La reforma laboral se enreda: empresarios y sindicatos rechazan la propuesta de los ERTE

La patronal ve "intervencionista" el planteamiento del mecanismo RED del Gobierno y los sindicatos exigen que se mantenga el empleo y rechazan la "mochila austriaca"

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (c), junto el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi (d) , y el secretario general de la UGT, Jose María Álvarez participa en la segunda jornada de la Reunión del Cercle de Economía desde donde ha hecho este jueves un llamamiento a los empresarios a "cambiar la cultura de la precariedad" y, así, los ha emplazado a crear un "pacto" contra ella, pues aún está "grabada a fuego" en España, ha lamentado.EFE/Quique García

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (c), junto el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi (d) , y el secretario general de la UGT, Jose María Álvarez.EFE/Quique García

La recta final de la negociación de la reforma laboral se ha complicado tras la última reunión de la mesa de diálogo de este miércoles, en la que tanto patronal como sindicatos han rechazado de pleno el planteamiento del Gobierno para el futuro de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que serán sustituidos por el nuevo mecanismo RED.

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, junto a otros miembros del Gobierno ha trasladado el planteamiento del Ejecutivo para la creación de la nueva modalidad de ERTE de reestructuración para la transición profesional de trabajadores desde sus empresas de origen hasta empleos en otras empresas o sectores.

La reunión ha sido una sesión monográfica sobre el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, según han informado a Economía Digital en fuentes del diálogo social, y en ella los agentes sociales (patronales y sindicatos), que ya conocían de antemano algunos puntos de la propuesta, han trasladado su negativa al planteamiento del Gobierno por distintos motivos, lo que complica y ralentiza la negociación de la reforma laboral.

El Ejecutivo negocia a contrarreloj la reforma laboral que derogará aspectos de la reforma laboral de 2012 del PP y que tiene que estar aprobada antes de final de año, para lo que Moncloa contempla su aprobación por la vía rápida del real decreto-ley.

Fuentes del diálogo social creen que se podrá alcanzar el acuerdo en tiempo y forma pero este planteamiento del Gobierno ralentiza la negociación. Frente al Fondo RED dotado con cotizaciones excedentes para costear el nuevo mecanismo que plantea el Ejecutivo, los interlocutores sociales piden que se constituya con sus propios fondos y la aportación de los Presupuestos del Estado. Este es uno de los principales escollos.

Por ello, las partes, tanto patronales como sindicales, ha pedido al Gobierno que reconsidere su propuesta, puesto que “sólo ha servido para ralentizar este proceso en el que se debería de ser más agiles para llegar a un acuerdo en el que se respeten los compromisos adquiridos por el Gobierno con la ciudadanía” a través de los acuerdos de coalición y suscritos con Bruselas.

Los empresarios ven “intervencionismo”

En CEOE se oponen al planteamiento de los ERTE del Gobierno y a las propuestas en general realizadas por el Gobierno al ver ” más intervencionismo, menos capacidad decisoria para las empresas y más coste”, e introduce además más burocracia.

Fuentes de la organización sostienen que la propuesta “aleja la posibilidad de sellar un acuerdo” en el marco de la mesa de diálogo social, y recuerdan que otras propuestas como aumentar las cotizaciones para costear el aumento del gasto de las pensiones futuras recae de nuevo en las empresas.

Este mismo miércoles el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha censurado el borrador por estar “lleno de intervencionismo y no dejar espacio a las empresas para lo que pide Europa, que es la ‘flexiseguridad’ para los trabajadores y flexibilidad para que las empresas se puedan adaptar”.

Según Garamendi, el Ejecutivo remitió a las patronales un documento “farragoso” de 30 páginas sobre las modificaciones en los ERTE, sobre los que ha recordado que están en marcha desde los años 80 y su eficacia en la crisis del coronavirus obedece a la “mejora que se hizo en la reforma del 2012”. “Volvemos a lo mismo; es todo a costa de que los empresarios, los autónomos y las empresas paguen”, ha reprochado.

Los sindicatos piden que se mantenga el empleo y control sindical en los ERTE

Los sindicatos denuncian que el traslado de trabajadores previsto en el nuevo marco de una empresa a otra supone una pérdida de derechos para los trabajadores y exigen que se respete la antigüedad del trabajador.

UGT ve “adecuado” que se intente trasladar a la legislación laboral común los ERTE Covid, pero echa en falta un compromiso claro de mantenimiento del empleo, como si tiene la legislación de la pandemia, o que , una vez existente la garantía de empleo, se priorice las medidas que eviten destrucción de puestos de trabajo.

Ha trasladado su petición de una “mayor intervención, control y seguimiento” de las organizaciones sindicales no sólo en la negociación del ERTE sino en la fase de ejecución, así como su oposición al mecanismo RED pues cuestiones técnicas al no compartir que “se pretendan regular situaciones estructurales con mecanismos coyunturales”. “Nos oponemos a cualquier intento de introducir , aunque sea tímidamente , la mochila austriaca que abarata el despido”, añaden desde UGT.

El sindicato ve “muy escasa” presencia en la cogobernanza del mecanismo por temor a que sea una “antesala al despido”, y defiende que los procesos de reconversión generalizada las decisiones del Consejo de Ministros , a propuesta o no de tres Ministerios, debería de venir acompañada de un proceso previo de negociación en el que participen los agentes sociales, de los sectores afectados en el que se analicen las causas, sus consecuencias y sus posibles soluciones.

Abogan por negociarlo en “plazos más realistas”

CCOO también considera que la última propuesta efectuada por el Gobierno en materia de flexibilidad interna “dificulta sobremanera el desarrollo de las negociaciones de la mesa de diálogo social y nos aleja de un posible acuerdo”, al haberse planteado ahora esta propuesta sin haberse hecho previamente pese a acumularse 30 reuniones y casi 8 meses de negociación.

Además es un texto de una “gran complejidad” al abordar cuestiones de “indudable interés”, como los procesos de reestructuración de empresas o los procedimientos de recolocación de trabajadores en esos supuestos, pero que genera “muchas incertidumbres” respecto a sus consecuencias en el modelo de relaciones laborales y ante los requerimientos de aclaración sobre las numerosas propuestas lanzadas, el sindicato critica la “poca o nula concreción” por parte del Gobierno.

Una propuesta de este calibre, a su juicio, requiere de un proceso de negociación más dilatado en el tiempo, “poco compatible con la urgencia de las materias a resolver en el corto plazo”. “La permanente filtración de documentos, además del propio resultado de las mesas de negociación cuando estas no han concluido, ayuda poco a la buena marcha de esa negociación”, critican.

Por ello, CCOO se propone cerrar los textos relacionados con la estabilidad en el empleo, frenar la temporalidad y la precariedad existente; el fortalecimiento de la negociación colectiva, o las medidas de flexibilidad interna negociada, en correspondencia a las exigencias y compromisos con Europa, y en cambio negociar el futuro de los ERTE “en plazos más realistas, y que faciliten la consecución de un acuerdo”.

Los nuevos ERTE ‘RED’: bajo el control de Calviño

El otro principal punto del orden del día abordado en la reunión de la reforma laboral es el referidos los nuevos expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), renombrados bajo el nombre de Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo.

Las nuevas modalidades del mecanismo RED se sumarán y convivirán con los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, así como los de fuerza mayor (para catástrofes) y los de limitación o impedimento, según el borrador del Gobierno, adelantado por ‘La Información’.

El documento, recogido por Economía Digital, fija para todos los casos exoneraciones en las cotizaciones sociales (aún por determinar) vinculadas a la formación de los trabajadores afectados.

El nuevo mecanismo RED precisará de la activación previa en Consejo de Ministros por causas estructurales ante “situaciones en un sector que produzcan cambios organizativos, técnicos o productivos estructurales o la introducción de métodos de trabajo o procesos de producción novedosos como la automatización que generen pérdidas de competitividad asociadas al mantenimiento de la plantilla”.

Los cambios conllevarán también la necesidad de recualificar a los trabajadores para garantizar su empleo en la misma empresa o para su transición profesional a otra compañía o sector.

En el marco del proceso de autorización del mecanismo, se precisará de una activación por parte del Consejo de Ministros a iniciativa, por orden, del Ministerio de Asuntos Económicos de Nadia Calviño, de Trabajo de Yolanda Díaz y del Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones de José Luis Escrivá, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que preside Calviño.

Este punto es relevante al producirse tras la crisis de Gobierno interna derivada de la denuncia de Unidas Podemos de “injerencias” de la vicepresidenta Calviño en las negociaciones de la reforma laboral, resulta con sendos acuerdos para la “derogación” de la reforma laboral en los términos del acuerdo de coalición y del Plan de Recuperación y para mejorar la coordinación de la negociación, con implicación de más ministerios.

Nuevo fondo para los ERTE

Para costear el mecanismo RED en lo referido a prestaciones y exenciones en las cotizaciones y la formación, el Ejecutivo creará un Fondo RED dotado vía Presupuestos Generales del Estado, con recursos procedentes de instrumentos de financiación de la Unión Europea y con el superávit de los ingresos por cotizaciones sociales por desempleo tanto en el nivel contributivo como asistencial.

La gestión corresponderá al Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) y, tal y como sucede con el Fondo de Reserva de las pensiones (‘hucha de las pensiones’), las dotaciones se acordarían en el Consejo de Ministros en función de las condiciones financieras de la Seguridad Social.

Estas condiciones pasan porque en el cierre del año anterior al que se realice la dotación el SEPE no sea deudor de la Tesorería General de la Seguridad Social. También se creará un comité de gestión al que corresponderá el asesoramiento, control y ordenación de la gestión económica del Fondo RED.

Las futuras condiciones

La solicitud de este mecanismo permitirá a las empresas reducir la jornada de trabajo de los empleados afectados, entre un mínimo de un 10% y un máximo de un 70% con duración máxima de 12 meses, recibiendo una “prestación social” especifica que complete su salario.

La duración de 12 meses será para los casos de acuerdo en el periodo de consultas y será de la mitad, seis meses, en el supuesto de que sea autorizado por la autoridad laboral cuando no exista acuerdo. Para el mecanismo RED por causas estructurales se baraja un máximo de dos prórrogas de seis meses cada una (un año en total).

Las empresas podrán optar por suspender la jornada de sus empleados, a quienes abonarán su salario durante el primer mes y después tendrán que completar la denominada “prestación de sostenibilidad”, que no conllevará consumo de futuras prestaciones por desempleo y ascenderá al 70% de la base reguladora.

Las compañías deberán ofrecer acciones formativas a sus trabajadores para obtener beneficios en las cotizaciones y financiación, que en el caso del mecanismo RED por reestructuración deberá dirigirse a la reubicación en otra empresa del grupo o una externa.

En dichos casos, la empresa de origen transferirá al fondo de garantía salarial (Fogasa) la mitad de la indemnización por despido que le habría correspondido al citado trabajador y la empresa receptora tendrá una bonificación del 50% en sus cotizaciones sociales durante seis meses.

En el supuesto de ser despedido por la nueva empresa, podría negarse y mantenerse en la misma o marcharse y obtener la totalidad de la indemnización por despido correspondiente a la compañía anterior.