Aldesa, la constructora china que vetó Ayuso, pagó a la trama de Zapatero para ganar contratos
Aldesa abonó 5.000 euros mensuales a una sociedad pantalla vinculada al entorno de Zapatero para lograr influencia en el Ministerio de Transportes
Montaje realizado por Economía Digital.
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Aldesa presentó una oferta de 82 millones de euros para ampliar la Línea 11 del Metro de Madrid pero la Comunidad de Madrid la tumbó por considerarla anormalmente baja y la constructora de capital chino quedó fuera del contrato. Lo que no sabían es que esa misma empresa llevaba años pagando 5.000 euros al mes a una red de influencias vinculada al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para ganar obras públicas.
Así lo recoge el auto dictado el pasado 18 de mayo de 2026 por el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que desvela con detalle el funcionamiento de una trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales en la que Aldesa figura como pagadora de lo que el propio juez denomina un «sueldo mensual» camuflado bajo contratos de asesoramiento.
Aldesa, controlada por CRCC desde 2020, el gigante ferroviario estatal de la República Popular China, no transfería el dinero directamente. Lo canalizaba a través de una sociedad denominada Análisis Relevante SL, vinculada al entorno de Julio Martínez Martínez, pieza clave de la red investigada.
El problema para la constructora es que esa empresa no tenía trabajadores, ni maquinaria, ni estructura operativa alguna relacionada con el sector de la construcción. Era, en la terminología judicial, una sociedad pantalla.
El contrato que formalizó ese flujo de dinero lo firmó el 1 de octubre de 2021 el directivo de Aldesa Alejandro Fernández Ruiz. Estipulaba honorarios fijos de 5.000 euros mensuales más IVA, renovados el 15 de septiembre de 2022.
Los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) localizaron en el ordenador de Julio Martínez un archivo Excel diseñado exclusivamente para controlar el cobro mensual de esas facturas. La contabilidad era minuciosa: 18.150 euros en 2021, 72.600 en 2022, el año de mayor actividad de la trama, y 36.300 en 2023. En total, 127.050 euros acreditados en cuentas de un total facturado de 133.100 euros.
¿Qué recibía Aldesa a cambio? En teoría, informes de asesoramiento. En la práctica, según el magistrado Calama, absolutamente nada. Los supuestos trabajos eran «simulados o inexistentes» y su única función era otorgar una «cobertura formal» y una «apariencia de legalidad» a lo que operaba como una tarifa plana: tener a la red permanentemente activa a favor de la constructora china.
El valor real que Aldesa compraba era el acceso. El auto señala que el vértice de la organización estaba liderado por el entorno de Rodríguez Zapatero, investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Ese acceso apuntaba directamente a los organismos con mayor capacidad de adjudicación para una empresa de obra civil: la Dirección General de Carreteras y ADIF, ambos dependientes del Ministerio de Transportes.
En las agendas de los investigados, la policía judicial detectó, precisamente en 2022, el año de los 72.600 euros, anotaciones y reuniones orientadas a influir en contratos de esos organismos.
El sueldo mensual era solo la base de la relación. Para los grandes contratos, la trama cobraba comisión de éxito. El auto recoge que el 1 de abril de 2022, a través de otra mercantil —Idella Consulenza Strategica—, se firmó un contrato con Aldesa para conseguirle una posición en el macroproyecto Hard Rock de Tarragona, un complejo de ocio valorado en 2.000 millones de euros.
El acuerdo original fijaba una comisión del 3% sobre el valor del contrato en caso de adjudicación, lo que habría supuesto 60 millones de euros. Las adendas de junio de 2022 modularon ese porcentaje, pero no la naturaleza del pacto: intermediación política a cambio de dinero.
La adjudicación nunca llegó. El bloqueo político en Cataluña frustró el proyecto. Sin embargo, el magistrado Calama imputa el delito en grado de tentativa: el mero hecho de gestionar e intermediar con cargos públicos a cambio de una retribución económica configura, a su juicio, el tipo penal, con independencia de que la operación culminara.
Aldesa, en el foco de la trama de Zapatero
El caso retrata una anomalía de fondo que va más allá de los nombres propios. Una constructora controlada por el Estado chino, un gigante con músculo financiero suficiente para presentar ofertas agresivas en cualquier licitación europea, recurría en paralelo a consultoras ficticias sin un solo empleado para moverse por los pasillos del poder en Madrid y negociar comisiones millonarias en Cataluña.
Aldesa afronta ahora una situación de máxima exposición judicial. Sus movimientos contables han quedado al descubierto gracias al trabajo de la UDEF. Su nombre figura en un auto de la Audiencia Nacional que documenta con precisión cómo sus pagos mensuales financiaban una red de influencias con tentáculos en los más altos niveles de la administración central.
Y sus contratos pasados, presentes y futuros quedan inevitablemente teñidos por la sombra de una investigación que acaba de empezar a desplegar su alcance real.
La exclusión de la Línea 11 del Metro, resuelta por técnicos de la Comunidad de Madrid aplicando criterios objetivos, pasa ahora a ser una anécdota menor en el expediente de una empresa cuya verdadera apuesta para ganar obra pública, según el juez, no era mejorar sus ofertas. Era pagar para que otros allanaran el camino.
