Abertis abre un nuevo frente judicial con el Gobierno por las obras en las concesiones
La compañía tampoco está de acuerdo con la liquidación del Ejecutivo en concepto de las mejoras realizadas. Se suma al procedimiento por la caída del tráfico
Autopista gestionada por Abertis
Abertis eleva el tono de su conflicto con el Gobierno por el fin de la concesión de las grandes autopistas del país. La compañía española y el Ejecutivo ya mantenían un enfrentamiento por la caída del tráfico de la AP-7 y la AP-2, que no igualó lo previsto en el contrato, pero ahora la empresa también discute con la administración el volumen de las obras acometidas. La firma cree que debe cobrar más de lo percibido, por lo que ya abrió la vía judicial.
La organización presentó un recurso ante el Tribunal Supremo al estar en desacuerdo con los 1.070 millones de euros que el Gobierno le pagó en febrero por el fin de la concesión de las principales autopistas del país. Ambos actores hace años que litigan por la caída del tráfico –que el Ejecutivo no quiere pagar–, pero a este conflicto se le suma uno nuevo con las obras, que el Estado sí admite que debe afrontar.
La concesión finalizó en agosto y seis meses después el Gobierno de Pedro Sánchez pagó 1.070 millones por los trabajos que Abertis acometió durante toda la concesión. Sin embargo, la compañía no quedó conforme y presentó un recurso en la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo. Fuentes de la compañía controlada por Atlantia y Florentino Pérez explican a Economía Digital que, según sus cálculos, en concepto de trabajos sobre la infraestructura debían percibir más de 1.200 millones.
De este modo, el grupo abre así un nuevo frente judicial al Ejecutivo. Al enfrentamiento por la caída del tráfico que mantienen desde hace un lustro se suma el nuevo procedimiento por las obras realizadas en las carreteras. El Supremo deberá dirimir ambos conflictos.
El origen de este recurso llega después de que la concesionaria enviase en septiembre la indemnización que reclama al Estado por el fin del contrato de gestión de algunas de las principales autopistas del país. Era de esperar que existiese conflicto después de que la administración de Mariano Rajoy ya revisase el acuerdo en 2017.
La empresa reclamó un total 5.381,6 millones de euros por las obras realizadas (1.200 millones) y un tráfico menor de lo esperado en vías como la AP-7 y la AP-2. Sin embargo, la administración no contempla compensar el desplome del uso de las carreteras desde la crisis económica.
Leer más: Abertis recibirá 1.070 millones de euros por el fin de los peajes de la AP-7
Sin embargo, el departamento dirigido por Raquel Sánchez se encargó de elaborar un contrainforme para extraer su propio cálculo del saldo que no ascendió a la cifra que reclaman debido a que no tendrá en cuenta la caída del tráfico desde la crisis económica de 2008, tal y como aprobó el Consejo de Ministros de 2017.
Con el fin de la concesión, llegó el momento del pago y el Gobierno consideró que la cantidad debía ser solamente de 1.070 millones: 505,5 millones de euros correspondían a la inversión ejecutada, 143,5 millones de euros son debidos al efecto impositivo, y el resto a la capitalización del saldo de compensación. El Ejecutivo apuró los plazos legales con los que contaba y esperó hasta seis meses para dar respuesta a la concesionaria. Siempre según los acuerdos aprobados hace un lustro.
Una década de conflicto entre Abertis y los gobiernos
En 2006, cuando se firmó el contrato, el entonces Gobierno socialista aceptó remunerar a la concesionaria si no se alcanzaban unos volúmenes de tráfico que jamás se obtuvieron por la crisis financiera de 2008. Ya en 2011, Ana Pastor (PP), entonces ministra de Fomento, judicializó el caso para evitar el pago.
Tras años de calma tensa, el Consejo de Ministros celebrado el 3 de julio de 2017 acordó reinterpretar el convenio, no abonándose la compensación derivada de la caída de tráfico por efecto de la crisis. Abertis interpuso varios recursos. Y de aquí surge la disparidad de opiniones sobre lo que dijo el Tribunal Supremo: la compañía asegura que no se pronunció y que dejó a las partes la responsabilidad de llegar a un pacto.
No obstante, desde el Ejecutivo siempre defendieron que el Alto Tribunal desestimó todos los recursos interpuestos por la organización. “Las demandas han sido desestimadas por lo que se aplica el Acuerdo de Interpretación aprobado por el Consejo de Ministros, no abonándose la compensación derivada de la caída de tráfico por efecto de la crisis”, explicaron en repetidas ocasiones desde el Ministerio.
Con más de 2.000 millones de diferencia de partida, se abren dos escenarios: recurrir a la justicia europea una vez se agotaron los recursos en el Tribunal Supremo o sentarse a negociar. Aunque el negocio concesionario es cada vez menor en España –por lo tanto cada vez hay menos compensaciones en especies–, fuentes inmersas en el procedimiento señalan que no se descarta abrir conversaciones.
