El límite del 2% del Gobierno en los alquileres afectará a la inversión del 34% de compradores

El 12% de los compradores ha desistido en su intención de invertir por el límite del 2% del Gobierno en la actualización de rentas

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El límite del 2% en la actualización del alquiler de vivienda aprobado por el Gobierno en el marco del Plan de respuesta al impacto de la guerra de Ucrania entre el 1 de abril y el próximo 30 de junio afectará a la inversión del 34% de las personas que buscan invertir en vivienda para ponerla en el mercado del alquiler.

Esta será una de las principales consecuencias de la medida del Ejecutivo, según revela una encuesta realizada por el portal inmobiliario idealista y sobre la que buena parte del sector ya advirtió que impactaría en la inversión y en la toma de decisiones de los compradores al poder ver limitada la rentabilidad de la misma.

La encuesta, realizada a a más de 7.000 usuarios de la plataforma en la primera semana de abril, refleja que un 34% de los compradores cree que el límite afectará a su inversión y más de la mitad de ellos (18%) estima que la medida durará años. Otro 25% cree que la medida no debería afectar a sus planes de inversión, mientras que el 41% no tiene aún claro si podría llegar a afectarle.

Aun así, se mantiene el interés por la inversión en vivienda y el 88% de los encuestados sigue apostando por esta vía, mientras que el 12% ha decidido abandonar el proceso ante el cambio de circunstancias. Entre los motivos que esgrimen las personas que mantienen su inversión, el 35% especifica que está buscando seguridad de cara a su futura jubilación y el 32% lo hace para aumentar los ingresos actuales de su unidad familiar.

Asimismo, el 26% de los encuestados busca cubrirse frente a la inflación y el 23% busca obtener una segunda vivienda “que se pague sola”. La inversión en vivienda para ponerla en el mercado del alquiler es la principal opción (el 58%), seguida de la compra para poner la vivienda en el mercado vacacional (17%) y la compra para reformarla y ponerla otra vez en venta (8%).

Límite del 2% en la actualización de rentas

La norma aprobada por el Ejecutivo contempla que la actualización de las rentas por alquiler tengan una revalorización máxima del 2% si se trata de grandes propietarios y permite libertad de pactos en el resto de propietarios. Es decir, el inquilino tendrá la posibilidad de negociar con el arrendador el incremento que se aplicará en esa actualización anual de la renta.

Eso sí, en ausencia de pacto, la renta no podrá actualizarse por encima de la variación experimentada por el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), situado actualmente en el 2%, lo que según idealista implica de facto que la aplicación de esta medida será para todo el parque inmobiliario en alquiler.

En el caso de que el arrendador sea un gran tenedor (titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial), el pacto a alcanzar entre propietario e inquilino no podrá suponer un incremento superior a la variación anual del IGC. Así, para un contrato de alquiler de vivienda de 600 euros, la aplicación de la nueva medida podría suponer un ahorro de más de 33 euros mensuales.

El portavoz de idealista, Francisco Iñareta, señala que “el Gobierno ha vuelto a cargar sobre los propietarios particulares lo que es responsabilidad de la Administración y obliga a que no se cumpla la cláusula de actualización de los contratos de alquiler«. «La medida supone un nuevo varapalo para los arrendadores, que de nuevo vuelven a ver cómo cambian las reglas a mitad de partido y que en muchos casos provocará la retirada de sus viviendas del mercado ante la evidente inseguridad legal que supone», denuncia.

En este sentido, advierte de que el efecto que puede lograr puede ser justo el inverso al deseado y recuerda que la experiencia vivida en Cataluña ha demostrado que cualquier medida no incentivadora en el mercado del alquiler tiene consecuencias inmediatas como la «retirada de producto del mercado, la subida de los precios y la dificultad al acceso para las personas que buscan una vivienda en alquiler, especialmente para los más vulnerables”.

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