Un fallo en los pliegos obliga a Patrimonio Nacional a anular un macroconcurso

La gestión de la seguridad privada en el ámbito público vuelve a situarse en el centro del debate tras la decisión de Patrimonio Nacional de anular un macroconcurso de vigilancia valorado en más de 31,4 millones de euros. El organismo, dependiente del Ministerio de la Presidencia, ha optado por desistir del procedimiento tras detectar errores en la configuración económica del contrato, apenas semanas después de que fuera impugnado por representantes del sector.

Contrato millonario en entredicho

El contrato contemplaba la prestación de servicios de seguridad privada en una decena de enclaves de alto valor histórico y cultural durante un periodo de hasta 36 meses. Sin embargo, el proceso quedó en entredicho tras un recurso presentado por la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO (FTSP-USO), que denunciaba irregularidades en los pliegos, especialmente en lo relativo a los costes laborales contemplados.

Precios insuficientes y riesgo laboral

Según el sindicato, los precios fijados por hora eran insuficientes para cubrir los costes reales del servicio, poniendo en riesgo tanto la viabilidad económica de las empresas adjudicatarias como las condiciones laborales de los trabajadores. Además, alertaban de que el peso asignado a los salarios dentro del presupuesto estaba por debajo de los estándares habituales del sector de la seguridad privada.

Reconocimiento de deficiencias por Patrimonio Nacional

Patrimonio Nacional ha reconocido finalmente estas deficiencias. En concreto, el organismo admite que los cálculos económicos no incluían la actualización salarial derivada del convenio colectivo vigente, un elemento clave para garantizar que los contratos públicos reflejen adecuadamente los costes reales. Esta omisión no solo comprometía la ejecución del servicio, sino que podría haber generado conflictos durante la vigencia del contrato.

Retrasos en la adjudicación y medidas correctivas

La anulación del concurso supone un nuevo retraso en la adjudicación de un servicio considerado estratégico. La vigilancia de palacios, monasterios y otras instalaciones gestionadas por Patrimonio Nacional requiere altos estándares de seguridad privada, tanto por el valor patrimonial de los bienes como por la afluencia de visitantes. La paralización del proceso obliga ahora a prorrogar o reconfigurar los servicios existentes hasta que se publique una nueva licitación.

Desde el organismo aseguran que ya trabajan en la redacción de nuevos pliegos que incorporen parámetros económicos ajustados a la normativa vigente. El objetivo es evitar errores que puedan dar lugar a nuevas impugnaciones y garantizar un equilibrio entre eficiencia presupuestaria y condiciones laborales dignas.

Antecedentes de problemas en la contratación pública

Este episodio no es aislado. Ya en 2018, Patrimonio Nacional tuvo que anular otro concurso de seguridad privada tras detectarse irregularidades en los criterios de adjudicación, en aquel caso relacionadas con el peso excesivo del precio frente a factores cualitativos. La repetición de situaciones similares evidencia problemas estructurales en la contratación pública de servicios de vigilancia.

Expertos del sector señalan que la seguridad privada en España se enfrenta a un desafío recurrente: la presión a la baja en los precios de los contratos públicos. Esta tendencia, impulsada en ocasiones por criterios centrados en el coste, puede derivar en presupuestos que no reflejan la realidad del mercado laboral ni las exigencias operativas del servicio.

En este contexto, los sindicatos han intensificado su vigilancia sobre los procesos de contratación. El recurso presentado por FTSP-USO ha sido determinante para evidenciar las deficiencias del concurso y forzar su revisión. Desde la organización consideran que este tipo de actuaciones son necesarias para evitar prácticas que perjudiquen tanto a trabajadores como a empresas.

Hacia unos pliegos más rigurosos

La anulación del macroconcurso abre ahora una nueva fase en la que Patrimonio Nacional deberá replantear su estrategia de contratación en materia de seguridad privada. El reto pasa por diseñar pliegos más rigurosos, transparentes y ajustados a la normativa, que garanticen la sostenibilidad económica de los contratos y la calidad del servicio.

Mientras tanto, el sector observa con atención la evolución del caso. La resolución no solo afecta a un contrato concreto, sino que reabre el debate sobre el modelo de contratación pública en la seguridad privada, un ámbito clave para la protección de infraestructuras críticas y del patrimonio histórico del país.