Los sindicatos culpan al Gobierno de una situación de «siniestro total» en la Seguridad Social

Tras el SEPE y los Inspectores de Trabajo, otro colectivo de trabajadores del Estado ha puesto el grito en el cielo por la situación de «siniestro total» generada en las oficinas de la Seguridad Social ante la «falta de responsabilidad e implicación» de los gestores en el Gobierno, lo que está haciendo «insostenible» que este servicio público sea capaz de mantener y garantizar los derechos reconocidos al conjunto de la ciudadanía. Los sindicatos denuncian la obligatoriedad encubierta en la Seguridad Social de la atención telefónica y telemática para disminuir la presencial, que hay 7.468 puestos sin cubrir y que un 64% de la plantilla se jubilará en diez años.

En un comunicado conjunto, CCOO, UGT y CSIF, organizaciones sindicales más representativas, alertan de la situación enquistada en la que se encuentra la Seguridad Social, un «pilar del estado social y democrático de derecho», y acusan directamente a sus «responsables y gestores que, lejos de buscar soluciones y alternativas viables, llevan a este servicio público a su total deterioro, con malas prácticas que atienden más bien a intereses privados, vulnerando el carácter público y de atención a la ciudadanía».

Y dejan claro que la situación es culpa de los gestores y «en ningún caso es atribuible al personal comprometido que presta sus servicios en la Seguridad Social, uno de los pilares fundamentales del estado social y democrático de derecho, con reconocimiento en la Constitución Española que establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes antes situaciones de necesidad y que garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad».

Sin embargo, denuncian que la realidad difiere en gran medida de lo establecido en la Constitución, ya que «la ciudadanía tiene limitados los accesos a las oficinas, desplazando dicha atención como opción perversa a la obligatoriedad encubierta hacia la atención telefónica y telemática, restando a la opción por la atención presencial», con las dificultades que llevan consigo desde muchos sectores de la ciudadanía disponer de medios telemáticos para relacionarse con la Seguridad Social.

Lo cierto es que el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, reconoció hace poco la situación de déficit y envejecimiento de la plantilla que sufre esta administración y prometió avanzar para lograr cambiar la tendencia. En los últimos meses colectivos como el del SEPE o la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se ha movilizado exigiendo el refuerzo de plantilla y material. En el primer caso el Gobierno aprobó una oferta de empleo público de 920 personas y en el segundo se ha evitar la primera huelga de los inspectores tras prometer Trabajo 6 millones en productividad y 200 interinos, eso sí, los sindicatos han dado de margen tres meses para cumplir el acuerdo alcanzado el pasado mes de julio de refuerzo.

Déficit de plantilla, cierre de oficinas y envejecimiento

En este sentido, las tres organizaciones piden reconocer la «brecha digital» existente y lamentan que «la ciudadanía no obtiene cita previa o cita concertada con las máximas garantías, en tiempo y forma, en su lugar de residencia, e irremediablemente debe dirigirse a la gestión privada, para dar solución a sus problemáticas, acceso a su pensión pública, vidas laborales, IMV o cualesquiera otra trámite con la Seguridad Social«. «Después de muchos años cotizando, no obtener un servicio público merecido de calidad al que tienen derecho, denota una falta de irresponsabilidad y de respeto hacia el conjunto de la ciudadanía», critican.

Todo esto se agrava, aseguran los sindicatos, debido al déficit estructural de falta de personal en la Seguridad Social, con ocupación de las relaciones de Puestos de Trabajo a mínimos y con el cierre de oficinas de atención al público. Como referencia del conjunto de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social las organizaciones calculan que deberían estar ocupados 31.766 puestos de trabajo, para prestar un «servicio de calidad», esto supone actualmente que no están ocupados el 23,51% de los puestos, es decir, que 7.468 puestos de trabajo están sin cubrir.

A ello se suma la avanzada edad del personal que presta sus servicios en la Seguridad Social, que en el plazo de cinco años años se jubilará el 28,5% de la plantilla actual y en el plazo de 10 años se jubilará un 36,08% adicional, lo que supone que casi dos tercios de la plantilla actual (64,33%) se jubilará si no se pone algún tipo de remedio antes.

CSIF, CCOO y UGT recuerdan que llevan años advirtiendo y reclamando una «política global, prolongada y sostenida en el tiempo para la Seguridad Social como servicio imprescindible la presencialidad y la apertura de oficinas para el conjunto de la ciudadanía, que opte por este servicio sin excluir la posibilidad, que no obligación, de utilizar los medios telemáticos».

Así, reclaman la convocatoria urgente de una Oferta de Empleo extraordinaria que cubra las vacantes actuales y futuras, rejuvenecer la plantilla para dar continuidad al servicio que vienen prestando en la Seguridad Social, pero con verdadera vocación de Servicio Público. «De lo contrario, tocará ir al entierro de la Seguridad Social», sentencian.