El Gobierno elabora un contrainforme para dejar la indemnización a Abertis en menos de 1.500 millones

El Gobierno tiene claro que no pretende pagar los 4.000 millones de euros que le pide Abertis por las concesiones que finalizaron el pasado 31 de agosto. La compañía ya trasladó al Ministerio de Transportes la liquidación que debe percibir, según sus cálculos. Con plazo hasta el mes de febrero para realizar el pago, el Ejecutivo ya tiene en marcha un contrainforme para dejar la indemnización en menos de la mitad: 1.500 millones de euros.

Fuentes del Ministerio que dirige Raquel Sánchez explican a Economía Digital que en este momento se realizan los cálculos necesarios para definir la cuantía a reembolsar «según los acuerdos que aprobó el Consejo de Ministros en 2017». Fue entonces cuando, tras años de judicialización, el Gobierno que entonces presidía Mariano Rajoy optó por reinterpretar el convenio.

En 2006, cuando se firmó el contrato, el entonces Gobierno socialista aceptó remunerar a la concesionaria si no se alcanzaban unos volúmenes de tráfico que jamás se obtuvieron por la crisis financiera de 2008. Ya en 2011, Ana Pastor (PP), entonces ministra de Fomento, judicializó el caso para evitar el pago.

Tras años de calma tensa, el Consejo de Ministros celebrado el 3 de julio de 2017, acordó reinterpretar el convenio, no abonándose la compensación derivada de la caída de tráfico por efecto de la crisis. Abertis interpuso varios recursos. Y de aquí surge la disparidad de opiniones sobre lo que dijo el Tribunal Supremo: la compañía asegura que no se pronunció y que dejó a las partes la responsabilidad de llegar a un pacto.

No obstante, desde el Ejecutivo siempre defendieron que el Alto Tribunal desestimó todos los recursos interpuestos por la organización. “Las demandas han sido desestimadas por lo que se aplica el Acuerdo de Interpretación aprobado por el Consejo de Ministros, no abonándose la compensación derivada de la caída de tráfico por efecto de la crisis”, explicaron en repetidas ocasiones desde el Ministerio.

El Gobierno tiene tiempo hasta febrero

De este modo, el Gobierno elabora su propia liquidación para indemnizar a Abertis. Para justificarse, el Ejecutivo solamente contempla indemnizar a la empresa por las obras e inversiones acometidas en una red de carreteras en la que destacan la AP-7 y la AP-2. A su juicio, el descenso del tráfico es un riesgo al que se enfrentaba la organización hoy controlada por ACS y Atlantia .

El texto, que se elabora en estas semanas, se enviará después de que en septiembre la firma enviase su propia liquidación, que superaba los 4.000 millones de euros.

Aunque desde el Ejecutivo declinaron dar cifras, en mayo sí dieron pistas de lo que pensaban gastar. En el Plan de Estabilidad enviado a la Comisión Europea, la administración admitió que la reversión de las concesiones supondrá un impacto de 1.291 millones de euros a las cuentas españolas.

Abertis ya intuía que el cobro de los 4.000 millones que pide al Gobierno no sería sencillo

La intención de Abertis era acelerar al máximo los trámites para poder disponer del dinero lo antes posible, pero en el grupo ya asumían que el cobro no será sencillo.

Para empezar, porque el Gobierno tiene hasta seis meses para responder a sus demandas. Según explican fuentes del sector, el contrato firmado entre Abertis y el Ejecutivo estipulaba que la administración tendría medio año para contestar a la compañía una vez recibiese la liquidación final. El reloj corre desde septiembre, por lo que febrero será cuando finalice el plazo.

Con 2.700 millones de diferencia de partida, se abren dos escenarios: recurrir a la justicia europea una vez se agotaron los recursos en el Tribunal Supremo o sentarse a negociar. Aunque el negocio concesionario es cada vez menor en España –por lo tanto cada vez hay menos compensaciones en especies–, las mismas voces señalan que no se descarta abrir conversaciones.