Banca, energía e inmobiliario, los sectores más tensionados con el nuevo Gobierno

La banca, la energía y el inmobiliario son los sectores de la economía española más tensionados, a priori, por el nuevo Gobierno liderado por Pedro Sánchez.

Desde que en julio de 2022 el Presidente del Gobierno diera un golpe de efecto en el Congreso anunciando los ‘impuestazos’ a la banca y a las compañías energéticas, las empresas de estos sectores han estado bajo el foco.

Las inmobiliarias y los fondos de inversión especializados en este negocio, también han estado señaladas por el Ejecutivo de Sánchez, afectadas por la Ley de Vivienda que aprobó el Gobierno justo antes de convocar elecciones.

En general, el sector privado teme una mayor intervención del sector público, y un incremento de la presión fiscal. Pero son bancos, energéticas e inmobiliarias los sectores más señalados por el Gobierno y sus socios en intervenciones cargadas de demagogia.

Dada la composición del nuevo Ejecutivo y las necesidades presupuestarias que afronta, analistas y expertos del sector auguran una fuerte presión sobre los sectores apuntados.

La posibilidad de que se amplíe el periodo de aplicación de los impuestos a la banca y las energéticas, que debería expirar el próximo año, es contemplado por todas las empresas de ambos sectores.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, ya advirtió en agosto que la extensión del gravamen a las entidades financieras está sobre la mesa. Calviño indicó que, mientras los bancos logren beneficios extraordinarios, la ampliación del conocido como ‘impuestazo’ es una opción que habrá que considerar.

El acuerdo de Gobierno alcanzado entre PSOE y Sumar a finales del pasado mes de octubre declara la intención de revisar los impuestos a la banca y las empresas energéticas «con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar».

La vicepresidenta Yolanda Díaz anunció que el endurecimiento del Impuesto de Sociedades elevará la recaudación en 10.000 millones de euros. La líder de Sumar ha sido especialmente beligerante con la banca, afirmando que sus beneficios «abruman» y que estos se están produciendo «de manera profundamente injusta».

La fuerza que puedan tener PNV y Junts en las negociaciones con el PSOE en materia económica y cesiones, podrían servir de contención a la aplicación de medidas contrarias a los intereses de BBVA, Iberdrola, Naturgy, CaixaBank y Sabadell, que tienen sus sedes o orígenes en País Vasco y Cataluña.

Isabel Rodríguez, vivienda

El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a recuperar el Ministerio de Vivienda, colocando al frente a la hasta ahora ministra de Política Territorial y Portavoz, Isabel Rodríguez.

El Ministerio de Vivienda fue ya recuperado en 2004 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, quien lo eliminó seis años después, en pleno estallido de la crisis inmobiliaria, financiera y económica.

Ahora, la nueva Ministra de Vivienda afronta el reto de desarrollar aspectos pendientes de la Ley de Vivienda, aprobada por el Congreso el pasado mes de abril. A pesar de que buena parte de las competencias en vivienda están transferidas a las Comunidades Autónomas, las grandes inmobiliarias y los fondos de inversión especializados en el sector temen una legislación contraria a sus intereses.

El índice de referencia para limitar los alquileres en zonas tensionadas es una de las medidas pendientes por armonizar, criticada duramente por todas las asociaciones empresariales inmobiliarias.

Isabel Rodríguez también tendrá que ejecutar muchas de las promesas electorales sobre vivienda lanzadas por Pedro Sánchez durante la pasada campaña electoral, en la que anunció decenas de miles de viviendas con alquileres asequibles para jóvenes y colectivos más necesitados, aunque sin concretar como lo haría.

S&P advierte sobre los Presupuestos

La agencia de calificación S&P, una de las mayores del mundo junto a Moody’s y Fitch, distribuyó el lunes un breve análisis sobre la formación del nuevo Gobierno en España.

«La heterogénea composición del apoyo parlamentario al Gobierno significa que cualquiera de los partidos de la coalición, incluidos los pequeños, podría bloquear la aprobación de leyes, incluso sobre políticas para garantizar que la relación entre el PIB y la deuda disminuya», señaló la agencia.

La primera prioridad del nuevo Gobierno, considera S&P, «será aprobar el Presupuesto de 2024«. Esto supondrá, añade, «tomar decisiones difíciles sobre cómo eliminar gradualmente el costoso apoyo fiscal anticrisis que se introdujo en 2022, cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania».

El Gobierno ya presentó, en octubre, un plan presupuestario para el próximo año a la Comisión Europea, pero este «carecía de la autoridad legal para finalizar la legislación presupuestaria». S&P destaca también en su análisis que el Gobierno «optó por revaluar las pensiones de acuerdo con la inflación, lo que será costoso«.

«En nuestra opinión», concluye la agencia de calificación, «el apoyo parlamentario fragmentado al nuevo Gobierno podría limitar su capacidad de gobernar de manera efectiva y oportuna, y de abordar los problemas económicos de más largo plazo» como la consolidación presupuestaria o el «elevado desempleo».