Juan Antonio Acedo, presidente y primer accionista de Urbas.
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Juan Antonio Acedo, presidente y primer accionista de Urbas, descarta presentar su dimisión, incluso en el caso de que fuera condenado por la investigación en marcha en la Audiencia Nacional sobre presuntos delitos en una ampliación de capital realizada hace más de diez años.
La constructora e inmobiliaria española celebró el martes Junta de Accionistas en un momento crítico, a las puertas del concurso de acreedores y de un previsible proceso judicial penal, con varias demandas millonarias cruzadas con un fondo de inversión, sin cuentas auditadas, y con la cotización suspendida por decisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
A la actual situación financiera y concursal de la empresa se le suma la petición de ocho años de cárcel requerida por la Fiscalía Anticorrupción contra Juan Antonio Acedo y el segundo mayor accionista y anterior presidente, Juan Antonio Ibáñez, por presuntos delitos societarios y contra el mercado en la ampliación de capital de 384 millones realizada por Urbas en 2015.
El consejero de Urbas nombrado en julio y presidente de la Comisión de Auditoría del grupo ha denunciado a Acedo
En la Junta del martes, a pesar de todo, Acedo manifestó que esperaba que la compañía volviera a cotizar a mediados de 2026, y que antes, el próximo mes de enero, el Juzgado Mercantil número dos de Madrid se pronunciaría sobre la declaración de concurso de acreedores solicitada por Urbas el pasado mes de septiembre.
De acuerdo a fuentes que siguieron el acto de la Junta, digitalmente, el presidente de Urbas indicó que la solicitud de concurso se había presentado para evitar que un acreedor instara concurso de acreedores, y que esperaba que el Juez del Mercantil, Andrés Sánchez Magro, aprobara el plan de reestructuración presentado para evitar la declaración de suspensión de pagos.
Según las mismas fuentes, cuando un accionista preguntó el martes a Juan Antonio Acedo si dejaría el puesto en el caso de que fuera condenado en la Audiencia Nacional, el presidente de Urbas tardó unos segundos en responder.
«No pienso que vaya a ser condenado», dijo. Y añadió que, en el caso de que así fuera, no incidiría sobre su responsabilidad en la compañía. «Si la gestión va bien no es razón que tuviera que dimitir«, comentó.
Unas declaraciones que han sido interpretadas por accionistas con los que ha contactado este diario como muestra de la voluntad férrea de Acedo de mantenerse como presidente de Urbas, a pesar de los frentes judiciales y mercantiles que afronta.
Urbas acusa a su auditor
La compañía presidida por Juan Antonio Acedo no ha sido capaz de presentar las cuentas del pasado ejercicio auditadas, y se ha enfrentado a las conclusiones del informe enviado al Juez por parte de la consultora FTI.
En su informe, FTI advirtió que el plan presentado por la compañía para reestructurar su deuda no garantiza la viabilidad del grupo, y que sus pilares se basan en premisas inciertas y estimaciones poco realistas, de acuerdo a fuentes conocedoras del proceso.
Además llamó la atención sobre operaciones como la de la sociedad Germux Invest, vinculada a Juan Antonio Acedo y su esposa.
En la Junta celebrada el martes, como respuesta a la negativa del auditor de presentar su informe subre las cuentas pasadas, el actual consejo de administración de Urbas acusó al auditor de falta de independencia vertiendo graves acusaciones y proponiendo su revocación.
Urbas presentó un informe de la Comisión de Auditoría y Sostenibilidad en el que concluye que concurren «causas objetivas, graves y debidamente motivadas que constituyen justa causa de revocación».
La compañía acusa a su anterior auditor, la firma A Worldwide Audit Assurance, de «incumplimiento de deberes éticos del auditor y en concreto falta de independencia»; de incumplimientos «graves y reiterados de las Normas Técnicas de Auditoría aplicables en su encargo»; y de «deficiencias relevantes en el proceso de comunicación» con los responsables de la empresa.
Urbas acusa a su expresidente de la Comisión de Auditoría de ejercer influencia indebida sobre el auditor
También acusa a su exconsejero Francisco Javier Hoyuela de haber incumplido sus deberes de confidencialidad y de haber trasladado «acusaciones infundadas de actuaciones fraudulentas llevadas a cabo en Urbas».
Urbas designó el pasado mes de julio a Álvarez Hoyuela, ejecutivo con más de 20 años de experiencia en dirección general y con experiencia en entidades financieras e inmobiliarias, como miembro del consejo de administración y presidente de la Comisión de Auditoría.
Sin embargo, Álvarez Hoyuela, a los pocos meses de estrenarse como consejero de Urbas, denunció ante Fiscalía Anticorrupción a Juan Antonio Acedo por posible fraude societario y administración desleal, entre otros supuestos delitos, por lo que ha sido cesado como consejero por la dirección del grupo.
En el reciente informe presentado por Urbas a sus accionistas, consultado por este diario, la compañía asegura ahora que Álvarez Hoyuela ha ejercido «una influencia indebida» sobre el auditor, y que tiene «una actitud de enemistad manifiesa con Juan Antonio Acedo».
