El Gobierno contempla subir aún más las cotizaciones si la reforma de pensiones es insuficiente
Si el Gobierno no toma medidas ante una alerta de la AIReF de "exceso de gasto" en pensiones, la cotización del mecanismo de equidad intergeneracional aumentará de manera automática hasta equilibrar el sistema
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. EFE/Ramón de la Rocha
El Estado seguirá incrementando el gasto en pensiones y los ingresos por gravar más los salarios equilibrarán el sistema. Esta es la idea principal de la última parte de la reforma de las pensiones del Gobierno que, sin embargo, queda sujeta a unos informes que realizará cada tres años la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
Según el borrador de la reforma al que ha tenido acceso ECONOMÍA DIGITAL, la autoridad de control fiscal analizará a partir de marzo de 2025 el impacto fiscal de la primera y de la segunda parte de la reforma de pensiones y del nuevo sistema de cotizaciones de los autónomos para determinar si los ingresos de la Seguridad Social son suficientes para sostener el nivel de gasto.
En caso contrario, habrá que «corregir de forma equilibrada» el desajuste y una de las vías a las que se abre la puerta es a subir más las cotizaciones sociales, contemplando incluso un aumento automático del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) si el Gobierno no legislara «medidas correctoras del exceso de gasto neto en pensiones» tras un informe de la AIReF que alerte del exceso de gasto.
Plan de acción en caso de desajuste fiscal
En concreto, la AIReF calculará el impacto medio anual de las reformas basándose en el último informe de envejecimiento de la Comisión Europea: si los ingresos tienen un impacto anual medio del 1,7% del PIB, el gasto medio en pensiones no deberá superar el 15% del PIB en el periodo 2022-2050.
En el caso de que los ingresos fueran superiores a ese 1,7%, el gasto podrá superar el 15% del PIB en la misma medida que lo hacen los ingresos. Y, al revés, si la recaudación de la Seguridad Social es inferior a dicha cuantía, el gasto tendrá que quedar bastante por debajo del 15%.
Si el análisis percibe unos ingresos menores de lo previsto y un «exceso de gasto», el Gobierno tendrá que convocar a los agentes sociales y elaborar una propuesta a la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo, contemplándose varias soluciones. «Un aumento de las cotizaciones sociales u otra fórmula alternativa de incrementar los ingresos o una reducción del gasto en pensiones en porcentaje del PIB o una combinación de ambas», detalla el documento.
Como resultado, el Gobierno enviaría un proyecto de ley al Congreso con las medidas a adoptar, pero, en caso de que el Gobierno decidiera no legislar, «la cotización del mecanismo de equidad intergeneracional aumentará para compensar dos décimas partes el exceso estimado por la AIReF» más otras dos décimas partes en cada uno de los años siguientes hasta que se adopten nuevas medidas del mismo impacto o el exceso de gasto sea corregido.
Los cálculos del Ministerio de Trabajo
Este mecanismo de control ha sido fundamental para contentar a una de las tres patas de la negociación de la reforma: la Comisión Europea, ya que con él se garantiza que, de no alcanzarse la sostenibilidad del sistema de entrada, se deberán recortar los gastos o, de manera automática, aumentar los ingresos.
Lo que ha convencido al ala morada del Gobierno de la reforma ha sido el cambio de postura del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, sobre el periodo de cómputo y la inclusión de las tesis del Ministerio de Trabajo, con Yolanda Díaz a la cabeza, en lo que se refiere al incremento de las cotizaciones. «Nos sentimos muy cómodos del acuerdo», reconocían este viernes desde el ministerio.
Según estas mismas fuentes, entre el aumento de las cotizaciones de los autónomos y la retirada de los gastos impropios de la Seguridad Social, «a la Seguridad Social se le están metiendo casi tres puntos del PIB, que es el reto que tenemos en el pico de la jubilación del baby boom«, por lo que, en su opinión, se está garantizando la sostenibilidad del sistema. A esto se suman el MEI, el destope de las bases máximas de cotización y la cuota de solidaridad a los sueldos altos, que recaudarán «más de 15.000 millones» anuales, un 1,2% del PIB de 2023, cuando estén desplegadas completamente.
Encarecimiento de la contratación
Según el borrador de la reforma, que amplía los detalles conocidos este viernes, el MEI llegará al 1,2% en 2029, recayendo el 1% en la empresa y tan solo el 0,2% en los trabajadores. En 2023, el reparto es del 0,5% para los empleadores y del 0,1% para los trabajadores.
También tiene un reparto desigual la cuota de solidaridad, que grabará la parte de renta por encima de los 53.946 euros anuales y terminará con un tipo del 6% en 2045, siendo la contribución de la empresa el 5%. Lo mismo sucede con el destope de las bases máximas, ya que, según el Ministerio de Trabajo, los empleadores soportan ya el 83,4% de las cotizaciones sociales y los trabajadores solo el 16,6%.
El encarecimiento de la contratación con estas medidas es el principal motivo que ha llevado a las patronales CEOE, Cepyme y ATA a rechazar totalmente el acuerdo, tildando al Gobierno de tener «voracidad recaudatoria a través de propuestas populistas» y de haber hecho una «cesión de soberanía sin precedentes» a Europa acordando antes la reforma en ese foro.
Por el contrario, los sindicatos UGT y CCOO consideran que la propuesta va en la buena dirección y hacen una «especial valoración positiva» del refuerzo de los ingresos del sistema y de que, por primera vez, cotizarán la totalidad de los salarios. En este contexto, el próximo lunes volverán a reunirse en la mesa de diálogo todos los agentes sociales sin que haya ninguna señal que atisbe un acuerdo unánime. Acuerdo que sí tendrá que conseguir el Gobierno en el parlamento para convalidar el real decreto-ley de la reforma.
