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Aldesa logró 150 millones en contratos del AVE de Adif mientras pagó a la trama de Zapatero
La empresa controlada por el gigante ferroviario chino CRCC ganó tres grandes contratos de infraestructura ferroviaria de Adif
Montaje realizado por Economía Digital.
Adif adjudicó entre 2021 y 2023 contratos por valor de aproximadamente 150 millones de euros a Aldesa, la constructora española controlada por el gigante ferroviario estatal chino CRCC y que figura en el centro de la trama investigada por el juez Santiago Calama, en la que aparece como investigado el entorno del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias.
El primer contrato, adjudicado en junio de 2022, tuvo por objeto la construcción de la plataforma intermodal y logística de Vitoria-Gasteiz, incluyendo su conexión en ancho estándar al corredor atlántico, con trabajos de vía y electrificación.
El presupuesto base de licitación ascendía a algo más de 32 millones de euros, y fue adjudicado a la UTE Aldesa-Coalvi por un importe de 27 millones, lo que supuso una baja significativa sobre el precio de licitación.
El segundo contrato, con acuerdo de adjudicación fechado el 28 de marzo de 2023, es el de mayor envergadura económica de los tres. Adif lo convocó para la ejecución de las obras de incremento de capacidad del tramo Nudo de Pinar de Las Rozas – Estación de Las Matas, en la línea Madrid-Hendaya, con trabajos de vía y electrificación.

El valor estimado del contrato superaba los 73 millones de euros, y fue adjudicado a la UTE Aldesa, Coalvi y Citracc por un importe sin impuestos de 58 millones.
El tercero de los contratos, el más reciente, fue adjudicado en octubre de 2023 a la UTE Copisa-Coalvi-Telice-Aldesa para la ejecución del proyecto de construcción de la Variante de Rincón de Soto, en la línea Castejón-Logroño, en La Rioja. El presupuesto base de licitación rozaba los 67,5 millones de euros, y el importe final adjudicado fue de 57 millones.
Los tres contratos tienen en común que el organismo adjudicador es el Consejo de Administración de Adif, dependiente del Ministerio de Transportes. Precisamente, según el auto del juez Calama, Adif era uno de los dos organismos diana de la red investigada, junto a la Dirección General de Carreteras, por su capacidad de adjudicación de contratos de obra civil.
La coincidencia temporal entre la actividad contractual descrita y el período de pagos a la sociedad pantalla resulta llamativa. Según la investigación de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), Aldesa comenzó a abonar facturas a través de Análisis Relevante SL en 2021, el mismo año en que se adjudicó el primer contrato con Adif de esta serie.
Aldesa afirma para este medio que se presenta a las licitaciones «en el marco de la legalidad vigente y con los criterios de rigor y capacitación técnica que exige la contratación pública. Ese ha sido el sello de identidad de la compañía desde su fundación en 1969».
Metro de Madrid también adjudicó un contrato a Aldesa
La presencia de Aldesa en las grandes obras de infraestructura pública durante el período investigado no se limitó a Adif. En febrero de 2023, el Metro de Madrid aprobó la adjudicación de la licitación para la renovación integral de la superestructura de vía en la Línea 1, tramo sur, con parada en las estaciones de Sol y Valdecarros.
El contrato se dividió en dos lotes. El segundo de ellos fue adjudicado a una UTE en la que participaba Aldesa Construcciones junto a Coalvi y la empresa gallega Extraco, por un importe de algo más de 13 millones de euros.

La acumulación de contratos públicos de gran volumen por parte de Aldesa y sus UTEs en un período en el que, según los investigadores, la empresa mantenía activo un esquema de pagos a una red de influencias, es uno de los ejes del análisis judicial en curso.
Aldesa pagaba un sueldo mensual a la trama de Zapatero
El funcionamiento de la trama quedó diseccionado en el auto dictado el pasado 18 de mayo de 2026 por el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama.
El juez describe con precisión el esquema empleado por Aldesa para mantener activa su relación con la red: lo que en apariencia eran contratos de consultoría era, en palabras del propio magistrado, un «sueldo mensual» encubierto bajo una cobertura formal de asesoramiento.
Para dificultar el rastreo del dinero, Julio Martínez Martínez lo canalizaba a través de Análisis Relevante SL, identificado por la investigación como una pieza clave de la red.
El contrato que formalizó ese flujo de dinero lo suscribió el 1 de octubre de 2021 el directivo de Aldesa Alejandro Fernández Ruiz, y estipulaba honorarios fijos de 5.000 euros mensuales más IVA. El acuerdo fue renovado el 15 de septiembre de 2022, manteniéndose así activo durante más de dos años.

El problema, a ojos de la justicia, era que Análisis Relevante SL no existía en ningún sentido operativo.
Era, en la terminología que emplea el propio auto judicial, una sociedad pantalla: una carcasa jurídica cuya única función era dar apariencia de legalidad a una transferencia de dinero que, de otro modo, no habría podido justificarse.
Los investigadores de la UDEF encontraron la prueba más reveladora del esquema en el ordenador personal de Julio Martínez: un archivo Excel diseñado exclusivamente para controlar, mes a mes, el cobro de las facturas emitidas por Análisis Relevante.
La contabilidad era minuciosa y no dejaba margen a la ambigüedad. En 2021, año en que se firmó el contrato inicial, el importe acreditado fue de 18.150 euros.
En 2022, el ejercicio de mayor actividad de la trama según la investigación, la cifra se disparó a 72.600 euros.
En 2023 se registraron otros 36.300 euros. El total de pagos documentados ascendía a 127.050 euros sobre un importe total facturado de 133.100 euros, lo que indica que prácticamente la totalidad de las facturas emitidas fueron efectivamente cobradas.
¿Qué obtenía Aldesa a cambio de ese desembolso? En teoría, informes de asesoramiento. En la práctica, según el magistrado Calama, absolutamente nada.
Los supuestos trabajos de Análisis Relevante eran, en palabras del auto, «simulados o inexistentes», y su única función era otorgar «cobertura formal» y «apariencia de legalidad» a lo que funcionaba, en esencia, como una cuota de mantenimiento.