UGT exige una reforma del despido como en Italia: al menos seis meses de indemnización

El sindicato UGT se mira en el espejo italiano para la regularización del despido improcedente que quiere para España. La central, que presentó una denuncia contra el Reino de España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, cree que la sentencia será favorable a sus intereses, por lo que esta semana pidió al candidato a la investidura y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que se adelante al tirón de orejas europeo.

Fuentes sindicales han apuntado que los seis meses de indemnización mínima para un despido improcedente, como instituyó Italia tras la sentencia contraria del máximo intérprete de la Carta Social Europea, lo que supondría un desincentivo suficiente para los despidos, sobre todo en el caso de los contratos de corta duración.

Un despido improcedente en ausencia de readmisión supone una indemnización de 33 días por año trabajado, en la actualidad. UGT demandó ante el CEDS al considerar que la regulación española incumple «de manera manifiesta» el artículo 24 de la Carta Social Europea y el convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo. En ambos casos, porque las sentencias no son disuasorias ni resarcitorias para el empleado.

UGT y CCOO demandaron tras la reforma laboral

El artículo 24 de la Carta Social establece el «derecho de los trabajadores cuyo empleo es rescindido sin una razón válida a una indemnización adecuada u otra compensación adecuada«. Por su parte, los artículos 10 y 12 de la citada Convención 158 apuntan que, en el caso de un despido improcedente, la compañía debe «ordenar el pago de una indemnización adecuada u otra compensación que pueda ser considerada apropiada«.

UGT presentó la demanda en marzo de 2022, después de acordar no tratar el asunto en la reforma laboral, alegando que la indemnización media en caso de despido improcedente es de 9.642 euros, lo que a juicio de la central «no supone, casi nunca, ni cubrir el daño causado ni servir de sanción a un acto manifiestamente ilegal«. En algunos sectores, como hostelería o comercio, la cantidad se reduce hasta los 6.000 euros. CCOO se sumó con una denuncia posterior y la decisión judicial se espera de cara a principios del año que viene o, como tarde, 2025.

En el sindicato están confiados de que el organismo les dará la razón, después de que ya condenara a tres países con esquemas similares al de España en la actualidad: Francia, Finlandia e Italia. Este último, y el esquema que fijaron tras la condena, es el espejo en el que mirarse, para UGT.

Ambos sindicatos le trasladaron, en su reunión con Sánchez del pasado lunes, la necesidad de abrir el melón de reformar el despido. El improcedente, por mandato europeo, y poder abrir el melón de las causas del despido procedente, aunque sin tratar las cuantías, una anatema para los empresarios.

Yolanda Díaz, a favor de endurecer el despido

No solo los sindicatos han instado a retocar el despido. También la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, ha apuntado a que en esta legislatura -en la que aspira a revalidar su Ministerio como líder de Sumar- ha llegado «el momento de tocar el despido». Un despido que ha criticado por ser demasiado barato y ha apuntado a modalidades que se adecúen a las situaciones del empleado despedido para hacer el cálculo de las indemnizaciones.

Los empresarios, por otro lado, se muestran frontalmente contrarios a la simple posibilidad. Durante una rueda de prensa esta semana, el presidente de la federación de autónomos ATA y vicepresidente de la patronal CEOE, Lorenzo Amor, aseguró que este tema no estaba encima de la mesa: «Ni a trabajadores ni a empresarios y autónomos les preocupa el despido», sostuvo, para alegar a renglón seguido que el problema viene por parte de la contratación y los tres millones de desempleados.

Lo cierto es que ya hay decisiones judiciales que están marcando un antes y un después en cuanto a las indemnizaciones «restaurativas». Como la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del pasado enero, en la que un magistrado dio la razón a una trabajadora que fue despedida y con una indemnización inferior a 1.000 euros porque la consideraba «insignificante» y no compensaba «el daño producido por la pérdida del puesto de trabajo». El caso es el de una trabajadora que era indefinida en una compañía barcelonesa desde finales de 2019 y fue despedida pocos días antes de que se aprobaran los ERTE por la pandemia, lo que le impidió acogerse a este esquema.