Los inspectores de trabajo van a la huelga contra Yolanda Díaz: “Lo que aplica fuera, que lo haga dentro” 

Los sindicatos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social van un paso más allá y redoblan la presión sobre la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para que cumpla con el acuerdo con mejoras laborales firmado en julio de 2021.

La movilización de estos trabajadores públicos, el cuerpo más destacado dentro del Departamento de Empleo, entra en una segunda fase con paros de media hora durante varios días a lo largo de mayo, que se intensificarán en junio hasta ir a una semana completa de huelga a finales de mes, del 26 al 30 de junio. Un paro que podría ser indefinido, han advertido los sindicatos convocantes.

“Lo mismo que el diálogo social se hace de puertas para afuera y se consiguen muchos acuerdos, queremos que lo hagan de puertas adentro en el propio Ministerio”, reclama la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Ana Ercoreca, en conversación con Economía Digital.

El SITSS es una de las centrales convocantes, junto con CCOO, CIG, CSIF, SISLASS, UGT, UPIT y USESS. Todos ellos reclaman que tanto el departamento que dirige Díaz como el Ministerio de Hacienda, que también es responsable de Función Pública, cumplan tanto con el acuerdo firmado en julio de 2021 con los sindicatos como con el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo, aprobado en noviembre de ese mismo año y que termina en diciembre de este año sin haberse implementado aún. De hecho, sostienen las fuentes sindicales consultadas, esta nueva estructura forma parte de las reformas comprometidas con Bruselas para el desembolso de los fondos Next Generation EU y aún no se ha cumplimentado.

La Inspección «no da abasto»

El propio secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, salió al paso de las críticas en la última rueda de prensa para presentar los datos del paro registrado, donde defendió la labor “encomiable” de este cuerpo de funcionarios y subrayó que van a aumentar en más de 600 efectivos (el 30%) la plantilla de inspectores y subinspectores, así como el personal auxiliar y administrativo. “El presupuesto que el Estado destina a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha experimentado desde 2020 un incremento del 41,5%”, cifró.

Sin embargo, los sindicatos rechazan estas afirmaciones: “Nos dicen que se ha reforzado el organismo con mayor dotación presupuestaria, pero no se ha asignado al fin, que era la puesta en marcha de la estructura”, denuncia Ercoreca. A esto se suma que las relaciones de puestos de trabajo no consiguen cubrir las plazas que se abren, algo por lo que señalan a Función Pública, cuya máxima responsable es la ministra María Jesús Montero.

«Tenemos que soportar una negociación oculta y oscura entre ambos ministerios que desconocemos a donde conduce», aseguran los sindicatos convocantes de los paros en un comunicado.

La Inspección de Trabajo “no da abasto”, aseguró este martes el portavoz de CSIF en el cuerpo, Miguel Ángel Montero, durante una rueda de prensa en el propio Ministerio de Trabajo para anunciar la nueva fase de movilizaciones. Que el cuerpo esté “muy debilitado” deja, a su juicio, los derechos de los trabajadores “al albur de los empresarios”.

Un organismo clave para la coalición

Y esto es así, explica Ercoreca, porque es precisamente la Inspección de Trabajo la que se encarga de que se cumplan algunas de las políticas bandera del Gobierno de coalición y, en particular, del Ministerio de Trabajo y Economía Social, como son los incrementos del salario mínimo interprofesional, las cotizaciones de las empleadas del hogar o la conversión de temporales fraudulentos en indefinidos.

Además, el Sindicato de Inspectores de Trabajo también ha anunciado una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), asegurando que con la falta del refuerzo de la Inspección se está vulnerando el convenio 81 y por la ausencia de negociación entre Trabajo y sus funcionarios se estarían vulnerando los convenios 87 y 151 de esta agencia de las Naciones Unidas.

La plantilla de la Inspección de Trabajo cuenta, en la actualidad, con unos 2.000 inspectores y subinspectores, además de unos 850 puestos de personal estructural. De cumplirse con lo prometido por el Gobierno, se sumarían unos 800 funcionarios más para evitar irregularidades en el mercado laboral.