Roundshield se defiende frente a Óscar Gil y Urbas: «La Justicia española dictará la resolución correcta»
El fondo Roundshield ha financiado al grupo Los Ángeles de San Rafael, de Óscar Gil Marín, y también a Urbas.
Óscar Gil Marín, el Juez Juan Carlos Peinado y Juan Antonio Acedo (presidente de Urbas).
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El fondo Roundshield defiende sus actuaciones frente a Óscar Gil Marín y el grupo Urbas ,y subraya que mantiene su «plena confianza» en que el sistema judicial español «acabará dictando la resolución correcta«.
En un comunicado, el fondo explica que, a raíz de informaciones publicadas «sobre los asuntos relativos a Urbas y al grupo Los Ángeles de San Rafael«, desea aclarar su posición respecto de ambos casos.
Como ha publicado este diario, Rounshield ha presentado una querella por prevaricación contra el Juez Juan Carlos Peinado, cuyo Juzgado admitió a finales del pasado año querella de Urbas contra el fondo.
Urbas fue declarada en concurso de acreedores a principios de enero; tiene un pasivo de 144 millones
También como publicó la pasada semana en exclusiva Economía Digital, Óscar Gil Marín, que en 2020 acordó una financiación con Roundshield para Los Ángeles de San Rafael, se ha sumado a la querella de Urbas contra el fondo.
«Ante todo», dice Rounshield en su comunicado, el fondo «quiere dejar claro que se trata de asuntos distintos, pese a los intentos de Óscar Gil de entremezclarlos al asumir la posición de acusación popular«.
La intervención del hijo de Jesús Gil «responde claramente a una estrategia relacionada con sus propias demandas infundadas y en relación con el grupo Los Ángeles de San Rafael«.
Roundshield, Urbas y Óscar Gil Marín
En diciembre de 2025, el titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, número 41, Juan Carlos Peinado, admitió querella presentada por Urbas contra el fondo Roundshield Partners, por presunto delito de estafa procesal.
La compañía presidida por Juan Antonio Acedo denunció que el fondo habría atribuido un valor de cero euros a determinados activos, apropiados en el marco de ejecución de una prenda sobre participaciones sociales. La querella recayó en el Juzgado de Juan Carlos Peinado.
Un mes después, a principios de enero de este año, Urbas fue declarada en concurso de acreedores, con un pasivo de 144 millones de euros.
«Como haría cualquier financiador responsable», cuenta Roundshiel en su comunicado de hoy lunes, «cuando los prestatarios incumplen sus obligaciones contractuales o no reembolsan los préstamos a su vencimiento, RS LENDER [Roundshield] tiene el deber de ejercitar sus derechos contractuales y las acciones disponibles para proteger los intereses de sus inversores«.
El fondo asegura que tanto Urbas como el grupo Los Ángeles de San Rafael -de Óscar Gil Marín- han llevado a cabo una «gestión deficiente de las sociedades y de sus activos», y que en el caso de Urbas se incumplió reembolso del préstamo a su vencimiento.
Ante ello, el fondo destaca que ejercitó sus derechos contractuales «incluida la ejecución en Luxemburgo de la prenda sobre acciones«, algo que constituye «el principal objeto de controversia en ambos casos».
Roundshield recuerda que ha iniciado procedimientos ante los tribunales ingleses «para hacer efectivas las garantías otorgadas en relación con ambas financiaciones, de conformidad con la ley aplicable y la jurisdicción pactada por las partes».
El fondo asegura que firmas «de auditoría de reconocido prestigio internacional realizaron una valoración independiente de las acciones del grupo conforme al marco legal aplicable y, en ambos casos, dichas acciones fueron valoradas en cero».
Los activos consisten principalmente en bienes inmuebles y, dice, «contrariamente a lo sostenido por Urbas, dichos activos no han sido valorados en cero».
La ejecución de la prenda «permite que nuevos administradores independientes asuman el control de los activos para que puedan ser vendidos y desarrollados con el fin de satisfacer las deudas de las respectivas sociedades», defiende.
El fondo considera que Urbas «ha tratado indebidamente de impugnar la ejecución de la prenda sobre acciones luxemburguesas ante la jurisdicción española reconduciéndola a la vía penal, sobre la base de alegaciones carentes de todo sustento, manifiestamente infundadas».
El procedimiento, continúa Roundshield, «también se ha utilizado como un intento de desacreditar sistemáticamente a todos los intervinientes, incluidos los auditores y los administradores concursales, con el único propósito de evitar la investigación inevitable que conllevaría un procedimiento formal de liquidación».
Roundshield dice que Urbas ha tratado «indebidamente de impugnar la ejecución de la prenda sobre acciones luxemburguesas»
Como viene publicando este diario desde principios de año, la relación entre la dirección de Urbas y la administración concursal designada por el Juzgado Mercantil número dos de Madrid, los despachos Auren y Kepler Karst, es de total enfrentamiento.
Acedo está convencido de que la administración concursal se ha propuesto liquidar Urbas, sugiriendo vínculos entre los administradores concursales y el fondo Roundshield.
Por su parte, la administración concursal ya ha advertido que el plan de viabilidad propuesto por la compañía es «inviable«.
Urbas está también enfrentada con su auditor y con varios de los consejeros que han pasado los dos últimos años por el consejo de administración, que han denunciado falta de transparencia. El grupo lleva dos años sin cuentas auditadas, y más de un año con la cotización suspendida en Bolsa.
La administración concursal además ha advertido sobre vínculos entre Juan Antonio Acedo y los principales acreedores de Urbas, lo que invalidaría la propuesta de convenio presentada por la compañía para salir de la situación concursal en la que se encuentra.
En relación con el caso Los Ángeles de San Rafael, Roundshield afirma que el Juzgado de lo Mercantil español «ya se ha pronunciado a favor de RS LENDER en relación con varias pretensiones«.
El Juzgado confirmó que carece «de jurisdicción sobre las controversias relativas a la valoración de las acciones, al señalar que dichas cuestiones son competencia exclusiva de los tribunales luxemburgueses», dice el fondo. «Resulta revelador que no se haya ejercitado ni impulsado acción alguna en Luxemburgo«, añade.
El fondo termina su comunicado indicando que mantiene «su plena confianza en su posición jurídica y en que el sistema judicial español acabará dictando la resolución correcta».
