierno se demoró en la realización del encargo y una vez aprobado por el Gobierno, la AIReF ha realizado una propuesta «ambiciosa«, en línea con otros países europeos que han evaluado las medidas adoptadas durante la pandemia, como Francia, Italia, Irlanda, Reino Unido y Suiza, siendo además una recomendación del Ecofin, tal y como ha recordado.

Sin embargo, Herrero ha indicado que continúan a la espera de «concreción» por parte del Gobierno, pero entienden y verían «pertinente» por lo señalado en el encargo aprobado en el Consejo de Ministros y lo recogido en el Plan de Recuperación que el organismo evaluará en esa primera fase la eficacia de los 140.000 millones de euros en avales del ICO desplegados durante la pandemia en apoyo del tejido productivo.

En lo referido a la evaluación del Ingreso Mínimo Vital encargado por el Ministerio de Seguridad Social conforme a lo fijado por ley, tanto Herrero como el director de la nueva División de Evaluación del Gasto Público de la AIReF, José María Casado, han detallado que continúan a la espera de que la Agencia Tributaria firme con la AIReF un convenio necesario para la tarea y han recordado que la evaluación está establecida con carácter anual por una ley.

«El convenio tenía que estar firmado», ha apostillado Herrero, toda vez que tanto el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) como la AIReF están de acuerdo con el texto que precisa del visto bueno de Hacienda. Herrero cree que el primer año puede requerir «un poco más de tiempo» pero a posteriori habrá que simplificar el procedimiento. Con todo, AIReF va a insistir «en que los plazos corren y es importante poder sacar la primera evaluación del IMV».

La norma de la renta mínima establece que la Autoridad Fiscal debe evaluar en el primer semestre de 2022 el diseño del ingreso mínimo, los resultados obtenidos y su implementación y gestión, pero la demora del Gobierno en los trámites y requisitos previos está postergando la realización del encargo a la AIReF.

AIReF asume la vuelta de las reglas fiscales en 2023 y exige un plan de ajuste

En cuanto a la suspensión de las reglas fiscales por parte de la UE, Herrero ha asumido que volverán en 2023, por lo que ha vuelto a exigir al Ejecutivo que aborde ya el diseño de un plan de consolidación fiscal a medio plazo. No obstante, ha dicho ver por ahora «impensable» que se vaya a regresar a la exigencia del cumplimiento de los objetivos existentes antes de la suspensión (60% de deuda sobre PIB y déficit del 3%), por lo que augura la necesidad de modificar dichas reglas, ya que regresar al mismo marco fiscal sería incumplible para España y otros tantos países tras los efectos de la crisis.

De cualquier forma, ha urgido al diseño del plan de ajuste en España de forma crítica ante la postergación del mismo por parte del Gobierno: «Fiarlo todo a lo que vaya a hacer Europa y si vamos a volver a un marco de reglas fiscales es un ejercicio simplista. Deberíamos tener claros nuestros objetivos a medio plazo«, ha enfatizado.

Revisión del gasto público: ya ha evaluado más de 100.000 millones

En el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España recoge un paquete de reformas para la modernización de las políticas activas de empleo, así como la simplificación y racionalización de los incentivos a la contratación, de acuerdo con el análisis (spending review) de la AIReF.  La reforma contemplaba la creación una Unidad de Seguimiento en el Ministerio de Hacienda, constituida a mediados de septiembre tras la aprobación por el Gobierno de la creación de una División de Evaluación del Gasto Público, en el marco del Plan Estratégico 2020-2026 de la institución.

No obstante, la AIReF, creada en 2013, en línea con otros Estados miembros de la Unión Europea, empezó a abordar un proceso gradual de revisión del gasto público del conjunto de las administraciones públicas con el primer spending review para el periodo 2018- 2021, del que ya se han desarrollado las dos primeras fases, que han incluido 11 ejercicios de ‘spending reviews’, ya finalizados por AIReF, y se trabaja en la tercera fase.  Hasta la fecha, la AIReF ha evaluado unos 100.204 millones de euros entre las dos primeras fases del ‘spending review’ y los encargos puntuales de CCAA y Estado.

En la primera fase se analizaron 32.350millones relacionados con el área de subvenciones, que abarcaba: el fortalecimiento de la competitividad empresarial a través del programa de Reindustrialización y Competitividad Industrial (RCI); la Sociedad Estatal de Correos y la prestación del servicio postal universal; el Programa de Promoción del Talento y su empleabilidad en I+D+i; las becas de educación universitaria; las políticas activas de empleo; los medicamentos dispensados a través de receta médica; y la estrategia y procedimientos en la concesión de subvenciones.  

En la Fase II la AIReF analizó la eficacia y la eficiencia de 57.900 millones de euros en cuatro áreas de estudio: los beneficios fiscales; el gasto en farmacia hospitalaria y bienes de equipo; los incentivos a la contratación; y las infraestructuras de transporte.

Actualmente trabaja en la tercera fase, que abarca un gasto público de 13.850 millones de euros y que incluye la evaluación de los instrumentos financieros de apoyo a sectores productivos con medidas para la internacionalización (7.150 millones) y la gestión de residuos urbanos (6.700 millones).

Evaluará más de 160.000 millones: medidas Covid, IMV y encargos de CCAA

Dado que la tercera fase del primer ‘spending review’ va con retraso, Herrero ha confirmado que la puesta en marcha del plan de acción del nuevo spending review para el periodo 2022-2026 se atrasará al año que viene. En la actual fase de elaboración del Plan de Acción la AIReF cuenta con que finalmente se incluirán los 140.000 millones de euros de los instrumentos financieros de apoyo a sectores productivos durante la pandemia (avales ICO), así como 2.200 millones de mutualismo.

El resto de fases incluirán la ayuda oficial al desarrollo, el marco financiero plurianual, las políticas de empleo y la Incapacidad Temporal. Además del ‘spending review’, la AIReF tendrá que llevar a cabo, al ser un encargo de evaluación permanente del Estado, los 3.000 millones del ingreso mínimo vital en lo referido a su diseño, resultados y procedimientos.

Además de todos estos encargos de evaluación permanente, la AIReF realiza evaluaciones puntuales por encargo de diferentes administraciones. Del Estado ya hizo la evaluación sobre las rentas mínimas (7.000 millones) y trabaja en lo referido a la herramienta Fonprode de cooperación financiera internacional (500 millones).

Además, se han realizado evaluaciones encargadas por las CCAA relacionadas con la sanidad, las políticas activas de empleo, la educación y otras áreas que afectan a recursos por valor de 3.200 millones, las más relevantes de Aragón: sanidad farmacia (585 millones), universidad (250 millones) y educación (720 millones), así como Andalucía sobre universidad (1.520 millones).

También tiene en curso la evaluación encargada por Extremadura sobre sanidad, farmacia y recursos humanos (1.430 millones) y políticas activas de empleo (130 millones), así como por parte de Castilla y León sobre publicidad institucional (11 millones). Además, ha recibido el encargo de Castilla y León para evaluar la política industrial (420 millones) y educación (520 millones), de Valencia sobre sanidad, así como de Baleares sobre sanidad, farmacia, rrhh y educación, y en la misma línea por Aragón.

Por ahora, ocho regiones (Madrid, Canarias, Galicia, Asturias, País Vasco, La Rioja, Castilla-La Mancha y Murcia) no han realizado encargos oficiales de evaluación a AIReF desde su creación, aunque dos han contactado ya interesados. Según cálculos realizados por Economía Digital, actualmente la AIReF trabaja y tiene encargos para la evaluación de 162.211 millones de gasto público conforme a las partidas descritas.

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