Montero promete acabar con la alta temporalidad en la Administración antes de junio de 2022
Convocará las ofertas de empleo público de estabilización antes de junio de 2022, implantará el teletrabajo entre los funcionarios en enero y aprobará la Ley de Función Pública el próximo año
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparece en el Congreso. / EFE
Compromiso de calado del Gobierno con los más de 2,6 millones de empleados públicos de la Administración española. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha mantenido el compromiso de acabar con la excesiva temporalidad en la Administración en poco más de medio año.
Para lograr acabar con la alta temporalidad ha avanzado la aprobación de las ofertas de empleo público de estabilización antes del 1 de junio de 2022, según ha anunciado durante su primera comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Función Pública en el Congreso de los diputados como responsable de la cartera de Función Pública, tras asumirla el pasado 10 de julio con motivo de la remodelación de Gobierno.
El objetivo que se marca el Gobierno reducir la tasa de temporalidad del 30% actual por debajo del 8% en el conjunto de las administraciones, siendo una «exigencia» que sólo cumple la Administración General del Estado (7,04%), frente a las cifras mucho más elevadas de otras administraciones, que elevan la tasa del conjunto del sector público (30%) por encima de la del privado (23,6%).
Este es precisamente uno de los puntos que reprocha CEOE al Gobierno en su pretensión de reducir la. temporalidad en el sector privado. El último documento del Ejecutivo para la reforma laboral propone limitarla en función de tamaños de la empresa desde un 4% en pymes al 8% en general, y fijar un máximo de 3 meses para los contratos temporales, teniendo que hacerse fijos a partir de los cinco.
“No es de recibo que quien ejerce un trabajo estructural en la Administración lo haga como temporal”, ha recalcado la ministra, para referirse a continuación al Real Decreto-ley 14/2021 de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público aprobado en Consejo de Ministros el 6 de julio y que se está tramitando como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia en el Congreso de los Diputados.
Procesos de selección «más ágiles»
En cualquier caso, ha admitido que los plazos en los procesos de selección de plazas públicas son «realmente mejorables», por lo que ve «imprescindible» conseguir que estos procesos sean más «ágiles» que en la actualidad. A julio de este año, Montero ha precisado que se había autorizado la convocatoria de 219.464 plazas, fundamentalmente en la Administraciones Central y autonómica, de las que han sido convocadas 159.945 y sólo se han cubierto 66.715.
Por ello, una vez que se aprueben las convocatorias de estabilización en 2022 se acelerará la adjudicación de las plazas, sobre todo teniendo en cuenta que la ley fija que se podrá cubrir con un interino las plazas vacantes cuando no sea posible hacer lo propio con un funcionario de carrera por un plazo máximo de tres años.
El Gobierno cerró a primeros de julio con los sindicatos CSIF, CCOO y UGT un acuerdo, aprobado ya en real decreto, para la reforma de la temporalidad en las administraciones con el fin de estabilizar el empleo en las administraciones públicas, por el que se harán fijas las plazas de más de 300.000 interinos (a convocar antes del 31 de diciembre de 2022) antes de que acabe el ejercicio 2024.
Otras medidas contemplan que se limitarán los contratos temporales a tres años y se indemnizará con 20 días por año trabajado si se supera ese límite. Una vez que finalice la relación de servicios del personal interino por el cumplimiento del término máximo de tres años para permanecer como tal, esa plaza solo podrá cubrirse por personal funcionario de carrera, salvo en el caso de que el correspondiente proceso selectivo hubiera quedado desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento por interinidad.
Eliminación de la tasa de reposición
La ministra ha recordado que el pasado mes de julio convocó una oferta de empleo de 23.491 plazas, a las que se suman 1.920 para las fuerzas armadas 5.034 para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, totalizando la «mayor oferta de empleo público de la historia», con 30.445 plazas, un 8,5% más que en 2020, de las que 13.900 fueron de nuevo ingreso y 9.500 de promoción interna.
En los tres años de Gobierno de Pedro Sánchez, la oferta de empleo público ha ascendido a las 109.718 plazas, un 73% superior a la registrada entre 2012 y 2017, ha dicho Montero, y ha achacado la alta temporalidad a la menor tasa de reposición de los últimos años, ya ha recordado, que en 2021 se elevó al 100% con carácter general y al 110% y 115% en sectores prioritarios.
Según Montero, la nueva ley para atajar la temporalidad conducirá a «la eliminación de la tasa de reposición», ya que la norma establece que se tendrá que adaptar al volumen de plazas necesarias y a las ofertas de empleo «y no al revés».
Los Presupuestos de 2022 elevan también la tasa de reposición por encima del 100% para todas las categorías y plazas de funcionarios, por lo que se cubrirán todas las sustituciones por cada jubilación o baja y además se creará de nuevo empleo público neto.
En detalle, contempla una tasa ordinaria de reposición del 105%, que se elevaría al 115% en sectores prioritarios, y al 120% en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Administración local. Fuentes gubernamentales confirman también la intención de avanzar en la negociación de un tercer acuerdo de mejora de empleo público para el periodo 2022-2023, tras los alcanzados con el PP para el periodo 2018-2021.
La ministra también ha subrayado la necesidad de rejuvenecer plantillas ante la elevada edad media de las plantillas, ya que el 66% de los empleados de la AGE tienen más de 50 años, lo que supone que entre 2021 y 2023, casi el 57% de la plantilla estará jubilada.
Acuerdo para hacer fijos a interinos tras 5 años y sin oposición
Por otra parte, Montero ha calificado de “razonable” y ha señalado que va “en línea con las disposiciones judiciales” el acuerdo que diferentes formaciones políticas alcanzaron hace unos días según el que se estabilizarán las plazas estructurales que lleven al menos cinco años ocupadas de forma interina, así como aquellas ocupadas por empleados interinos que lleven más de cinco años en la Administración.
El acuerdo fue alcanzado entre PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV para que todos aquellos interinos con una antigüedad desde 2016 en la misma plaza sean fijos sin opositar y solo mediante un concurso de méritos, lo que ha despertado las dudas al delegar la regulación en las comunidades autónomas por los agravios que podrían producirse.
Por el contrario, ha descartado que pueda instrumentalizarse la enmienda de Junts, aprobada con los votos de PP, Vox, Ciudadanos, ERC y Bildu en el Congreso a los Presupuestos Generales del Estado para impulsar un Fondo Covid de 9.300 millones en 2022 para las comunidades autónomas .
En declaraciones a los periodistas ha descartado su inclusión porque «técnicamente no existe el programa sobre el que se da de baja ese crédito y, por tanto, no se puede instrumentalizar», y la sección a la que alude la enmienda se refiere a unos 7.000 millones, acusando al PP de generar «alguna avería» en las cuentas.
Teletrabajo en enero y nueva Ley de Función Pública en 2022
La titular de Función Pública ha marcado como objetivos lograr un modelo de empleo público profesional, productivo, eficaz e incentivado, para lo que ha avanzado la aprobación de la nueva Ley de Función Pública de la Administración General del Estado a lo largo del año 2022, para completar el marco normativo del Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 (EBEP).
La norma desarrollará el EBEP en torno a cuatro ejes: la revitalización de los instrumentos de planificación, ordenación y gestión de los recursos humanos; la garantía de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso, así como la transparencia y la agilidad de los procesos selectivos; el establecimiento de garantías básicas de la carrera profesional, vertical y horizontal, y de la formación; y el desarrollo de la figura del directivo público profesional.
Montero ha avanzad, asimismo, la aprobación del Real Decreto que regulará el teletrabajo en la AGE para que esta modalidad laboral se implante a partir de enero de 2022 para compatibilizar la prestación de los servicios a la ciudadanía con una mayor flexibilidad laboral, con la conciliación y la apuesta por el territorio interior.
La Ley de Función Pública también tendrá como principio inspirador el de la igualdad de género y el fomento de la diversidad, con medidas tales como la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de selección; el incentivo de la promoción interna en cuerpos y escalas en los que haya infrarrepresentación femenina; y actuaciones para que cada vez más mujeres ocupen puestos de responsabilidad.
También ha anunciado que, en el ámbito de Muface, a partir de este mes, se incorporará a la cartera de servicios la reproducción asistida a mujeres sin pareja, lesbianas y bisexuales, incluyendo igualmente a personas trans con capacidad de gestar.
Todas las inversiones del componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo objetivo es la modernización de la administración pública, implicarán una inversión de unos 4.315 millones de euros.
