Más de un centenar de fortunas con cuentas opacas en Suiza serían catalanas

Catalunya aportaría más del 10% de las grandes fortunas, poco más de un centenar de un total de un millas, que Hacienda tiene bajo la lupa por tener cuentas sin declarar en el banco HSBC en Suiza. En total se considera que los titulares de las cuentas son un millar, que tendrían 6.000 cuentas con una cifra que podría llegar a los 8.000 millones.

Catalunya es la segunda comunidad con más contribuyentes incluidos en la lista que el Gobierno español obtuvo a través de las comunidades francesas. Por su parte, Baleares está investigando a unos 20 contribuyentes y Asturias a otros cuatro.

Por su parte, el 40% de las 1.000 grandes fortunas que investiga Hacienda con cuentas opacas en Suiza residen en la Comunidad de Madrid, según ha podido saber CincoDías.com de fuentes cercanas al proceso. La hacienda autonómica ya ha enviado a estos contribuyentes requerimientos para que regularicen su situación fiscal, que afecta al impuesto sobre el patrimonio de los ejercicios 2005, 2006 y 2007.
En el requerimiento, Hacienda reclama que los contribuyentes demuestren que han tributado por los fondos que tienen en Suiza o que regularicen su situación en el IRPF de los ejercicio 2005 y siguientes.

El próximo jueves prescribe cualquier irregularidad cometida en las campañas de la renta y de patrimonio de 2005. Es por ello que tanto la Hacienda central como la autonómica han remitido en las últimas semanas los requerimientos, ya que el envío de esta notificación suspende automáticamente el plazo de prescripción.

En caso de que los contribuyentes no salden sus posibles deudas con Hacienda, la Agencia Tributaria iniciará una investigación que podría derivar en la apertura de un proceso penal. Según el Código Penal, cuando un fraude supera los 120.000 euros se considera delito fiscal y puede acarrear castigos de hasta cuatro años de cárcel. Dentro de seis meses, cuando entre en vigor la reforma del Código Penal que se publicó en el BOE esta semana, la pena de prisión máxima será de cinco años.