La reforma de las pensiones mitiga el hachazo a los autónomos y se ceba con las empresas

La nueva 'cuota de solidaridad' a salarios altos, una de las tres medidas para ingresar más al sistema de pensiones, se aplicará solo a trabajos por cuenta ajena y no podrá ser limitada en los presupuestos, como pidieron los sindicatos

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, durante la firma con UGT y CCOO del acuerdo para la última parte de la reforma de las pensiones. EFE/ Javier Lizon.

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, durante la firma con UGT y CCOO del acuerdo para la última parte de la reforma de las pensiones. EFE/ Javier Lizon.

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La última parte de la reforma de las pensiones que el Gobierno aprobará por real decreto-ley este jueves configura un nuevo sistema para las siguientes décadas basado en un incremento progresivo del gasto, desde el 12,2% actual del PIB hasta más del 15% en 2047, y en un refuerzo nunca visto de los ingresos a cargo, principalmente, de las empresas.

Según el último borrador de la normativa al que ha tenido acceso ECONOMÍA DIGITAL, una de las novedades del texto tras su paso por el diálogo social es la nueva redacción de la ‘cuota de solidaridad’ a los salarios más altos, una de las tres medidas para ingresar más al sistema de pensiones, junto con el incremento de las bases máximas de cotización y la ampliación del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI).

El borrador establece que la cotización adicional de solidaridad se aplicará solo a trabajos por cuenta ajena, quedando libres los autónomos, y no podrá ser limitada en los presupuestos, como pidieron los sindicatos. De esta manera, la medida grava todo el salario que supere la base máxima de cotización de cada año, cantidad por la que actualmente no se pagan cotizaciones a la Seguridad Social, y se elimina la posibilidad de que futuros gobiernos puedan acotar a través de los Presupuestos un importe máximo de salario sobre el que se aplique este nuevo impuesto, algo que sí aparecía en el primer borrador de la reforma.

La tasa será del 1% en 2025 e irá incrementándose a un ritmo de 0,25 puntos porcentuales por año hasta llegar al 6% en 2045. La empresa comenzará pagando un 0,83% y el trabajador un 0,17%, pero el reparto terminará siendo del 5% para la empresa y del 1% para el trabajador cuando finalice la implementación. Además, el pago de esta cotización adicional no computará para recibir una pensión mayor, por eso su carácter ‘solidario’.

Más allá de esto, las empresas que paguen salarios superiores a la base máxima de cotización, de 4.495,50 euros mensuales o de 53.946 euros anuales en 2023, se enfrentarán a otro impuesto al trabajo mayor en su capacidad recaudatoria: el destope de las bases máximas. La reforma aumenta progresivamente este tope entre 2024 y 2050 a razón de la cuantía anual del IPC más la cifra fija de 1,2 puntos porcentuales. Esta medida y la cuota de solidaridad afectarán a 1,2 millones de contribuyentes, según el ministerio.

Por último, el apartado de los ingresos se completa con la ampliación del MEI, que ya entró en vigor el uno de enero de 2023 y cuya recaudación va íntegramente a la conocida como ‘hucha de las pensiones’ (Fondo de Reserva de la Seguridad Social). El MEI pasa de los 0,6 puntos porcentuales actuales a los 1,2 puntos en 2029, incrementándose una décima al año. La empresa terminará pagando el 1% y el trabajador el 0,2% y se abonará hasta 2050, 18 años más de lo previsto en la primera parte de la reforma de pensiones.

Según el Ministerio de Seguridad Social, estas tres medidas ingresarán en torno a un 1% anual del PIB en la década de 2040, cuando se abordará el mayor reto demográfico por la jubilación de los últimos nacidos en el baby boom. Lo cual equivale, según cálculos del Ministerio de Trabajo con el PIB de 2023, a unos 15.000 millones de euros anuales.

Cinco medidas que incrementan el gasto

Esta reforma establece al menos cinco medidas que aumentan el gasto en pensiones y se suman a otras adoptadas por el Gobierno de coalición desde febrero de 2021, siendo la más importante por su magnitud en el desembolso la de la revalorización de las pensiones contributivas con el IPC, aprobada a finales de 2021. Las nuevas medidas son las siguientes:

  • Régimen dual para el periodo de cómputo: durante 18 años convivirán dos opciones para calcular la pensión y la Seguridad Social asignará automáticamente en cada caso la que más beneficiosa sea, es decir, la que permita cobrar mayor pensión. A partir de 2026 se podrán contar los 29 últimos años de carrera descartando los 24 meses peores o contar los 25 últimos años, como se hace actualmente. Ambos sistemas estarán en vigor hasta 2040, teniendo un periodo transitorio de otros cuatro años, por lo que a partir de 2044 solo quedará la opción de los 29 años menos dos. De esta manera se beneficia a los trabajadores con carreras más irregulares, pero aumentará el gasto.
  • Incremento del complemento de la brecha de género: se revalorizará anualmente la cuantía del complemento conforme al IPC más un incremento adicional del 10% sobre la revalorización en el bienio 2024-2025.
  • Mejora de las lagunas de cotización: se amplía el porcentaje de base mínima a partir del mes 48 en lagunas de cotización de mujeres para evitar un impacto desfavorable de la nueva fórmula del periodo de cómputo.
  • Subida histórica de las pensiones mínimas: se establece un sistema de subidas anuales por encima del IPC para alejarse de la pobreza. En el caso de las pensiones mínimas con cónyuge a cargo, la senda es hacia la convergencia con el 60% de la renta mediana de un hogar con dos adultos en 2027, mientras que las pensiones no contributivas convergerán en ese mismo año con el 75% del umbral de la pobreza de un hogar unipersonal.
  • Aumento de las pensiones máximas: las pensiones máximas se revalorizarán año a año con la cuantía anual del IPC, más un incremento adicional de 0,115 puntos porcentuales acumulativos cada año hasta 2050. A partir de 2050 y hasta 2065 habrá incrementos adicionales.

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