El Gobierno apurará hasta febrero para responder a Abertis por la indemnización de la AP-7

El Ministerio de Transportes tiene seis meses desde el fin de la concesión para contestar a los 4.000 millones que la compañía pide al no haberse cumplido los niveles de tráfico estimados

Una imagen de la AP-7, gestionada hasta este 2021 por Abertis. EFE/Robin Townsend

El conflicto entre el Gobierno y Abertis por el fin de las concesiones mantendrá una calma tensa hasta febrero. Con hasta 4.000 millones de euros de indemnización en discusión, el Tribunal Supremo ya se desentendió a la hora de mediar entre la empresa y el Ejecutivo. La solución pasa ahora por una cantidad acordada que no se obtendrá hasta, como pronto, el primer trimestre del próximo año.

El fin de las concesiones –entre las que sobresalen las autopistas AP-7 y AP-2 —se produjo el pasado 31 de agosto con el ya icónico levantamiento de las barreras de los peajes en varias vías catalana. Desde entonces, Abertis se puso manos a la obra para calcular la compensación que les tocaba ya que las carreteras jamás alcanzaron los volúmenes de tráficos estimados en el momento de la licitación.

En septiembre, la compañía controlada por Atlantia y ACS, emitió su resolución al Ministerio de Transportes con una factura final que ronda los 4.000 millones de euros. La intención era acelerar al máximo los trámites para poder disponer del dinero lo antes posible, aunque en el grupo ya asumían que el cobró no será sencillo.

Para empezar, porque el Gobierno tiene hasta seis meses para responder a sus demandas. Según explican fuentes del sector, el contrato firmado entre Abertis y el Ejecutivo estipulaba que la administración tendría medio año para contestar a la compañía una vez recibiese la liquidación final. El reloj corre desde septiembre, por lo que febrero será cuando finalice el plazo.

Sin embargo, el tira y afloja se antoja largo. En el Plan de Estabilidad enviado a la Comisión Europea en mayo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez admitió que la reversión de la AP-7 supondrá un impacto de 1.291 millones de euros a las cuentas. La compañía pide 4.000 millones.

Peaje de Martorell, gestionado por Abertis, desaparecido en septiembre. EFE

Con 2.700 millones de diferencia de partida, se abren dos escenarios: recurrir a la justicia europea una vez se agotaron los recursos en el Tribunal Supremo –que declinó decantarse y pidió un acuerdo entre las partes– o sentarse a negociar. Aunque el negocio concesionario es cada vez menor en España –por lo tanto cada vez ha menos compensaciones en especies–, las mismas voces señalan que no se descarta abrir conversaciones.

La segunda fase llegará en febrero una vez el Gobierno haya apurado al máximo los plazos del estadio actual.

Abertis y el Gobierno, en conflicto desde 2011

El pago está judicializado desde 2011 por Ana Pastor, entonces ministra de Fomento. Y existen diferencias de criterio sobre si se debe realizar tanto por las obras realizadas en las vías como por la caída del tráfico frente a la previsión realizada en 2006, antes de la crisis financiera y el golpe del coronavirus.

El Gobierno considera que los cálculos por el descenso del uso son abusivos –ya pensaba lo mismo la administración de Mariano Rajoy—por lo que no incluye su remuneración en el texto enviado a Bruselas. Cree que el descenso de la actividad era un riesgo al que se enfrentó la empresa al firmar la concesión y no tiene que ser cubierto por el Estado.

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Evidentemente, la opinión de Abertis no va por los mismos derroteros. Según las cuentas del año pasado, a 31 de diciembre la cuota que, a su juicio, debían percibir del Estado por la AP-7 era de 3.825 millones de euros. La firma propiedad de ACS y Atlantia defendía que 1.290 millones obedecían al pago de las obras y ampliaciones realizadas y otros 2.815 millones respondían a la rebaja del tráfico sufrida.

Carles Huguet