El Supremo abre la veda judicial contra la gestión de Currás en Dia

El alto tribunal rechaza las alegaciones de los supermercados contra una multa de 7 millones de euros por prácticas abusivas con proveedores y compartir información confidencial

Foto de los supermercados DIA.

Recibe nuestra newsletter diaria

O síguenos en nuestro  canal de Whatsapp

Tras años de visitas a los tribunales, en 2022 deberían llegar las primeras sentencias que evalúen la gestión de Ricardo Currás al frente de Dia. El antiguo consejero delegado ha tenido una suerte desigual en los distintos procedimientos abiertos. Y aunque los supermercados ya han tenido que pagar una multa de 6,8 millones de euros, espera que los procesos abiertos contra la manipulación contable tengan un resultado favorable para sus intereses. 

En total, la compañía se juega hasta 17 millones de euros en los distintos casos que tiene judicializados. Sabe seguro que va a tener que pagar los 6,8 millones de euros que le reclamaba el Ministerio de Agricultura por prácticas abusivas con proveedores y revelación de información confidencial en la creación en 2015 de una central de compras junto con Eroski

El Tribunal Supremo confirmó el pasado 20 de diciembre las irregularidades y desestimó el recurso de Dia, que venía litigando la sanción desde que en 2016 la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) le abrió un expediente. 

La razón: Dia compartió información confidencial de los precios fijados por proveedores como Coca-Cola, Pepsi y Campofrio así como la exigencia de pagos complementarios sobre el precio original del contrato. De este modo, el ministerio que hoy dirige Luis Planas le interpuso 88 multas de 80.000 euros cada una.  

La moneda salió cruz para Dia en este caso. Queda por ver como avanzarán los procedimientos que juzgan las irregularidades contables existentes en las cuentas de 2016 y 2017. El que va por la vía penal podría llegar a costar 3,33 millones de euros a los supermercados y el que camina por la vía civil la reclamación alcanza los 110.605 euros. Y en ambos ha habido novedades a lo largo de las últimas semanas.

En el procedimiento penal, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional advirtió que no encontraba indicios suficientes para sentar en el banquillo de los acusados a Currás, a Amando Sánchez Falcón, su número dos; a Antonio Coto, primer ejecutivo de Dia Latinoamérica y posteriormente consejero delegado; y a Antonio Arnanz, exdirector financiero. Devolvió la causa a al juzgado.

Sin embargo, el magistrado Manuel García Castellón, titular del juzgado de instrucción número seis de la Audiencia Nacional ha optado por «retrotraer la actuaciones hasta el momento del dictado del auto de fecha 26 de febrero de 2021 por este Juzgado Central», avanzó Vozpópuli.

Pero la firma hoy controlada por Mikhail Fridman también tiene un frente abierto por la vía civil en la Audiencia Provincial de Madrid por la demanda interpuesta por un inversor que reclama 110.605 euros.

Como ya explicó Economía Digital, el procedimiento escaló después de que el juzgado de primera instancia número 1 de Majadahonda desestimase las demandas del afectado al asegurar que en el momento de adquirir parte de sus acciones, entre diciembre de 2017 y agosto, el accionista ya “podía conocer que la situación de la demandada no era la mejor”.

Dia también sufre en Argentina 

El tercer regalo que dejó Currás está en Argentina. En diciembre de 2018, la autoridad de Seguridad Social del país presentó una reclamación contra la filial de los supermercados en el territorio y varios de sus directivos por una “presunta evasión fiscal” con los pagos al fisco. El organismo cuestionaba que los franquiciados pudieran ser empleadores por la falta de solvencia de la empresa. 

Según la institución, los franquiciados de Dia eran realmente empleados de la sociedad. Sus deudas por ello debían poder reclamarse a Dia Argentina SA. Así, la autoridad reclama hasta 7,1 millones de euros, de los cuales el fiscal ya ordenó retraer 4,1 millones. Para los tres millones restantes, Dia pidió adherirse a la amnistía fiscal existente en el país en diciembre de 2020, aunque todavía no fue aceptada. De serlo, la deuda podría bajar hasta los 1,5 millones de euros. 

Además, la filial y su antigua cúpula tienen también abierta una causa penal, que todavía no citó ni a la empresa ni a sus franquiciados o exdirectivos. 

Carles Huguet

Recibe nuestra newsletter diaria

O síguenos en nuestro  canal de Whatsapp